El Gobierno ve naufragar cinco reales decretos en siete meses

Era la crónica de una derrota anunciada. El Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos vio estrellarse su primer real decreto ley en septiembre de 2020. Exactamente nueve meses y 2 días después de la segunda investidura de Pedro Sánchez. El Congreso de los Diputados tumbó la convalidación de la norma que permitía a los ayuntamientos ceder de forma voluntaria sus remanentes de tesorería a la Administración General del Estado (AGE).

Fue la primera gran derrota de la legislatura, un varapalo a la figura política de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hasta ese pleno podían contarse con los dedos de una mano los fracasos en convalidaciones de reales decretos leyes, iniciativas aprobadas por los respectivos gobiernos en Consejo de Ministros, trasladadas al Boletín Oficial del Estado (BOE) de inmediato, y sometidas a la convalidación de la Cámara Baja en un plazo de 30 días hábiles.

El actual Ejecutivo PSOE-Sumar recuerda con nostalgia esos tiempos, en los que no se encontraba en “minoría parlamentaria”, en palabras de Pedro Sánchez. En tres años de legislatura, el presidente del Gobierno ha asistido al naufragio de 10 reales decretos leyes.

De hecho, el semestre político que acaba de terminar ha marcado récords, en lo bueno y en lo malo: la Cámara Baja ha rechazado convalidar cinco reales decretos leyes, cinco normas que ya estaban en el BOE, pero que apenas han permanecido en vigor unas semanas. Entre estos decretos se encuentra el ya habitual ómnibus aprobado a finales de año en Consejo de Ministros, y sometido a la convalidación del Congreso en enero. Y otros como el que prorrogaba los contratos de alquiler de vivienda que expiraban en 2026 y 2027, naufragado en abril.

Con todo, el Ejecutivo sí ha logrado la convalidación de 20 decretos entre enero y julio de este año, más del doble de los que consiguió blindar en el BOE en el mismo periodo de sesiones en 2025 (8), y la mitad del total de decretos aprobados en los dos años y medio previos. También ha engordado la cifra total de normas, entre leyes orgánicas, ordinarias y reales decretos leyes, aprobadas desde el arranque de la legislatura.

Algo más de tres años después de las elecciones generales del 23-J, Sánchez celebra haber logrado luz verde para un total de 74 iniciativas con rango de ley. Entre septiembre y diciembre (Junts anunció su ruptura con el Ejecutivo en noviembre), apenas fueron seis las normas trasladadas al BOE. Pero desde enero, y a pesar de las tres convocatorias electorales autonómicas en estos meses (en Aragón, Castilla y León y Andalucía) esta cifra se disparó hasta los 26. Es más del doble del total de iniciativas aprobado en los dos primeros años de la legislatura, 42 iniciativas con rango de ley.

Sánchez presume de haber aprobado “más de un tercio” de las normas de la legislatura entre enero y julio

Sánchez se jactó de estas cifras en su comparecencia por el cierre del curso político: “[Son] más de un tercio de todas las aprobadas en lo que va de legislatura, que en total son 74. Ésta es la realidad. La de un Gobierno que funciona. Que trabaja, día sí y día también”, presumió el 28 de julio, durante su comparecencia en rueda de prensa. No hizo alusión a las investigaciones por presunta corrupción que afectan al PSOE hasta que los medios de comunicación le trasladaron preguntas sobre estas causas.

Dos días después, en mitad de la polémica por el indulto parcial a la exdirigente de Junts Laura Borrás -condenada por corrupción-, y de la crisis migratoria en Ceuta, el ministro de Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió lo propio. Tras pasar dos días sin agenda pública, Bolaños recurrió a la red social X para sacar pecho por estas cifras.

“Los datos hablan por sí solos: en esta legislatura, el Gobierno ha aprobado 74 leyes, más que cualquier parlamento autonómico, algunos con mayorías absolutas”, escribió. Adjuntó una tabla con el número de iniciativas legislativas aprobadas por cada una de las cámaras autonómicas, con Les Corts de la Comunidad Valenciana (68) como segundo parlamento de este ránking.

Sin embargo, otro reflejo de esta debilidad parlamentaria está en que más de la mitad de las normas aprobadas esta legislatura son reales decretos leyes, iniciativas que no requieren más trámite ni debate parlamentario que la votación de convalidación. Y que, en caso de que no convenzan a los grupos parlamentarios, pueden aprobarse tal y como están, para después tramitarse en paralelo como proyectos de ley, a los que sí se pueden plantear enmiendas. Pero que no suelen concluir su tramitación.

Y, por tanto, las normas se mantienen plasmadas en el BOE tal y como las planteó inicialmente el Ejecutivo, por más que disguste a los grupos políticos. En lo que va de legislatura, según los datos del propio Bolaños, 40 de las 74 normas aprobadas por las Cortes Generales, Congreso y Senado, son precisamente reales decretos leyes.

Con todo, la comparación con el registro final del anterior Ejecutivo de coalición (2020-2023) evidencia la debilidad parlamentaria de la alianza PSOE-Sumar. En la anterior legislatura, que concluyó con el adelanto electoral del 23-J, el Gobierno aprobó 215 normas. De ellas, algo menos de la mitad, 96, eran reales decretos, en buena parte en respuesta a la pandemia de Covid-19 o al estallido de la guerra de Ucrania.

Hoy, la mayoría de normas que logran aterrizar en el BOE son decretos, teóricamente previstos para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Pese a ello, con respecto a la legislatura anterior, el Gobierno apenas ha logrado que sean realidad algo más de un tercio de las leyes que aprobaron entonces, cuando ya reconocían sus enormes dificultades parlamentarias.

Y, frente a lo ocurrido en la legislatura en curso, en la anterior sí lograron los votos necesarios para impulsar tres proyectos de ley de presupuestos (2021, 2022 y 2023). Desde el 23-J, y pese a las reiteradas promesas de intentarlo, ni siquiera han llevado nuevas cuentas públicas a la Cámara Baja.