El informe de la UCO sobre las actividades irregulares de los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos junto a su colaborador Koldo García no es, ni mucho menos, el final de la investigación. Al contrario, este informe —conocido en su totalidad el pasado jueves tras levantar el magistrado Leopoldo Puente el secreto de sumario— es solo el principio de una trama de que la que hay indicios sobrados para sospechar de mordidas por adjudicaciones públicas y de la que también hay pistas para temer que ha habido episodios de financiación ilegal en el PSOE.
No solo porque el comisionista Víctor De Aldama lo asegure (“A mí Koldo me decía que parte del dinero que yo entregaba iba era para el partido, para la financiación del partido, y —que yo sepa— siendo dinero B eso es financiación ilegal”), ni porque la gerente del PSOE contactara con la trama para cobrar “el impuesto”, sino porque fuentes de la investigación apuntan que en Navarra (el territorio de Cerdán) hay una enorme actividad de la trama que puede llegar a triangularse con desviaciones de dinero a la formación socialista.
Navarra, el km 0 de la trama
En Navarra, cabe recordarlo, es donde se origina esta trama de comisiones ilegales puesta en marcha por Santos Cerdán y Koldo García que acabó saltando a nivel nacional al llegar Ábalos a la titularidad del Ministerio de Transportes.
De Navarra es también el empresario Antxon Alonso, viejo amigo de Cerdán y uno de los protagonistas destacados del informe de la UCO de la Guardia Civil, puesto que una de sus empresas, Servinabar, canalizaban pagos procedentes de adjudicaciones y prestaba bienes y servicios a la trama en forma de alquileres residenciales y vehículos de alta gama.
Y de la comunidad foral es también Fernando Merino, el cual se identificaba como director del Departamento
de Navarra y La Rioja de Acciona, que mantuvo numerosas comunicaciones con Koldo y con Antxon Alonso relacionadas con obras que acabaron adjudicándose a este gigante de la construcción en colaboración (UTE) con Servinabar.
Antonio Balas en Pamplona
Y aquí, en Navarra, es donde se están centrando una parte importante de los esfuerzos de los investigadores. Agentes de la Guardia Civil están ahora en pleno proceso de analizar el material requisado en los registros de 11 domicilios y sedes sociales, así como de información bancaria de 35 cuentas financieras. Estos registros fueron ordenados por el juez el pasado 10 de junio y uno de ellos fue particularmente exhaustivo, el llevado a cabo en Servinabar, en la calle San Nicolás de Pamplona.
El propio teniente coronel Antonio Balas, el jefe de los grupos de delitos económicos y contra la administración de la UCO, fue el encargado de dirigir este registro de más de 6 horas en la sede de Servinabar.
La Fiscalía Anticorrupción va a sumarse a los esfuerzos por clarificar esta trama en la que todavía hay mucho por ver, puesto que faltan informes por llegar a manos judiciales. De todo lo que ha denunciado, por ejemplo, Aldama —que colabora con los estamos judiciales para atenuar su pena — faltan bastantes piezas por encajar para llegar a una conclusión sobre el completo alcance de las ramificaciones estructuradas por Cerdán, Ábalos y Koldo.