Sánchez afronta un calvario judicial en septiembre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia curso político marcado por una agenda judicial plagada de citas clave. Tras la sentencia al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, la de su hermano David Sánchez por prevaricación y la del caso mascarillas que condenó al que fue su ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años de prisión por malversación, tráfico de influencias, cohecho y organización criminal, el calendario judicial tampoco le será benévolo. Y es que la agenda 2026-2027 va a ser más apretada si cabe.

Caso Leire Díez

El curso estará marcada por la instrucción del juez Santiago Pedraz en torno a las cloacas de Leire Díez. El juez sitúa a Santos Cerdán como líder, pero también implica a otros cargos socialistas como el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano. Sobre esta causa sobrevuela la imputación del PSOE como persona jurídica por haber sufragado la cloaca para desestabilizar causas judiciales. Algo que se decidirá tras la declaración de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, el próximo 9 de septiembre, y un nuevo informe de la UCO sobre la información bancaria de las cuentas del partido.

En la misma causa también se investiga el amaño de 133 millones de euros de contratación pública a través de la SEPI. Estas operaciones también estarían lideradas por Santos Cerdán y contaría con la intermediación de Leire Díez; el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso, socio de Cerdán. En total se calcula que se llevaron 750.000 euros en mordidas ilegales.

Caso Zapatero

La causa del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es uno de los casos más peliagudos. El 7 y 8 de septiembre declaran los directivos de Plus Ultra, la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno para supuestamente evitar su quiebra tras el parón de la pandemia. Se sospecha que Zapatero intermedió para catalizar la concesión de la ayuda y a cambio los directivos de Plus Ultra le pagaron una comisión del 1%. También a su amigo Julio Martínez Martínez, quien habría actuado en la sombra.

Estas declaraciones son clave porque los directivos de la compañía han enviado escritos al juez José Luis Calama reconociendo los hechos. También lo ha hecho Martínez Martínez, que ratificó en su declaración los hechos que incriminaban al expresidente.

Además, los hallazgos de la investigación sitúan otra posible comisión ilícita de 200.000 euros de una empresa a la que ayudó intermediando con el Gobierno de Bolivia. Y también se tendrá que enfrentar a otros dos posibles delitos por no haber declarado nunca unas joyas que escondía en su despacho valoradas en 1,3 millones de euros cuyo origen es desconocido.

Por último, la causa tiene que fijar fecha para que las hijas de Zapatero y su secretaria declaren como investigadas. El juez sospecha que las utilizó para canalizar las mordidas. Asimismo, está a la espera de un informe de la UDEF sobre las cuentas bancarias que el juez ha dado orden de analizar.

Caso Koldo

Por otro lado, el juez Ismael Moreno también continúa con los flecos de la investigación del caso Koldo. Aunque la parte gruesa ya se haya juzgado en el Tribunal Supremo, el magistrado tiene que terminar la investigación del resto de imputados como la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; el ex director de Carreteras, Javier Herrero; o la ex pareja de Ábalos, Jessica Rodríguez; además de los demás empresarios corruptores.

Esta causa cuenta con dos piezas separadas. Una es la que investiga a Santos Cerdán por amañar contratos públicos dedicados a obras a cambio de comisiones. En el foco de los investigadores están cinco obras valoradas en 500 millones de euros que se adjudicaron a Acciona. En teoría, habrían canalizado las mordidas a través de Servinabar, una compañía sobre la cual Cerdán tendría el poder, pero que manejaba su amigo Antxon Alonso. De hecho, el último informe patrimonial de la UCO encontró en las cuentas del ex secretario de Organización un beneficio de 323.178 euros obtenidos a través de esta empresa.

La otra pieza separada tiene que ver con una posible imputación del PSOE como persona jurídica por financiación ilegal. Esta causa está secreta y estaría investigando unos descuadres en la contabilidad del PSOE ya que los pagos en efectivo que reflejan sus cuentas presentan disonancias con las conversaciones incautadas a Koldo García, que decía que iba a recoger dinero que no está reflejado en las cuentas del partido. Además, esta causa aglutina la declaración de la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del partido en la calle Ferraz, así como la declaración de Víctor de Aldama, que asegura que tiene pruebas de financiación ilegal de la Internacional Socialista con petróleo venezolano.

Caso Begoña Gómez

Por último, el juez Juan Carlos Peinado cerrará definitivamente la instrucción contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Tiene que hacerlo antes del 27 de septiembre, fecha de su jubilación. Después, la Audiencia Provincial fijará fecha para un juicio con jurado popular en el que la mujer del presidente o y su asesora en el Palacio de La Moncloa, Cristina Álvarez, serán juzgadas por tráfico de influencias y malversación.