‘Julito’ anotó en su agenda a Betancourt, el chavista ahora al mando del petróleo de Trump

Es conocida una anotación en la agenda de Leire Díez en la que vincula al empresario venezolano Alejandro Betancourt con los Cortina y Repsol, unas relaciones que arrancan en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Pues bien Betancourt, imputado en una causa en la Audiencia Nacional y recientemente designado por Donald Trump como el encargado de gestionar los intereses de EEUU en el petróleo de Venezuela, también aparece en las agendas de Julio Martínez Martínez, Julito, presunto testaferro de Zapatero.

Esta decisión de Trump puede acabar con las causas judiciales que penden contra Betancourt y plantea la pregunta de si Zapatero podría haber seguido la misma suerte si la Justicia española no hubiera reactivado la causa Plus Ultra antes de la extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Es decir, si las conexiones del expresidente con los representantes del chavismo que ha elegido EEUU para liderar Venezuela podrían haber frenado la investigación en la que está imputado en España.

Betancourt, presidente de la empresa de gafas de sol Hawkers, estaba investigado en la causa Money Flight en EEUU. En España, además de estar imputado en la Audiencia Nacional, tiene conexiones con Plus Ultra. Por Zapatero, por algunos de sus socios y por estar involucrado en negocios dudosos de PDVSA y en el presunto blanqueo de fondos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios de Venezuela con fondos de programas de alimentación de la población llamados CLAP. A este último negocio se ha vinculado al que fuera testaferro de Maduro, Alex Saab.

Las agendas de ‘Julito’

Pues bien, en las agendas que la UDEF se incautó en el registro del domicilio de Julito en Madrid aparecen dos anotaciones relacionadas con Betancourt. Una de su nombre tras el del empresario venezolano Tobías Carreño, presidente y propietario de la Multinacional de Seguros y el circuito Radio Venezuela, seguida de una anotación, “Paparoni”, que la UCO cree que puede referirse a la familia de políticos venezolanos de ese nombre, en los últimos meses perseguidos por el régimen.

A esto se añade la anotación manuscrita “Betancourt-Agroisleña (jueves)”. En 2022, Venezuela fue condenada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) a pagar 1.500 millones por la expropiación de la española Agroisleña que ordenó Hugo Chávez en 2010.

La causa ‘guadiana’ en la Audiencia Nacional

El pasado 2 de junio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determinó que el juez Santiago Pedraz debía seguir investigando por presunto blanqueo a Betancourt, tras estimar el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el sobreseimiento provisional el pasado marzo de una causa en la que se investiga una transferencia de 4.350 millones de dólares que involucraba a PDVSA.

La reapertura de la investigación, que Estados Unidos está frenando, según ha desvelado El País, coincidió con la aparición de Betancourt en la agenda de Díez, cuyas presuntas maniobras para desbaratar casos que afectan al PSOE bajo la lupa de la Justicia están siendo investigadas precisamente por Pedraz. El interés de Díez por Betancourt era debido a las “Inversiones Iberoamericanas”. Este apunte, anotado en una página con fecha del 14 de enero de 2025, se sitúa al lado de otro sobre los negocios del régimen chavista y el Gobierno de Zapatero.

Pedraz, que ordenó detener a Betancourt en septiembre de 2025 cuando residía en Londres, concluyó en su resolución de marzo que la Fiscalía Anticorrupción expuso los hechos de forma “genérica”, sin aportar detalles específicos sobre una supuesta elusión fiscal en España, y que la Justicia venezolana ya analizó el préstamo y determinó su conformidad con la legalidad vigente.

Sin embargo, la Sala de lo Penal expuso que el Ministerio Fiscal sí justificó “que los concretos actos de corrupción en Venezuela objeto de las presentes actuaciones no han sido analizados por la resolución extranjera”. Y es que para Anticorrupción el asunto se había “cerrado prematuramente” porque lo que se analizó en Venezuela no fue la corrupción entre “los empresarios y los funcionarios corruptos”, que era lo que estaba en el foco en España. La Fiscalía considera que se han invertido “importantes cantidades de dinero” en territorio español en bienes “muebles e inmuebles” tras traer el dinero de Venezuela “pagando sobornos a funcionarios” por un total de 42 millones de euros. Los funcionarios venezolanos que fueron sobornados ya han reconocido su implicación ante las autoridades de Estados Unidos y han sido condenados allí.

Con todo, EEUU no parece tener interés en que esta causa avance, y en el caso de Plus Ultra sí facilitó el clonado del móvil de Rodolfo Reyes con conversaciones que incriminan a Zapatero.

Las agendas de Leire Díez

Betancourt aparece en las agendas de Díez vinculado a la etapa del Gobierno de Zapatero y sus ministros, entre los que aparecen citados José Bono, José Blanco, Miguel Sebastián y el entonces embajador en Caracas Raúl Morodo. Díez sitúa el origen de los negocios en la Venezuela chavista en el Gobierno de Zapatero, en línea con investigaciones sobre esta etapa, en la que se conocieron Koldo García y Víctor de Aldama.

