Los trabajos de fontanería no salieron gratis al PSOE. El auto del juez Santiago Pedraz describe el flujo de los pagos a los integrantes de la organización. Según indica el magistrado: “La propia estructura del partido desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones o soportó el coste de la logística de algunos de sus miembros”, reza el auto.
La trama estaba liderada por Santos Cerdán, coordinada por Leire Díez y en ella participaron el empresario Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías, el ex abogado de Koldo García, Ismael Oliver y el actual abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo.
El objetivo era desestabilizar causas judiciales que afectaran al PSOE y al Gobierno. Comenzaron a operar tras la apertura de la investigación judicial contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, marcando la carta a la ciudadanía de Sánchez “un punto de inflexión”.
Era abril de 2024 y la trama celebraba que Sánchez estuviera actuando en son de sus recomendaciones: “El presidente del Gobierno se está refiriendo a todo lo que estamos haciendo”, exponía Leire Díez a Vicente Fernández su amigo, expresidente de la SEPI y colaborador con la trama.
Ya en mayo, el juez Pedraz reseña conversaciones en las que se habla de pagos del PSOE a Leire Díez. ¿Estoy pensando que lo que me quiere pagar Santos lo podría hacer a través de Andalukadi directamente no?”, le planteaba a Fernández. Y añadía: “No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar”. Finalmente ingresó cuatro veces 4.000 euros a través de una sociedad llamada Zaño.
Cuando dejaron de producirse esos pagos le manifestó Fernández a Leire: “Tendrás que hablar con Santi también porque es tu jefe en última instancia”. Tras ello, iniciaron una segunda vía para canalizar los pagos a través del abogado Ismael Oliver, ex abogado de Koldo García.
El auto recoge que falsearon una nota de encargo suscrita por Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE y, de esta forma, abonó a Estudio Jurídico Oliver 27.225 euros. A continuación, abonó esta cantidad a Leire Díez a través de otra sociedad del letrado. Algo que quedó constatado en conversaciones: “Voy a darle una vuelta pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen te parece?”, evidenciando la necesidad de borrar el rastro y la relación del dinero entre el PSOE y la fontanera.
También a la periodista Patricia López asociada a Leire Díez y Pérez Dolset le pagaron 20.000 euros. Esta vez se hizo simulando una campaña de marketing de la que se encargó el entonces director de comunicación del PSOE Ion Antolín.
Sin duda la cantidad reseñada más grande es a Jacobo Teijelo, actual abogado de Santos Cerdán, y también defensa de imputados en el caso de hidrocarburos. En la causa del fraude del fuel está imputado Víctor de Aldama y toca de cerca al PSOE por la intermediación de los empresarios en el Gobierno para conseguir licencias. Es por ello, que Teijelo pretendía archivar dicha causa ocasionando un efecto dominó en el caso Koldo: “Hay una nulidad de actuaciones que se podría trasladar hasta la causa de Koldo”, decía en una conversación.
Por esta colaboración ordenada por Cerdán, Teijelo recibió 125.000 euros provenientes del PSOE habiendo quedado los pagos amparados “por un soporte documental aparente y una facturación falaz cuya confección no hubiera resultado posible sin la confección de una nota de encargo que es tramitada por Leire a través de Cerdán y rubricada por Ana María Fuentes”, explica el auto. Posteriormente, Teijelo se presentó como defensa de Santos Cerdán en la causa en la que está imputado.
Los ofrecimientos
La trama cobraba, pero también se presentaba en nombre del PSOE ante los interlocutores que querían condicionar como el fiscal Pepe Grinda, el fiscal Ignacio Stampa o Carmen Pano, empresaria imputada en el caso de los hidrocarburos que dijo haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz.
A Grinda le llegaron a ofrecer 300.000 euros por archivar casos con el pretexto de que “han sido fruto o consecuencia de actuaciones abusivas”. Por su parte, se plantearon ofrecer a Pano 50.000 euros para comprar su silencio y dejara de verter acusaciones sobre financiación ilegal del PSOE. En esta maniobra participó el ex abogado de Koldo García, Ismael Oliver: “Esta se vende debemos saber comprar”, decía Leire Díez a Oliver en referencia a que creían que iba a ser fácil manipular a la empresaria.
Por todo ello, el juez Santiago Pedraz ordenó un extenso requerimiento a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Los agentes de la UCO estuvieron en las dependencias casi 12 horas recabando documentación para dilucidar el alcance de los pagos de la trama.
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