Una jueza ha puesto en duda la fiabilidad de los datos de las pulseras antimaltrato de COMETA para acreditar varios supuestos quebrantamientos de una orden de alejamiento. La magistrada considera que los registros presentan “inconsistencias técnicas relevantes” que “afectan directamente a la fiabilidad de los datos de geolocalización” y ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al entender que no existen indicios suficientes para continuar el procedimiento.
La decisión parte del análisis realizado por un Equipo Territorial de Policía Judicial sobre los registros proporcionados por el Centro COMETA. Los agentes detectaron “imprecisiones, inconsistencias y contradicciones relevantes”, que consideran compatibles con fallos de cobertura, errores del sistema o deficiencias de los dispositivos utilizados para localizar a las partes.
Entre las anomalías encontraron posiciones incompatibles entre sí y desplazamientos de larga distancia en periodos de tiempo extremadamente breves, algunos de ellos, según recoge la resolución, “incluso imposibles aunque se efectuaran en vehículo”.
Y la jueza hace suya esa valoración: “Esta instructora comparte la conclusión alcanzada por el Equipo Territorial de Policía Judicial”. A partir de ella concluye que los datos de geolocalización “no concuerdan de manera suficiente, objetiva y fiable” con lo denunciado y que las anomalías impiden considerar acreditado, siquiera indiciariamente, que el investigado quebrantara de manera voluntaria y consciente las zonas de exclusión.
Igualdad sostiene justo lo contrario
El Ministerio de Igualdad rechaza, sin embargo, que en este caso el problema estuviera en el sistema de seguimiento telemático. Fuentes de Igualdad aseguran, tras comprobar los datos, que COMETA funcionó.
“En este caso el sistema de seguimiento telemático conocido como Cometa funcionó correctamente, quedaron registrados todos los incumplimientos, que fueron reiterados, y se emitieron los correspondientes informes, que se trasladaron al órgano judicial”, señala Igualdad.
La respuesta del Ministerio choca directamente con la valoración sobre la que se sustenta el archivo de la causa y con el análisis de Policía Judicial. Igualdad considera que “la cuestión es qué valor se otorga a esos informes en los procedimientos judiciales concretos o cómo en ocasiones se minimiza la gravedad de estas conductas delictivas”, responde.
Las mismas fuentes apuntan también a la formación de los jueces y quienes deben interpretar esos registros. Consideran que “incidir en la formación específica de los miembros de la carrera judicial sobre el funcionamiento de este sistema es imprescindible”. El Ministerio recuerda que ha suscrito un convenio con el Consejo General del Poder Judicial que da cobertura a estas acciones y que ha ofrecido formación específica a jueces y juezas sobre el funcionamiento del sistema COMETA.
El investigado, guardia civil
Se da la circunstancia de que el investigado es guardia civil y los agentes que elaboran los informes de Policía Judicial son sus excompañeros. La acusación ha cuestionado expresamente esa relación en su escrito, donde impugna los análisis sobre posibles errores de los dispositivos y los mapas de localización por la “relación de amistad y/o profesional de los agentes actuantes” con el investigado.
Un informe que le permitió salir de prisión
No es la primera vez que uno de esos informes resulta decisivo para él. Uno anterior de la Guardia Civil sobre los fallos de COMETA le permitió salir de prisión. Había ingresado por un quebrantamiento de la orden de alejamiento y su defensa recurrió alegando que las pulseras fallaban. El juzgado pidió comprobar su funcionamiento y la Guardia Civil elaboró un informe en el que detallaba errores de los dispositivos. El recurso prosperó y el investigado quedó en libertad.
Otros quebrantamientos, la misma Guardia Civil
Pero la intervención de estos agentes no se limita a los informes que cuestionan la fiabilidad de COMETA. En otros quebrantamientos, que no se atribuyeron a fallos del sistema, sus actuaciones también han influido en el archivo de los procedimientos. En esos casos, la explicación fue otra: el guardia civil había comunicado supuestamente a sus compañeros los movimientos que iba a realizar antes de entrar en la zona de exclusión.
Ocurrió cuando víctima e investigado coincidieron en el mismo avión pese a la orden de alejamiento. Él había comunicado previamente a la Guardia Civil que iba a realizar ese viaje y esa circunstancia fue tenida en cuenta para archivar el procedimiento.
Nueve horas dentro de la zona de exclusión
Volvió a ocurrir durante una mudanza. Esta vez, el investigado reconoció que había entrado en la zona de exclusión y COMETA lo situó dentro del perímetro durante unas nueve horas. Su explicación fue que había avisado previamente a la Guardia Civil de los movimientos que iba a realizar, algo que los agentes respaldaron.
Sin embargo, no tenía autorización judicial para entrar en la zona de exclusión y el Centro COMETA aseguró que no había recibido ninguna comunicación previa, ni del investigado ni de la Guardia Civil. Mientras el sistema emitía sucesivas alarmas, según el recurso contra el archivo, nadie avisó a la víctima ni se activó ninguna actuación policial para protegerla.
También ese procedimiento terminó archivado.
¿Y qué ocurre con la protección de la víctima?
El investigado fue condenado por violencia de género a llevar durante nueve años una pulsera antimaltrato conectada a COMETA. Ese sistema es el encargado de controlar que respeta la distancia impuesta y de alertar cuando entra en una zona de exclusión.
Pero si la Guardia Civil lleva años señalando fallos en los registros de COMETA en este caso y ahora una jueza considera que esas anomalías ponen en duda su fiabilidad, la pregunta es qué se ha hecho para garantizar la protección de la víctima.
¿Se comunicaron esos supuestos fallos al Centro COMETA? ¿Se revisaron o sustituyeron los dispositivos? ¿Se informó al juzgado? Y, sobre todo, si se consideraba que el sistema no era fiable, ¿se valoró adoptar otra medida de protección?
Igualdad, sin embargo, niega que exista ese problema. El Ministerio insiste en que COMETA funcionó correctamente y que registró todos los incumplimientos, que fueron reiterados.
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