El PSOE, a ojos de la Justicia, es una persona jurídica a la que se le puede abrir una investigación penal. Y ahora mismo hay dos piezas secretas en la Audiencia Nacional que podrían llevar a una imputación oficial a la vuelta del verano de partido de Gobierno. Una busca indicios de financiación ilegal y la otra saber si la cloaca de Leire Díez fue financiada con el dinero de la formación política.
En primer lugar, el juez Ismael Moreno instruye una pieza separada que indaga en los pagos en efectivo que ha realizado el PSOE entre 2017 y 2024. En el marco de la investigación del caso Koldo, la UCO encontró descuadres entre los datos oficiales que aportó el PSOE y las conversaciones incautadas. Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización, habría recogido más dinero del que obraba en su contabilidad.
A raíz de estos hallazgos, se abrió la pieza separada para comprobar que los imputados en la trama no estuvieran blanqueando dinero procedente de las mordidas a través de la caja del partido. A esta pieza se han ido uniendo otros indicios. Por un lado, el testimonio de la empresaria Carmen Pano, que dice haber llevado 90.000 euros en bolsas a la sede de la Calle Ferraz. Por otro, también ha declarado como testigo voluntario el empresario Víctor de Aldama, que ha aportado información sobre la supuesta financiación ilegal de la Internacional Socialista liderada por Pedro Sánchez con dinero procedente del petróleo venezolano.
Así las cosas, la causa cuenta con material diverso que apunta a una posible imputación del PSOE. La pieza está secreta desde diciembre de 2025 y fuentes del caso consultadas por Artículo14 aseguran que aún el juez “está pidiendo y analizando más información”.
La segunda causa
En segundo lugar, la otra causa sobre la que sobrevuela esa imputación del PSOE como persona jurídica es la que instruye el juez Santiago Pedraz. El magistrado indaga en las maniobras que Leire Díez habría realizado bajo órdenes de Santos Cerdán para buscar trapos sucios de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de desestabilizar causas judiciales que afectaban a Sánchez.
Pedraz ha autorizado a los agentes acceder a seis cuentas bancarias socialistas para comprobar si la cloaca se sufragó con dinero del partido. El juez quiere saber los movimientos dinerarios para aclarar si se cometieron “diversos delitos públicos relacionados con la corrupción”. Hasta 200.000 euros salieron de sus cuentas presuntamente para financiar estas operaciones ilegales.
En concreto, sigue el rastro de 43.225 euros que habrían llegado a las cuentas de Díez a través de sociedades interpuestas para borrar el rastro del origen del dinero. Además, también quiere conocer el dinero que habría llegado al despacho de Ismael Oliver, ex abogado de Koldo García. Cantidades que habrían sido destinadas a la propia Leire y a pagar los honorarios del letrado en el caso.
Por último, está bajo la lupa una nota de encargo de 125.000 euros firmada por la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, para pagar a Jacobo Teijelo, abogado que habría contribuido a estas maniobras y que acabó asumiendo la defensa de Santos Cerdán. Fuentes declarará como investigada ante Pedraz el 9 de septiembre a las 10. Su declaración será decisiva para esa eventual imputación del PSOE.
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