Desde que Sánchez anunciara su paréntesis como Presidente del Gobierno para proceder al deshoje de margaritas en cuanto a si sigue o no en el poder, las llamadas a la movilización en las calles son continuas. La finalidad es alentar al líder del Ejecutivo a no abandonar el Gobierno tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado, del juzgado de Instrucción 41, de aceptar a trámite la denuncia de Manos Limpias para investigar a la mujer del presidente, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción.
“Hemos visto en repetidas ocasiones cómo los juicios paralelos minan la autoridad del poder judicial, no tendrían que producirse”, asegura Teresa Freixes, catedrática en Derecho Constitucional. “El juez tiene que ser independiente, porque se puede crear una opinión pública contraria a la acción judicial y eso tampoco es bueno en una democracia”. Esta opinión es compartida por sus compañeros de profesión: “Los juicios paralelos a nivel social son un problema. No es lógico que los tribunales puedan decir una cosa pero que a nivel social ya se haya dictado la sentencia, tanto para condenar sin respetar la presunción de inocencia como al contrario”, considera el abogado penalista Juanjo Mateos. “El juez tiene que desarrollar su trabajo de forma tranquila e imparcial, el Caso Nóos es un ejemplo positivo de que se pudo hacer así por muy mediático que fuera, pero tenemos también el caso Sancho en Tailandia que es más mediático que otra cosa”.
“No me parece bien criticar que la denuncia venga de unos recortes de periódicos como si fuera despreciable”
De momento, y mientras se anima a la gente a salir a la calle, ya hay otras piezas sobre el tablero que comienzan a moverse. La Fiscalía, que como el propio Sánchez afirmó en una entrevista, depende del Gobierno, ya ha presentado ante la Audiencia Provincial un recurso directo de apelación. No se ha presentado ante el propio juez, sino que apela a sus superiores a desautorizarlo por abrir una investigación basada en “recortes de prensa”. Para el constitucionalista Francesc de Carreras no tienen fundamento. “No me parece bien es que se diga que está basada en recortes de periódicos, como si esto fuera despreciable”, afirma. Al igual que se dice en algunos lados que por qué se llama a los directores de periódicos. Yo lo encuentro profundamente normal. A mí todas las críticas me parecen una excusa para reforzar a Sánchez. Detrás de los recortes de periódicos hay un periodista que ha hecho una investigación“. Para el jurista, la decisión del juez de aceptar la denuncia está dentro de la normalidad: “Él recibe una denuncia para saber si tiene unos ciertos visos de credibilidad, si puede haber indicios de criminalidad y hacer una primera investigación”.
El riesgo de un juicio “demasiado largo”
Para los juristas otra situación que fomenta el que este juicio, en caso de que el caso finalmente no se archive, adquiera tintes cada vez más mediáticos, es la perdurabilidad en el tiempo. “Estamos hablando de un delito muy concreto y muy determinado, y se ha de demostrar la culpabilidad de la otra parte, cosa que no es tan fácil y que necesita muchísima documentación”, afirma Mateos. “La mujer de Pedro Sánchez es la que teóricamente puso en relación a Air Europa, quien supuestamente se benefició porque era la mujer del presidente, pero todo eso hay que demostrarlo tanto el tiempo, cuándo se benefició el Gobierno… Aunque nos parezca que blanco y en botella es leche puede ser horchata”, explica. “Tampoco el matrimonio Sánchez Castejón ha aclarado todos los bienes que poseía, y también hay que valorar si tenía acciones o no en las empresas, si ha aumentado su patrimonio…” Todos estos aspectos a investigar harían que el procedimiento judicial se eternizase. “¿El caso de los ERE en Andalucía, por ejemplo? Para que luego hayan prescrito, bien por dejación judicial u otros motivos”.
Carreras asegura que el juez ha hecho lo correcto. “Incluso se puede dar el caso de que las informaciones de las que se partan sean precarias, y poco a poco, con la investigación de la policía, por ejemplo, vaya adquiriendo cuerpo. “Indudablemente son procedimientos muy largos, el caso Koldo ha tardado dos años”.
“El juez decidirá si tiene o no recorrido judicial, es él quien tiene que ver si hay indicios”
Para Freixes cualquier opinión en estos momentos en que todo acaba de empezar es prematuro. “Por algo sirven las diligencias judiciales, el juez verá si eso es suficiente para realizar una imputación directa o no. Primero tiene que ver los indicios, decidir si hace una acusación para declarar que abre la investigación y que se considere investigada la persona. Allí verá si tiene suficientes pruebas para cerrar la instrucción y abrir el juicio oral”. El juez tendrá que decidir y la resolución de la Audiencia Provincial, que puede demorarse hasta dos meses.