El pasado 2 de junio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determinó que el juez Santiago Pedraz debía seguir investigando la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales por parte del empresario venezolano Alejandro Betancourt, presidente de la empresa de gafas de sol Hawkers.
Esta resolución judicial fue la respuesta al recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra el sobreseimiento provisional de la causa, dictado el pasado mes de marzo por Pedraz, en la que se investiga los hechos relacionados con una transferencia de 4.350 millones de dólares que involucraba a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y una serie de empresarios venezolanos, entre los que se encontraba Betancourt, conocidos como los bolichicos (jóvenes millonarios venezolanos que han hecho su fortuna durante el régimen chavista).
Aquella reapertura de la investigación coincidió en el tiempo con la aparición de Betancourt en la agenda de Leire Díez, cuyas presuntas maniobras para desbaratar casos que estaban bajo la lupa de la Justicia están siendo investigadas precisamente por Pedraz en la Audiencia Nacional.
Es decir, el magistrado vuelve a toparse con el nombre de Alejandro Betancourt después de que en las anotaciones realizadas por la exmilitante socialista en sus agendas figurara una en la que hacía referencia al empresario venezolano. El interés de Díez por Betancourt, según se refirió ella misma, era debido a las “Inversiones Iberoamericanas”. Aquel apunte, fechado el 14 de enero de 2025, se enmarcó en una página que versaba sobre los negocios del régimen chavista y el Gobierno de Zapatero.
La causa que sobreseyó Pedraz
El origen de la investigación, ahora reabierta, fue una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, la cual sostenía que esos recursos millonarios resultaban de un supuesto fraude relacionado con un préstamo formalizado en marzo de 2012 entre PDVSA y la empresa Administradora Atlantic. La acusación señalaba que estos fondos, después del acuerdo entre ambas partes, se habrían invertido en territorio español, lo que motivó la apertura de diligencias por posible blanqueo de capitales.
El instructor concluyó en su resolución de marzo que la Fiscalía Anticorrupción expuso los hechos de forma “genérica”, sin aportar detalles específicos sobre una supuesta elusión fiscal, ni precisar por qué los fondos debían tributar en España. Pedraz, que ordenó detener a Betancourt en septiembre de 2025 cuando residía en Londres, enfatizó la ausencia de información sobre comprobaciones tributarias previas llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, tal y como argumentó la defensa del empresario venezolano.
En el auto de sobreseimiento el juez explicó que la Justicia venezolana ya analizó el préstamo que Administradora Atlantic otorgó a PDVSA y determinó su conformidad con la legalidad vigente en el país venezolano, sin apreciar delito en esas operaciones. El magistrado señaló que si no se acredita la procedencia delictiva de los fondos, no se puede sostener la existencia de un delito de blanqueo, y destacó que corresponde a la jurisdicción de Venezuela investigar y juzgar los hechos relacionados con sus nacionales y dentro de su territorio.
Según la resolución judicial, la defensa de Betancourt argumentó que la Justicia del país sudamericano ya investigó y juzgó el préstamo cuestionado y concluyó la ausencia de infracciones. En el texto del auto el juez recordó que la legalidad venezolana avaló tanto el otorgamiento del préstamo como su devolución en divisas, lo que eliminó la base para continuar la investigación en España por blanqueo de capitales. Así, la Audiencia Nacional siguió la tesis de que no puede existir delito de blanqueo si no se acredita que los fondos tienen origen ilícito y que, tratándose de un asunto centralmente venezolano, resulta competente la autoridad judicial del país latinoamericano.
La reapertura ordenada por la Sala de lo Penal
Sin embargo, la Sala de lo Penal, competente según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para conocer los recursos interpuestos contra resoluciones de la Sección de Instrucción de la AN, expuso que el Ministerio Fiscal sí justificó “que los concretos actos de corrupción en Venezuela objeto de las presentes actuaciones no han sido analizados por la resolución extranjera”. Es debido a ello, agregó esa resolución judicial, por lo que “infiere la relevancia de las diligencias interesadas”.
Y es que para Anticorrupción el asunto se había “cerrado prematuramente” porque lo que se analizó en Venezuela no fue la corrupción entre “los empresarios y los funcionarios corruptos”, que era lo que estaba en el foco en España. La Fiscalía, reflejó El País, considera que se han invertido “importantes cantidades de dinero” en territorio español en bienes “muebles e inmuebles” tras traer el dinero de Venezuela “pagando sobornos a funcionarios” por un total de 42 millones de euros. Con esos fondos, se han abierto sociedades y se han comprado acciones de todo tipo. Los funcionarios venezolanos que fueron sobornados ya han reconocido su implicación ante las autoridades de Estados Unidos y han sido declarados culpables y condenados allí y ahí coloca el origen delictivo.
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