El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, vivió este miércoles un momento incómodo tras ser abucheado. Durante el acto de jura de bandera de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias celebrado en Baeza, Jaén, fue interrumpido por una fuerte pitada de hasta ocho segundos cuando trasladó sus condolencias a las familias de los dos guardias civiles muertos en Huelva durante la persecución de una narcolancha. La organización del acto tuvo que intervenir por megafonía para pedir a los asistentes que guardaran “el respeto y la debida compostura, a las instituciones y a los alumnos en formación”.
El episodio se produce en un contexto de fuerte tensión política y corporativa tras la muerte en acto de servicio de Germán y Jerónimo, los dos agentes que perdieron la vida el pasado viernes mientras perseguían una embarcación cargada de droga en las costas onubenses. La polémica se ha visto amplificada por la ausencia de miembros del Gobierno en el funeral y por las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que llegó a calificar lo sucedido de “accidente laboral”, una expresión que ella misma rectificó posteriormente.
Marlaska no esquivó el malestar del público. “Comprendo, entiendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo”, dijo el ministro, que reconoció estar “dolido” y “rabioso” por lo ocurrido. Tras los abucheos, retomó su discurso para subrayar que, pese a ese dolor, el Gobierno no se siente “impotente”. “Durante muchos años hemos hecho frente con los instrumentos legales al terrorismo, al narcotráfico y lo seguiremos haciendo con todos los mecanismos legales precisos”, afirmó.
Ya en declaraciones a los periodistas tras el acto, Marlaska insistió en que comprende “absolutamente la rabia”, pero lanzó un llamamiento a no instrumentalizar políticamente la tragedia. “No sé cuándo fue ese día que nos echamos las víctimas a la cara”, dijo, antes de apelar a la “cordialidad entre todos” y a no utilizar a las víctimas “con fines políticos”.
Uno de los flancos más expuestos del ministro ha sido precisamente su no presencia en el funeral de los dos agentes. Marlaska lo justificó señalando que su presencia era requerida en el dispositivo de respuesta ante la emergencia por el hantavirus en Canarias, tal y como había solicitado la Organización Mundial de la Salud. Respecto a la representación institucional del Gobierno en el sepelio, defendió que estuvo presente la secretaria de Estado de Seguridad, la directora de la Guardia Civil y el delegado del Gobierno en Andalucía. “Muchas veces se olvida que estuvo la secretaria de Estado de Seguridad, quien es el mando directo tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional“, señaló.
Operaciones contra el narcotráfico
Para sostener el argumento de que el Gobierno sí actúa con contundencia contra el narcotráfico, Marlaska recurrió a los datos. Mencionó la operación Alfa-Lima, calificada como un “dispositivo inédito” con participación de Estados Unidos, Italia, Portugal y Reino Unido, y la operación Abisal, en la que la Guardia Civil intervino más de treinta toneladas de cocaína en un solo barco, la mayor aprehensión registrada hasta la fecha. También destacó que las fuerzas de seguridad del Estado cuentan hoy con un número “récord histórico” de efectivos, con un incremento del 15% en los últimos ocho años y una tasa de reposición superior al 125%.
El día anterior, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, había seguido la misma línea desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, asegurando que el Ejecutivo no daría “ni un paso atrás” en la lucha contra el narcotráfico. Citó 45.000 operaciones realizadas desde 2018, más de 30.000 detenidos y un incremento del 20% de efectivos en la zona del Campo de Gibraltar, con 20 nuevas embarcaciones incorporadas.
Desde la Asociación Independientes de la Guardia Civil, su presidente, Daniel Fernández, denunció que los medios disponibles son “claramente insuficientes para responder a la creciente sofisticación de las redes criminales”, situando a los agentes en una posición de “clara vulnerabilidad” que exige una revisión urgente de dotaciones y protocolos. A este malestar se suma la polémica por el desmantelamiento en 2022 del Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico para el Estrecho de Gibraltar, el llamado OCON Sur, cuya disolución ha coincidido, según El Mundo, con un descenso de las intervenciones pese a la proliferación de narcolanchas en la zona: hasta 230 embarcaciones avistadas en apenas seis meses.
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