El Gobierno mantiene abiertos dos frentes de fuego cruzado que monopolizan la agenda informativa estos días. El primero, con sus aliados parlamentarios, después de que el PNV y Podemos se abonasen a la teoría de que Pedro Sánchez podría estar siendo chantajeado por Marruecos con información extraída de su teléfono móvil, sustraída por el software espía Pegasus en 2021.
El otro, el que le enfrenta con el poder judicial por la resolución del Tribunal Supremo sobre la llamada ley de nietos -ley de memoria democrática-, ha ido escalando esta semana hasta alcanzar nuevas cotas este martes.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha abroncado a los socios parlamentarios que dan pábulo a esta teoría, hasta ahora avivada casi en exclusiva por PP y Vox. A última hora del lunes, en una entrevista en El Intermedio (La Sexta), el propio Sánchez negó que Rabat se haya servido de esta fuga de información para condicionar las posiciones del Ejecutivo -no se ha demostrado que Marruecos estuviera detrás-. “En absoluto”, zanjó.
“Quien ha decidido albergar teorías conspiranoicas”, advirtió Saiz, debe saber que “no ayuda en modo alguno a Ceuta”. “No es lo deseable”, es una “auténtica irresponsabilidad”, apostilló. Y exigió a los partidos -especialmente a los que han tenido responsabilidades de gobierno- “rigor, responsabilidad, prudencia y adecuarse a los hechos y la realidad”-.
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que son los propios jueces quienes “están poniendo en cuestión la propia imparcialidad del Poder Judicial”. Preguntado por la decisión del Alto Tribunal de suspender cautelarmente el derecho a voto de los nacionalizados en el extranjero en aplicación de la ley de memoria democrática, Puente ha avalado las palabras del también ministro Óscar López, sobre la existencia de jueces actuando como “lobos solitarios” para “derrocar al Ejecutivo”.
“Lo que estamos viviendo no nos conduce a pensar que algunas decisiones que está tomando la Justicia de este país son imparciales y no quiere inmiscuirse en la política”, apostilló. A su lado, Saiz y el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuestionaban el fallo con distintas palabras, pero en un sentido similar, evidenciando el monumental enfado que albergan en el Gobierno ante la resolución del Tribunal Supremo.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.