A las instituciones se les exige auctoritas, la única forma de conseguir que el pueblo confíe en ellas. Así lo entendió la Corona ante los casos más sangrantes bajo reinado del Rey Juan Carlos: el caso Nóos, y los de irregularidad fiscal del ex Jefe del Estado. La Infanta Cristina fue despojada de su título de duquesa de Palma, y el Rey Juan Carlos se marchó de España al exilio en Abu Dabi, fue apartado de la actividad institucional de la Corona y dejó de recibir una asignación por parte de los Presupuestos Generales del Estado.
La situación actual de corrupción que asola al PSOE y al Gobierno dificulta no hacer paralelismos. Ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vs. Ex Jefe del Estado, Don Juan Carlos, e Infanta Cristina vs. mujer del presidente del Ejecutivo, Begoña Gómez.
Prescripción de delitos
En una entrevista en eldiario.es, el ex ministro de Industria y Turismo de España, Miguel Sebastián, no ha dudado en informar que el Falcon no sólo sirve para transportar autoridades y realizar misiones trascendentes, como que el Papa León XIV llegue sano y salvo a Roma, sino también para transportar joyas no declaradas. Así, el ex ministro bajo Gobierno de Zapatero ha afirmado que su entonces jefe pudo utilizar ese sistema de transporte en su ajuar valorado en 1,3 millones de euros inicialmente, como él mismo hiciera 20 años atrás al recibir su comisión por parte de las autoridades saudíes tras participar en una reunión de ministros de Energía. Sebastián, además, ha señalado que Zapatero podrá utilizar en su defensa la prescripción del delito. Y así, todo resuelto, a su juicio.
Parece que la memoria es selectiva, ya que, tanto por parte del mismo ex presidente Zapatero, como del Gobierno actual presidido por Pedro Sánchez, como por distintos miembros del PSOE, se ha criticado duramente al Rey Juan Carlos por haber recibido regalos de jeques árabes, hasta el punto de no publicar ninguna foto del padre de Felipe VI -ni de la Reina Sofía- en una exposición con motivo de la Constitución del 78, pese a que el Rey Juan Carlos la propiciara y sancionara.
Tanto al Gobierno como al PSOE no les pareció suficiente que el Tribunal Supremo prescribiera los 65 millones de euros ingresados en 2008 en la Fundación Lucum (cuenta panameña cuyo titular real sería Juan Carlos I), supuestamente procedentes del rey de Arabia Saudí como pago por intermediar en la adjudicación del AVE Medina-La Meca a un consorcio de empresas españolas. Una actitud por parte del Gobierno socialista muy diferente de la marcada hacia Zapatero, ya que el Ejecutivo no sólo no ha instado a a la misma ejemplaridad, sino que ha cerrado filas en torno al ex presidente, ha manifestado en reiteradas ocasiones su total confianza en su inocencia y solicitado respeto por la presunción de inocencia.
“Respeto por la independencia de la acción judicial”
Desde que se destapara el Caso Nóos en 2010, proceso judicial que terminó con la Infanta Cristina imputada y su marido, Iñaki Urdangarin, en prisión, es difícil contabilizar las veces en que desde el equipo de comunicación de la Casa se transmitía la siguiente frase: “Respeto por la independencia del poder Judicial”. La hermana de Don Felipe fue imputada por supuestos delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal, pero finalmente resultó absuelta. Aún así, Felipe VI, al año de llegar al Trono, revocó el título de duquesa de Palma al matrimonio Urdangarin por su comportamiento no ejemplar y la apartó de la actividad oficial de la Corona.
Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, se ha sentado por quinta vez este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado, que le imputa cuatro delitos de corrupción: tráfico de influencias, apropiación indebida, malversación de caudales públicos y corrupción entre particulares, relacionados con una cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y con el presunto uso privado de su asistente en Moncloa.
El 24 de abril de 2024, tras conocerse la decisión del juez Peinado de imputar a la mujer del presidente, el líder del Ejecutivo se tomó cinco días de reflexión, tras los que, además de presentarse como un “hombre profundamente enamorado”, afirmó ser víctima de lawfare. El juez Pedraz investiga si, precisamente en esos cinco días, se fraguó la estructura de la trama para influir en las causas judiciales que afectaban al presidente.