En mitad de una semana decisiva a nivel judicial para el Gobierno, hay una Reforma Penal que justamente se aborda estos días: la despenalización de las injurias a la Corona, el Ejército, la Policía y los Tribunales.
Esta iniciativa, liderada por el PSOE y SUMAR, de salir adelante supondría la derogación del apartado 3 del artículo 490, por las que se contemplan “penas de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves”, contra el Rey, la Reina o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, así como la derogación íntegra del 491, que afecta a quienes utilicen imágenes del Rey o de la Reina para dañar su prestigio. Es decir, si se repitiera un caso como el que una agencia de contactos utilizara la imagen de la Reina Sofía para una campaña publicitaria, la Corona ya no contaría con la protección especial de la supresión del régimen penal agravado. En caso de que esta iniciativa prosperara, se quitarían los conceptos de injurias y calumnias, dejando solo el de amenazas graves.
Según el artículo 504 del Código Penal, en la actualmente hay una multa de 12 a 18 meses de prisión a quienes calumnien gravemente a la al Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia o los Ejércitos, así como al Gobierno.
Según la argumentación para defender la reforma, se busca reforzar la libertad de expresión, y adecuar la legislación a la evolución de la jurisprudencia constitucional y europea. Una medida que, por el contrario, puede tener la paradoja de que este mismo año el Gobierno ha lanzado la plataforma HODIO para “medir” el discurso de odio en las redes sociales.
¿Por qué retomar ahora una medida que registró SUMAR y que lleva paralizada en el Tribunal de Justicia desde 2023? “La libertad de expresión debe tener la mayor de las garantías y las normas para protegerlas son bienvenidas”, afirma el analista político Alberto Fernández. Pero el momento y el trasfondo político evidencian que el PSOE y SUMAR siempre están con la calculadora cada vez que toman una decisión.
Según el analista, “Por una parte, es evidente que se envía un mensaje político de que no se quiere mantener esa defensa especial o defensa reforzada de estas instituciones que muchas veces han sido ya objeto de crítica por parte de la izquierda”, asegura. “Por otra parte, llama mucho la atención también que se produzca en un momento de especial tensión en la política en general, en la que la polarización y el desencuentro predominan las relaciones entre los partidos políticos, especialmente entre el PP y el PSOE”.
Oportunismo político
Dar rienda suelta a los agravios a la Justicia en un momento en que el Tribunal Supremo ultima el fallo del caso Koldo, o que se espera la comparecencia del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, este miércoles en la Audiencia Nacional, el oportunismo político entra en juego para los expertos. “En estos momentos en los que se critica absolutamente todo, a menudo con brocha gorda, y en los que se está normalizando la falta de respeto o, directamente, el insulto, precisamente todo lo que sea dar rienda suelta a este tipo de conductas pueden ser una incitación más que una protección“, afirma Fernández.
Allende Martín, consultora y analista política, y CEO de CampoLider, apuesta por “el desvío de atención” ante una “semana de vértigo judicial ante las citaciones que afectan al Ejecutivo, y además añade una segunda razón: “Reforzar el acuerdo entre PSOE y Sumar y mantener el apoyo parlamentario de los socios de investidura, incluso de Junts”.
Zarzuela no entra a valorar la reforma
Como cabe esperar en una Monarquía constitucional, la Casa Real no ha entrado a valorar esta posible despenalización, como no hace ante ninguna iniciativa legislativa, sea del Gobierno o de los grupos parlamentarios. Lo que sí ha podido saber este medio es que previamente a que PSOE y SUMAR acordaran reactivar esta iniciativa se informó a la Corona.
Los pasos a seguir para que la reforma salga adelante
Este martes termina el plazo para que se presenten las enmiendas al texto en la Cámara Baja. Después, se tratará de sacar adelante la propuesta de ley, para lo que se necesita que Bildu, Junts, ERC y PNV lo aprueben para obtener la mayoría absoluta.
Los casos en que la Corona presentó demandas por injurias
Existen precedentes en los que la Corona ha acudido a los tribunales. En 2012, la plataforma de citas Ashley Madison, dirigida a personas insatisfechas con su vida sentimental, lanzó una controvertida campaña publicitaria en la que utilizaba la imagen de la Reina Sofía. En el anuncio, la madre de Felipe VI aparecía desnuda, sonriente y acompañada de un joven, bajo el lema: “Ya no tienes que pasar la noche sola”. La difusión de esta pieza provocó una rápida reacción y el caso fue llevado ante el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid.
Finalmente, el conflicto se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial. La empresa emitió una disculpa pública dirigida a la madre de Felipe VI a través de distintos medios de comunicación. Asimismo, reconoció que había empleado su imagen sin autorización y en un contexto considerado inapropiado para su trayectoria personal e institucional, comprometiéndose además a no volver a utilizarla.
En 2007, la Audiencia Nacional condenó a dos dibujantes de la revista El Jueves a pagar una multa de 3.000 euros cada uno por un delito de injurias a la Corona. La sanción se derivó de una caricatura en su portada que mostraba a los entonces Príncipes de Asturias teniendo relaciones sexuales. El caso marcó un importante debate sobre los límites de la libertad de expresión en el país. El juez ordenó el secuestro de la edición y la prohibición de su venta, aplicando el artículo 491 del Código Penal que castiga el uso no autorizado de la imagen de miembros de la Familia Real.