Más leña al fuego en el caso Ático. El PSOE de Madrid va a presentar este viernes ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid una denuncia contra el consejo de administración de Planifica Madrid por la compra del ático de lujo en Chamberí para reuniones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según ha anunciado el secretario general de la formación madrileña y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en una rueda de prensa en la sede nacional del partido en Ferraz. López apunta a posibles delitos de “prevaricación administrativa y malversación“: “Es una chapuza colosal”.
“Vamos a pedir que la Justicia actúe porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como éste desde la administración pública y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños“, ha lanzado. “Hemos registrado un montón de solicitudes, de preguntas, de comparecencias para aclarar este episodio tan escandaloso como surrealista“, ha reprochado, para asegurar que el Ejecutivo regional y Ayuso han “ido cambiado de versión”.
Cambios de versión
López ha destacado que primero se dio “total normalidad” a la compra del piso por las “obras en la sede de Sol para aclimatar“, que ha tachado de “obras fantasma” que no están “planificadas ni presupuestadas”; luego lo pusieron a la venta “a la velocidad de la luz”, para, a continuación, decir Ayuso que no era “su competencia”, en referencia al consejero de Presidencia, Justica y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien, por último, esta semana destacaba que la presidenta regional “no tiene una residencia oficial” como otros mandatarios autonómicos o ministros.
“Excusatio non petita, accusatio manifesta“
López interpreta que estas últimas declaraciones de García Martín revelan: “La compra por parte de la Comunidad de Madrid de un superático de lujo de más de seis millones de euros, pagando comisiones a una inmobiliaria, para que fuera la residencia de la señora Ayuso“. Según el líder del PSOE de Madrid, García Martín sabía que “le estaba comprando un ático de lujo” a Ayuso y que lo “reconoce en esas declaraciones” porque excusatio non petita, accusatio manifesta. También ha exigido que se remita “toda la documentación” que sirvió de “antecedente y fundamento” para la compra, además del acta del consejo de administración que autorizó la operación, las tasaciones encargadas, y una copia del contrato de arras que se firmó.
“¿Cómo se puede armar un expediente para justificar la compra de un ático de lujo, pagando una comisión de decenas de miles de euros, por cierto, también del bolsillo de los madrileños, a una inmobiliaria para luego decir que iba a tener un uso que no puede tener por ley?”, ha cuestionado López, quien ha cargado contra una Ayuso que “ha decidido que está por encima del bien y del mal”. Por último, ha destacado que el objetivo de esta ofensiva judicial es que dimita Isabel Díaz Ayuso, que devuelva “hasta el último euro al bolsillo de los madrileños” y que se diriman “todas las responsabilidades penales” por la compra del ático.
El papel de García Martín
Tal como publica Sergio García García en Artículo14, fuentes del propio Ejecutivo madrileño han reconocido a este periódico el tamaño del problema y señalan directamente al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, del que depende Planifica Madrid. “El primer día que Ayuso sale a dar la rueda de prensa, el que se llevó un broncón fue Miguel Ángel García, que es de quien depende Planifica Madrid”, desvelan dichas fuentes.
Una operación así no la decide la empresa sola
Tal y como ha podido saber este medio, son los propios estatutos de Planifica Madrid los que establecen que la sociedad “estará obligada a realizar cuantos trabajos se le encarguen en las materias que constituyen el objeto social de la empresa”, unos encargos que, dice el mismo texto, “se acordarán por el Consejo de Gobierno” lo que determinará su objeto, las actuaciones concretas y su financiación. Es decir, sobre el papel, una operación de este calibre no la decide la empresa en solitario, sino que requiere el aval del Ejecutivo autonómico.
“Malversación, prevaricación, administración desleal”
Además, este jueves Iustitia Europa ha llevado el caso ante los Juzgados de Instrucción de Madrid (Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia): “La formación exige que se requiera el expediente completo de compra, los informes de necesidad, tasación, legalidad urbanística, financiación, acuerdos de Planifica Madrid, posible intervención de la Consejería de Presidencia, documentación sobre las obras de la Real Casa de Correos, comisión inmobiliaria, costes fiscales y posterior decisión de venta”, según se lee en un comunicado. “La denuncia solicita que se investigue si la operación pudo constituir malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, administración desleal del patrimonio público o cualquier otro delito que resulte de la instrucción”. “Además, si de la investigación se desprenden indicios de responsabilidad penal de AFORADOS/AFORADAS , solicita que la causa se eleve tanto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o al Tribunal Supremo, de conformidad con el art.25 del Estatuto de la Comunidad Autónoma”, añaden.
Más Madrid pide la comparecencia de García Marín
En paralelo, Más Madrid ha pedido en la Asamblea de Madrid la comparecencia del consejero delegado de Planifica Madrid y del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín: “Ante el silencio, las contradicciones y los balones que está echando fuera la presidenta hemos registrado una ofensiva parlamentaria de iniciativas para conocer toda la información que está demandando la ciudadanía madrileña”, ha anunciado la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, ante los medios de comunicación en la sede del partido.
“Oficina temporal”
Este miércoles se conoció que el inmueble, de 485 metros cuadrados y casi 200 metros cuadrados de terraza que Planifica Madrid compró como “oficina temporal“, incluía en esos 6,3 millones una comisión del 3% (189.000 euros) para la inmobiliaria, a cargo del vendedor.
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