La Fiscalía de Madrid solicita un año de cárcel para el exalcalde de Galapagar y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de esta localidad madrileña, Alberto Gómez, por la presunta comisión de un delito de acoso laboral a la exsecretaria municipal, quien denunció haber sufrido trato vejatorio tras negarse a jubilarse.
El juicio se celebrará el próximo 9 de marzo en los juzgados de lo penal de Madrid. Además, serán juzgados otros excargos del anterior equipo municipal.
El escrito de acusación recoge que los hechos se remontan a los años 2019 y 2021, cuando la funcionaria, perteneciente a la subescala de Secretaría de clase primera, obtuvo mediante decreto de Alcaldía la prórroga de su permanencia en el servicio activo más allá de los 65 años.
Según el fiscal, los acusados -A. G. M., exalcalde-presidente; F. G. E., exprimer teniente de alcalde; R. M. E. M., exsegunda teniente de alcalde y concejala de Recursos Humanos; y A. G. A., exgerente de Servicios Generales, habrían iniciado, tras el cambio de equipo de Gobierno, “una serie de presiones, injerencias y desconsideraciones personales y profesionales con el objetivo de que la secretaria renunciara a dicha prórroga”.
En una reunión celebrada el 11 de marzo de 2021, varios de los acusados habrían solicitado directamente a la funcionaria que abandonara el puesto por superar los 65 años. Ante su negativa y su intención de continuar hasta los 70, la acusación sostiene que fue “objeto de comentarios vejatorios y degradantes, cuestionando su capacidad profesional, el contenido de sus informes y exigiendo la presencialidad de su trabajo incluso durante la pandemia de la Covid-19”.
El escrito recoge que estas actuaciones se prolongaron en el tiempo y culminaron el 9 de abril de 2021, cuando se acordó la revocación de la prórroga del servicio activo, decisión que derivó en su jubilación forzosa.
Como consecuencia de esta situación, la funcionaria sufrió una crisis de ansiedad el 15 de abril de 2021, requiriendo atención urgente y siendo diagnosticada posteriormente de trastorno adaptativo con ansiedad, vinculado, según el informe clínico, a la situación de acoso laboral vivida.
El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de acoso laboral. Además de la pena de prisión, solicita para cada uno de ellos la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.
En concepto de responsabilidad civil, se reclama que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la denunciante con 2.000 euros por daños morales.
El PP pide la dimisión
Ante estos hechos, el PP de Galapagar ha exigido la dimisión del portavoz socialista en el Ayuntamiento tras la citada apertura de juicio oral por un presunto delito de acoso laboral.
Desde el Partido Popular consideran “inadmisible” que un cargo público acusado por un supuesto caso de acoso laboral continúe ejerciendo como portavoz municipal. De este modo, reclaman al PSOE de Madrid que actúe de manera “inmediata y coherente” con sus propios estatutos.
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