El Senado postergará casi un año el relevo de Pumpido y de otros tres magistrados en el Constitucional

El Tribunal Constitucional es protagonista de un episodio relevante. La corte de garantías, algo más de dos años después de que se aprobara la ley de amnistía, tomará a principios de octubre la crucial decisión en la que el Tribunal Supremo se basará para determinar si Carles Puigdemont puede regresar a España.

En este contexto, cuatro de los 12 magistrados del Constitucional que participarán en la elaboración de esa resolución cuentan con un mandato caducado desde hace nueve meses. El pasado 17 de diciembre expiró el del presidente, Cándido Conde-Pumpido, así como el de Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer y José María Macías. Este último, a diferencia de los otros tres magistrados, puede repetir y extender su mandato ya que ha estado menos de tres años en dicho cargo.

Sin embargo, el Senado, cámara encargada de esta renovación parcial, ha postergado varias veces estos relevos. La última se produjo el pasado jueves 10. Fue entonces cuando la Mesa de la Cámara Alta amplió dos meses el plazo para que todas las asambleas autonómicas presentaran sus candidaturas. Si antes finalizaba el 30 de septiembre, ahora lo hará el 30 de noviembre. Casi un año después de haberse abierto el proceso para presentar las candidaturas -el 15 de diciembre de 2025-.

Cabe recordar que la Cámara Alta, tal y como fija el artículo 159.1 de la Constitución, debe designar a los nuevos magistrados. Aunque antes de ser elegidos, cada parlamento autonómico, según recoge el precepto 184.7 del Reglamento del Senado, debe proponer hasta dos candidatos. Posteriormente serán seleccionados cuatro de esos hasta 34 nombres proporcionados por las 17 asambleas autonómicas.

El Senado se escuda ahora en que la Mesa del Parlamento de Andalucía solicitó el pasado miércoles 9 una nueva ampliación del plazo de presentación de candidaturas. Algo que también hizo en marzo debido a los comicios que se celebraron en mayo en esta región. En aquella ocasión el nuevo plazo solicitado por la Mesa del Parlamento fue “a partir” del 11 de junio, día en el que este se componía.

La cámara regional defiende que, aunque se constituyó ese 11 de junio, “la actividad normal de la legislatura no comenzó a desarrollarse hasta el presente mes de septiembre“. Y es que “con el fin de permitir que los grupos parlamentarios puedan contar con el tiempo suficiente para llegar a los acuerdos pertinentes acerca de la propuesta de candidaturas de magistrados del Tribunal Constitucional”, la Mesa del Parlamento solicitó a la del Senado dicha ampliación. Anteriormente la Cámara Alta defendió que la sucesiva convocatoria de elecciones autonómicas entre finales de 2025 y el primer semestre de 2026 imposibilitaba estas designaciones.

Elección por parte de cada Parlamento autonómico

Cada asamblea legislativa, tal y como recoge el artículo 184.7 del Reglamento del Senado, podrá presentar hasta dos candidatos. Estas propuestas van a tener que ser consensuadas por varios grupos parlamentarios en la mayoría de las regiones, pues solo en cinco de los parlamentos autonómicos existe actualmente una mayoría absoluta. Una condición necesaria para aprobar las diferentes candidaturas de los magistrados.

Y es que después de que el Senado reciba esos nombres, la Comisión de Nombramientos, tras haberse efectuado una negociación entre los grupos parlamentarios, elevará al Pleno de la Cámara una propuesta con cuatro candidatos. Aunque antes de que estos magistrados sean elegidos por, al menos, 160 senadores, deberá efectuarse una decisión política que supondrá un completo rompecabezas. Si bien el PP cuenta con una holgada mayoría en la Cámara Alta (142 miembros), no es lo suficientemente numerosa para elegir por sí misma a los cuatro magistrados. Es decir, tendrá que pactar con otros grupos.

A diferencia del Congreso de los Diputados, Vox no tiene una representación sustancial en el Senado, pues solo cuenta con cinco representantes. Por su parte, UPN cuenta con un senador. Es decir, el PP tendría que salir de su habitual zona de pacto y mirar al PSOE para elegir a los cuatro magistrados de la corte de garantías.