La Verja de Gibraltar dejará de funcionar como frontera terrestre tras la aplicación provisional del Tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido. Mientras se ultiman los preparativos para el nuevo escenario fronterizo, los guardias civiles que han trabajado durante décadas en ese punto describen una transición marcada por la “incertidumbre”. Por un lado, las dependencias del aeropuerto de Gibraltar donde deberán prestar servicio no están terminadas y llevan seis meses sin recibir instrucciones claras sobre su futuro.
Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el proceso “vulnera derechos básicos” y compromete la “operatividad” en una de las zonas más presionadas por el narcotráfico y por un entorno económico que funciona, según diversas fuentes, como una especie de paraíso fiscal blindado.
Desigualdad e improvisación
La unidad de la Guardia Civil que hasta ahora prestaba servicio en la Verja pasará a desempeñar sus funciones en el aeropuerto de Gibraltar. Sin embargo, las dependencias donde deberán trabajar se encuentran aún destartaladas, con cables en el aire, agujeros en las garitas… algo que contrasta con las dependencias destinadas a la Policía Nacional que sí estarían ya operativas por lo que desde AUGC denuncian la “improvisación y desigualdad entre cuerpos”.
Fuentes internas subrayan a Articulo 14 que a esto se suma la falta absoluta de información. “Nadie les ha explicado si la nueva unidad del aeropuerto absorberá a toda la plantilla o si se suprimirán vacantes”. Esta ausencia de comunicación oficial desde la última reunión con la Comandancia ha generado una desorganización interna y una sensación de “inseguridad laboral”.
España presenta como éxito un despliegue que por ahora más parece simbólico. El exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo advertía ya hace un año sobre lo que se vendía desde el Ejecutivo de Sánchez como un “logro” y que suponía, en la práctica, una “tercera rendición”. “A ver si toda la victoria es que haya dos guardias civiles mirando pasaportes en el aeropuerto” porque “esto no es la batalla de San Quintín”, sostuvo. El exministro, autor de “Gibraltar, la segunda rendición” (Almuzara), subrayaba que el Estado estaba vendiendo como avance lo que, en términos operativos, apenas supone “poner dos tricornios en el aeropuerto” mientras se consolida un régimen fiscal que deja al Campo de Gibraltar en desventaja estructural.
AUGC reclama al Ministerio del Interior que adopte medidas inmediatas antes de ejecutar el despliegue en el aeropuerto de Gibraltar. La asociación exige que se informe por escrito y de manera urgente a los agentes sobre el futuro de la plantilla, que se garantice que ningún guardia civil preste servicio en dependencias que no reúnan las condiciones exigibles y que se depuren responsabilidades por una transición que consideran marcada por la opacidad y la improvisación. “Está en juego no es solo su futuro laboral, sino la capacidad del Estado para mantener la seguridad” en uno de los puntos más delicados del país.
Un vacío jurídico en plena presión del narcotráfico
Todo ello ocurre en un territorio donde la presión del narcotráfico es constante y donde la Guardia Civil trabaja desde hace años en condiciones de riesgo excepcional.
El asesinato de dos agentes arrollados por una narcolancha en Barbate, el fallecimiento de otros dos guardias civiles en Huelva mientras perseguían una narcolancha y las agresiones a patrullas han llevado a asociaciones y mandos a reclamar de manera reiterada que el Campo de Gibraltar sea reconocido como Zona de Especial Singularidad. Sin embargo Interior sigue sin reconocerlo. Esta figura supondría reforzar plantillas, garantizar incentivos económicos por peligrosidad y dotar a la Guardia Civil de medios adecuados en un territorio donde la presión criminal es excepcional. “Si hay un lugar en España donde esta figura es imprescindible, es aquí”, reclaman desde AUGC. En ese contexto, la falta de instalaciones adecuadas y la ausencia de instrucciones claras sobre el despliegue en Gibraltar incrementan la sensación de vulnerabilidad operativa.
A ello se suma el “vacío jurídico” que sufren los agentes y que condiciona la actuación de la Guardia Civil desde hace décadas.
Los agentes advierten de que trabajan sin un marco claro que les permita continuar una persecución dentro del Peñón ya que está prohibida salvo autorización expresa de las autoridades gibraltareñas. Esto obliga a detener la acción policial justo cuando los grupos criminales cruzan la frontera, un punto que los narcos conocen y explotan. “No existe un derecho general que nos permita entrar en ese territorio para continuar con la persecución”, resumen fuentes internas.
A esta limitación se suma la disputa sobre la jurisdicción en las aguas. España sostiene que el Tratado de Utrecht no cedió aguas territoriales, mientras que Reino Unido defiende que Gibraltar genera un mar territorial propio conforme al derecho internacional moderno. Esta discrepancia convierte cada intervención marítima en un ejercicio de equilibrio diplomático y operativo, y deja a los agentes en una posición de vulnerabilidad en una zona donde las organizaciones criminales saben exactamente dónde pueden actuar las fuerzas de seguridad y dónde no.
Un territorio con economía dual
La presión policial en el Campo de Gibraltar no se entiende sin el entorno económico que lo rodea. Gibraltar mantiene un código mercantil extremadamente laxo que permite crear sociedades con requisitos mínimos. El impuesto de sociedades solo grava beneficios generados dentro del Peñón -actividades muy escasas-, lo que atrae inversión extranjera masiva. Los beneficios obtenidos fuera del Peñón no tributan, ni los dividendos ni las plusvalías. El resultado es un ecosistema económico que controla “casi el 60 % del juego online mundial” y que, según subrayaba exministro, está en vías de convertirse en un paraíso para las criptomonedas de manera que se están estableciendo una especie de Islas Caimán al sur de la península.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.