Los tres frentes judiciales de Ayuso por el ático de Chamberí

La compra por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de un ático en el centro de Madrid valorado en 6,3 millones de euros ya va camino de los tribunales. El PSOE ha denunciado este viernes los hechos ante la Fiscalía de delitos económicos de Madrid. Iustitia Europa lo hizo el jueves ante unos juzgados de instrucción y un ciudadano anónimo lo hizo también ante la Fiscalía Provincial de Madrid. Por su parte, Más Madrid ya ha anunciado que presentará otra denuncia.

El PSOE ve indicios de malversación y prevaricación administrativa en la compra del ático por Planifica Madrid, una empresa de gestión 100% pública. La excusa que ha puesto el gobierno madrileño para la adquisición es que el inmueble iba a ser utilizado como oficina temporal mientras la Real Casa de Correos estaba en obras. Sin embargo, el inmueble está registrado para uso residencial y no podría usarse con el fin anunciado por Ayuso. Con la polémica servida, la Puerta del Sol dijo que lo vendería para dedicar el dinero de la venta a las zonas afectadas por los incendios.

Ante esta secuencia de acontecimientos, el PSOE redacta en su denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, que son “hechos que afectan a la administración pública en relación a su patrimonio”. Apunta además a la opacidad del proceso con “la ausencia total de documentación pública” y apostilla “las explicaciones de los responsables institucionales, con sonrojantes lagunas de transparencia, que lejos de aclarar los hechos, atribuyen más confusión, y precisamente hacen prueba de la existencia de indicios graves de irregularidades en la gestión del patrimonio público de la Comunidad de Madrid”.

Además creen que hay mecanismos para buscar una oficina temporal más transparentes y que hacerlo a través de Planifica Madrid pudo suponer una afectación a bienes públicos y una estratagema para “no someter a las normas de patrimonio público ni a la ley de contratos del sector público, cuando una necesidad puntual podría haber sido cubierta con el patrimonio público existente, e incluso con una fórmula de alquiler sujeta a las normas de contratación pública”, reza el escrito presentado al Ministerio Público.

La denuncia plasma también las sospechas de que el fin último era dar una residencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Más aún teniendo en cuenta que su pareja, Alberto González Amador, puso a la venta los dos pisos donde vivía la presidenta madrileña justo antes de la compra del ático: “Buscaba dotar de una residencia personal a la Presidenta, o temporalmente mientras siga ejerciendo el cargo, y/o posteriormente, cuando pudiera dejar de serlo”.

Fraude con la administración y administración desleal

Por su parte, la denuncia de Iustitia Europa presentada ante los juzgados de instrucción añade dos delitos más: el de fraude con la administración y administración desleal. Su denuncia relata los hechos de manera similar y refleja la necesidad de conocer a todos los intervinientes en el proceso de compra del ático: “La investigación deberá determinar quién impulsó la operación, quién la autorizó, quién asumió su justificación administrativa y económica y quién decidió finalmente su enajenación.”

Incluso manifiesta la pertinencia de conocer la implicación de la propia Ayuso: “Si la presidenta recibió información previa, participó en la definición de la necesidad, conoció la selección del inmueble, fue informada de su coste, de su posible uso institucional y de la posterior decisión de venta.” Por ello, la denuncia llega a proponer la necesidad de elevar un suplicatorio al Tribunal Supremo para una eventual imputación de la presidenta.

Así las cosas, hay en tres instancias diferentes denuncias por los mismos hechos que podrían elevar las posibilidades de una futura investigación penal por la compra de un ático de lujo que la Comunidad de Madrid ha vendido apresuradamente por 6,7 millones de euros.