“Intensa preocupación” dentro del Consejo General del Poder Judicial tras la comparecencia de Pedro Sánchez en la mañana de este lunes anunciando que se queda en el Gobierno. Según ha podido saber este medio, tras pulsar el sentir de algunos miembros del órgano judicial, el mensaje de Sánchez de que hay que “limpiar” el sistema lo entienden claro: actuar contra el sistema judicial. “Demostremos al mundo cómo defendemos la democracia”, aseguró el líder del Ejecutivo.
“No sólo se va a colonizar el Gobierno del poder judicial. Se va a colonizar el propio poder judicial”, aseguran. “Tiene que optar por el papel de marido o si el de presidente del Gobierno. Pero si es lo segundo no puede hablar sobre las acciones judiciales contra un particular, por el principio básico de la separación de poderes”.
Para los jueces, esta estrategia de intimidación tiene su inicio en la renovación del Consejo del Poder Judicial sin contar con el PP, tal y como propone la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. “Básicamente consiste en hacer lo contrario que establecen los estándares europeos para hacer lo que a ellos les interesa”, resumen.
Al estar las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, temen que la renovación se produzca antes “y los que vengan después se lo encuentren hecho”. Sánchez podría modificar la actual Ley Orgánica que establece se necesita una mayoría de tres quintos para renovar el CGPJ. Con esta reforma se rebajarían las mayorías para iniciar el proceso y se evitaría pactar con el PP. “La convocatoria de Sumar para movilizar a la gente a protestar a las puertas del CGPJ es sólo el principio”, consideran. No dudan de que la finalidad es “simular que la población quiere tener un CGPJ elegido por el Parlamento que ha votado la gente, como dice el CIS de Tezanos”. Según el mismo, un 81,4% de la población española cree que es necesario una reforma de la situación de la Justicia en España.
“Pueden cerrar el Tribunal Supremo ideológicamente durante dos décadas”
Controlar el CGPJ significa controlar el Tribunal Supremo. “Desde 2021 no podemos nombrar vacantes. Y los jueces del Tribunal Supremo son mayores, no llegan allí chicos de 20 años”, explican. “Lo que quiere decir que en los próximos cinco años teniendo en cuenta las vacantes que se van a producir más las que ya hay, se va a renovar entre el 70% y el 80% del Tribunal Supremo”. Por lo que concluyen: “Pueden cerrar ideológicamente el Tribunal Supremo durante dos décadas”.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal podría tener carácter retroactivo
La otra arista que aseguran está dentro de los planes del presidente del Gobierno para “controlar la Justicia” es la tramitación de la modificación sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estiman podrá ver la luz en mayo. Según esta, “la instrucción pasa de los jueces de instrucción a la fiscalía”. Es decir, a través de la fiscalía se podrán introducir una serie de limitaciones sobre la Acusación Popular, y podrá impedir que se investiguen cierto tipos de delitos a través del fiscal encargado de la Instrucción, “que recibirá órdenes del fiscal general del Estado”.
En cuanto a la pregunta inmediata de si creen que podrá afectar al proceso judicial contra Begoña Gómez, aseguran que “Cualquier norma procesal puede tener efecto retroactivo sobre los procedimientos en curso”. En estos momentos, no se sabe si finalmente habrá un juicio contra la mujer del presidente del Gobierno, ya que de momento el magistrado Juan Carlos Peinado apenas ha abierto diligencias tras la denuncia de Manos Limpias. No obstante la Fiscalía ya ha presentado recurso al auto del juez ante la Audiencia Provincial. En la espera, se abre la baraja de futuros escenarios. “Si entrara en vigor esta ley y no tuviera carácter retroactivo, se produciría una situación extraña en una hipotética investigación de Begoña Gómez, ya que en cualquier momento tiene que haber un momento de corte entre el sistema anterior y el nuevo”.
