Un año después de la polémica cuando se conoció que los fallos de las pulseras antimaltrato estaban produciendo “absoluciones y sobreseimientos”, según contrató la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024, el Ministerio Público sigue recogiendo “incidencias”. En su Memoria de 2025 que ha presentado este jueves, subraya que los dispositivos de control de cumplimiento (DTC) instalados como mecanismo para realizar el seguimiento de las prohibiciones de aproximación, acordadas como medidas cautelares o penas, “siguen siendo un instrumento clave para la protección de las víctimas”, pero da cuenta de las citadas “incidencias” que trasladan fiscalías provinciales y el Centro Cometa en el control de dispositivos telemáticos de cumplimiento de penas y medidas de alejamiento.
Dificultades en el mundo rural
A esto añade la advertencia de que existen “carencias” y “desigualdades territoriales”: “Aunque se constata un avance significativo en su implantación y utilización, la Memoria identifica también determinadas carencias y desigualdades territoriales que aconsejan proseguir los esfuerzos dirigidos a garantizar una respuesta homogénea y eficaz en todo el territorio nacional”, señala.
En este sentido, traslada que los y las fiscales delegados destacan las dificultades que surgen en el ámbito rural, donde es complicado mantener la distancia de 500 metros, sobre todo cuando se trata de localidades muy pequeñas, y donde la cobertura puede ser deficiente cuando se trata de zonas rurales aisladas.
El caso de Álava
En relación con ejecución de penas de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima, controladas mediante dispositivos telemáticos, la Memoria incluye una problemática que ha indicado la Fiscalía de Álava: las fiscales especialistas, tras examinar los informes emitidos por el centro Cometa, solicitan la deducción de testimonio por un posible quebrantamiento de condena, al amparo de lo previsto en los apartados segundo o tercero del artículo 468 del Código Penal en los supuestos en los que proceda, con la finalidad de que la sección del tribunal de instancia competente lleve a cabo la correspondiente investigación.
Sin embargo, los jueces encargados de la ejecución suelen requerir previamente la emisión de un informe por parte del cuerpo policial competente y, mediante providencia, acuerdan no haber lugar a la deducción de testimonio cuando consideran que no ha existido un incumplimiento de la prohibición de aproximación o que la incidencia se debe a un fallo del dispositivo telemático.
Estas resoluciones, están siendo recurridas por las fiscales encargadas, alegando que no corresponde al juez/a de ejecución realizar dicha valoración, y sosteniendo, además, que las incidencias técnicas del dispositivo pueden dar lugar a la aplicación del artículo 468.3 del Código Penal (por ejemplo, en casos de descarga del dispositivo o de residencia del penado en zonas sin cobertura). El citado artículo estipula que los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos, no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento serán castigados con una pena de multa de seis a doce meses.
La Audiencia Provincial de Álava, ha resuelto ya alguno de los recursos, estimado los argumentos alegados por el Ministerio Fiscal.
Seguimiento
Los dispositivos telemáticos han sido analizados en varios ámbitos, como el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ y hay distintas evaluaciones de seguimiento. De hecho, la Fiscalía subraya su aportación “como herramienta de apoyo en la valoración del riesgo y en la mejora de la respuesta institucional frente a la violencia sobre la mujer”, lo que valora positivamente como diferencia con 2024.
En el año 2025 se acordaron en 2.081 casos (en 1.291 como medidas cautelares y en 790 como penas de alejamiento); cifras superiores a las que se registraron en 2024 (1.865 casos, de los cuales 1.264 como medidas y 601 como penas de alejamiento).
Por su parte, según los datos publicados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a fecha 31 de diciembre de 2025, el número de dispositivos activos fue de 4.412, frente a los 4.595 de 2024. Esta cifra representa una disminución del 3,98% respecto al mismo mes del año anterior, a pesar de que solo en diciembre de 2025 se instalaron 266 nuevos dispositivos. Se consolida, por tanto, el uso de estos medios, siendo Asturias y Castilla y León las comunidades que experimentaron mayores incrementos porcentuales en dispositivos activos en comparación con 2024.
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