Vías separadas pero un mismo objetivo: frenar la ley de nietos impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Partido Popular y Vox han articulado toda una ofensiva para intentar tumbar la instrucción que el Ministerio de Justicia dictó en octubre de 2022 y que, a juicio de ambas formaciones, amplía la concesión de nacionalidades más allá de lo que establece la Ley de Memoria Democrática, con un efecto directo sobre el censo electoral de españoles residentes en el extranjero.
La ley abre la nacionalidad española a los hijos y nietos de españoles que la perdieron por el exilio. El problema, según denuncian PP y Vox, no está en la ley sino en su desarrollo: tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública -entonces dirigida por Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente– publicó una instrucción en la que, sostienen, “se reinterpretó la ley” para extender el acceso a la nacionalidad a descendientes de emigrados por otros motivos.
El PP agota la vía administrativa
La estrategia del Partido Popular pasa, de momento, por el terreno administrativo. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial y encargada de liderar la respuesta en esta cuestión, Alma Ezcurra, confirmó este lunes, tras la reunión del comité de dirección presidido por Alberto Núñez Feijóo, que el partido ha solicitado formalmente “la nulidad de oficio” de la instrucción. Para Ezcurra, el texto “es nula clarísimamente de pleno derecho”.
La petición, dirigida a la Secretaría de Estado de Justicia, abre un plazo de tres meses para que el Gobierno responda. Si accediera a la revisión, el Consejo de Estado debería emitir un informe vinculante. En Génova, no obstante, albergan pocas esperanzas de que el Ejecutivo admita ese trámite. Por eso, fuentes populares explican que su apuesta consiste en elevar el coste político de la negativa: la resolución de la Junta Electoral Central, el voto particular de cuatro de sus vocales y la presión de instituciones como CSIF o la asociación de diplomáticos deben servir, señalan, para “ponerle difícil al gobierno no hacer esa revisión”.
La JEC pide al Gobierno información que no ha dado y le obliga a rehacer las instrucciones del censo exterior
Es urgente que no se incorpore nadie más, que se revise la instrucción entera y que se publique quién ha entrado ya por esta vía https://t.co/6y3lMHLgkk
— Alma_Ezcurra (@ALMA_EZCURRA) July 16, 2026
Mientras llega esa respuesta, el partido descarta mover ficha en los tribunales. Así lo precisó este martes la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz: “Eso es la vía administrativa y, por tanto, hasta que no nos respondan no podemos seguir con otro tipo de vías”. La dirigente popular defendió que la nacionalidad se tiene que “otorgar por ley, no mediante una instrucción de una Dirección General” y consideró que la resolución de la Junta Electoral viene a “confirmar las sospechas” del PP: “No se están haciendo las cosas como se deberían”.
En paralelo, los populares han desplegado una batería de iniciativas de control: preguntas al Gobierno sobre cuántas nacionalidades se han concedido, dónde y con qué criterios, y solicitudes de comparecencia en el Congreso de los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y de Justicia, Félix Bolaños, para que “expliquen cómo se están concediendo estas nacionalidades”. Ezcurra resumió la exigencia final del partido: que el Gobierno haga públicos todos los datos de las nacionalidades concedidas y paralice las inscripciones hasta que se aclaren los criterios homogéneos reclamados por la Junta Electoral.
Vox acude al Supremo
Si el PP se mueve por ahora en la vía administrativa, Vox ha optado además por otros frentes. El partido de Santiago Abascal, que ya en enero de 2023 presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la norma -admitido a trámite y aún pendiente de sentencia-, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que declaró que no tiene competencias para ir más allá y suspender las inscripciones o el voto por correo desde el exterior, al entender que el procedimiento de concesión de la nacionalidad excede de sus atribuciones. Fuentes del partido insisten en que el órgano arbitral sí es competente para “poner fin a la ilegalidad en el censo” derivados del “fraude e ilegalidad en las nacionalizaciones”. “Debe y puede”, recalcan.
La ofensiva de Vox incluye además el flanco de los contratos: este martes ha pedido directamente a los órganos de contratación del Gobierno que revisen y anulen los acuerdos firmados con las empresas PALCO -de titularidad estatal cubana- y NEORIS, con sede en Miami, contratadas para agilizar la tramitación de los expedientes de nacionalidad, como paso previo a acudir a los tribunales.
El partido ha internacionalizado también la disputa. El 2 de julio denunció al Gobierno ante la Comisión Europea, al considerar que la concesión masiva de nacionalidades -que llevan aparejada la ciudadanía europea- sin vínculo genuino vulnera el Derecho de la Unión. Días después activó una petición ciudadana ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre el crecimiento del CERA, con 1.225.188 solicitudes presentadas y 571.761 aprobadas, además de una pregunta prioritaria del eurodiputado Jorge Buxadé y la solicitud de un debate urgente en la Comisión LIBE.
Para coordinar todos estos frentes, Abascal ha creado un grupo de trabajo específico integrado por la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís; el propio Buxadé; el director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías; y el vicesecretario de Acción Política, Ignacio de Hoces. El objetivo, en palabras del propio líder de Vox , es desactivar lo que considera una trama para “robar las próximas elecciones” controlando el control del voto exterior.
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