La jueza María Tardón ya tiene el informe solicitado a la Guardia Civil sobre la avalancha de más de 70.000 inmigrantes que llegaron a Ceuta los días 30 y 31 de julio. Según fuentes del caso, la Benemérita informa que recibió un aviso previo del CNI, pero que no fue concreto con la magnitud de la crisis que iba a ocasionar la llegada masiva de inmigrantes. En su recuento, contabiliza 82 fallecidos y asegura que el cuerpo tenía “el despliegue habitual en la frontera”.
El informe contradice, en consecuencia, lo defendido por el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, que ha venido sosteniendo que el CNI no dio aviso sobre la oleada masiva de migrantes que se disponían a cruzar la frontera.
El escrito se suma al del CENIF de la Policía Nacional, que aseguró que la llegada fue una acción coordinada de mucha “complejidad técnica” en la que agentes uniformados y de paisano pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado marroquíes “guiaron a la masa activamente”.
La Policía Nacional subrayó que hay “escenas que apuntan a la monitorización y control del proceso de entrada/salida” por parte de los agentes marroquíes. Concluyó que la llegada masiva de inmigrantes “no fue un acontecimiento espontáneo ni accidental”, que en todo momento se buscó la “ocultación de la autoría”.
Con estos dos informes, la Fiscalía ve indicios de posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio, desorden público incluso contra la paz, la seguridad y la independencia del Estado.
Como tales delitos se cometieron presuntamente en suelo marroquí con consecuencias en suelo español, cree la Fiscalía que la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigarlos: “Parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español”, argumenta el ministerio público.
Además, pide a la jueza que declare el secreto de las actuaciones para evitar futuras filtraciones como la que se ocasionó con el informe del CENIF que golpeó duramente el relato del Gobierno a un día del Pleno en el que Pedro Sánchez iba a dar explicaciones sobre la crisis migratoria.
De esta forma, ninguna de las partes personadas podrá tener acceso a la investigación penal que ahora puede abrir María Tardón ya oficialmente. Esto es que ninguna de las entidades que se han personado como acusación popular en la causa tengan acceso a los futuros movimientos de la jueza. Estas son Iustitia Europa, denunciante primero, PP y la ciudad de Ceuta como persona jurídica.
La incógnita ahora es si, como apuntó Alberto Núñez Feijóo, la jueza decide inhibirse y el caso escala al Tribunal Supremo por querer investigar a algún aforado o las acciones del Ministerio de Interior. Fuentes del caso aseguran que “puede terminar pasando”, pero que “aún es pronto”.
En otro orden de cosas, la Sala de la Audiencia Nacional ha emitido este viernes un informe avalando las acciones de la jueza María Tardón, que pidió que no se trasladara al Gobierno el informe policial ocasionando el enfado del ministro de Interior, que decidió quejarse ante la presidenta del Consejo General del Poder Judicial porque consideró que el contenido del informe y del asunto era lo suficientemente sensible como para que el Gobierno supiera del contenido y pudiera actuar. Si bien, aunque comprensiva, Perelló desestimó su queja al considerar que la jueza estaba dentro de su función jurisdiccional.
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