El Gobierno español firmó entonces con el de Hugo Chávez uno de los mayores contratos de venta de equipamiento militar: doce aviones y ocho fragatas por 2.000 millones de euros. Esa operación se acordó en el primer viaje de Zapatero a Venezuela, en 2004, y se concretó con Bono como ministro de Defensa en 2005. Morodo ha confesado ante la Justicia haber cobrado facturas millonarias de PDVSA a cambio de asesorías ficticias.

En el contexto de otra misión del Gobierno de Zapatero, Duro Felguera logró en 2009 el mayor contrato de su historia, de más de 1.500 millones. El proyecto luego sufrió impagos y ahora mismo el abastecimiento que proporciona a Caracas es limitado. Duro Felguera detalló a la Fiscalía que pagó al exviceministro venezolano Nervis Villalobos, presunto cliente de las cloacas del PSOE y de Plus Ultra, desde 2008 a 2013 un total de 105,6 millones de dólares por supuestas asesorías.

La entrada de Díez se refiere a Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol, sobre el que apunta: “Valor concesión petróleo en Venezuela. Fundación Holanda y otra aquí con Koplowitz, Cortina, etc., recién salido de la Gürtel”, y subraya, en mayúsculas, “depósito fiscal”. Alfonso Cortina, fallecido de Covid en 2020, fue presidente de Repsol durante los primeros meses del Gobierno de Zapatero, y Blanco, vicepresidente. Participaron de negocios de petróleo y minas cuando Zapatero empezó a viajar a Venezuela tras su salida de La Moncloa.

A continuación, Díez cita a “Luis Alfonso de Borbón y su mujer, vínculos con el petróleo de Venezuela”, y recuadra una lista de nombres: Alejandro Betancourt, Alberto Cortina, Cortina [probablemente en alusión a Alfonso]”. Debajo, añade: “Morodo”, en mayúsculas, y “dónde se conocieron Koldo y Aldama”. La exmilitante socialista también anota: “La mano de Aznar en todo esto” y cita a Alejandro Agag.

Expresidente de PDVSA se desdice

El expresidente de PDVSA y exministro de Energía y Minas bajo Chávez, Rafael Ramírez, acusó el 15 de octubre de 2018 en El Noticiero Digital y en X a Zapatero de recibir contratos de la petrolera venezolana en la Faja petrolífera del Orinoco: “Zapatero: ha recibido proyectos en la Faja, de allí viene su apego a la democracia y el diálogo”. Pocos meses más tarde, Juan Carlos Márquez, ex director ejecutivo de la empresa estatal que se encontraba en España, trasladó a la Fiscalía que estaba dispuesto a hablar.

Pero apareció muerto en su oficina de San Sebastián de los Reyes (Madrid) el 21 de julio de 2019, tan solo dos días después de haber declarado ante el juez. Al día siguiente tenía una nueva citación en la Audiencia Nacional.

El informe preliminar de la autopsia apuntó a un suicidio. Sin embargo, fuentes militares venezolanas y al menos un agente europeo de inteligencia, según El Confidencial, sostienen que fue asesinado: “No se suicidó. Lo mataron. Márquez era quien estructuraba legalmente las operaciones turbias dentro de PDVSA bajo el mando de Rafael Ramírez”. Éste se desdijo el pasado 9 de octubre en Libertad Digital.

Artículo14 ha informado de que una nota en la agenda de Díez apunta un encuentro entre Zapatero y Villalobos, el viceministro de Chávez imputado, y a que el expresidente de la petrolera estatal declare a su favor. “Zapatero-Nervis. Ramírez dispuesto a declarar que la operación fue limpia”.

Petróleo con los Cortina

En El Noticiero Digital, Ramírez también dijo que Zapatero representa a “unos españoles de apellido Cortina, que han recibido el contrato de un proyecto en la Faja”. Se refería a Alfonso Cortina, principal accionista de Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A. (IPISA), empresa a la que se le concedió la explotación del Bloque JUNIN-10 de la Faja petrolera del Orinoco, según desvelaron investigaciones del Parlamento venezolano.

IPISA, asociada con una filial de PDVSA, dio lugar a Petrosur. Entre sus accionistas, Ramón Blanco Balín. Y entre sus socios estaría Betancourt, que cimentó su fortuna enajenando recursos destinados a construir estaciones generadoras de electricidad en 2009 y 2010, según ha recogido ArmandoInfo.

Blanco Balín alegó que IPISA formaba parte del grupo de empresas de Alberto Cortina, accionista de ACS y hermano de Alfonso.

Según un documento publicado por la periodista Maibort Petit, Blanco Balín envió un correo al entonces ministro venezolano Eulogio del Pino en el que le comunicaba su “interés en formar una empresa mixta con PDVSA para la explotación del Campo Junín. La empresa Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A. forma parte del grupo de empresas del señor Alberto Cortina, quien es uno de los máximos accionistas del Grupo ACS”.

Alberto Cortina es socio de Betancourt, presidente de Derwick Associates, y de Francisco D’Agostino en el BDK Financial Group, ahora Afrika Financial Group, con el cual han adquirido bancos en África. D’Agostino tiene vínculos con Plus Ultra.