La presión migratoria sobre Ceuta ha vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las llegadas por vía marítima se han disparado en las últimas horas, al igual que los intentos de acceder a la ciudad a través del paso fronterizo de El Tarajal. Con ellas, también se ha multiplicado el trabajo de policías nacionales y guardias civiles, que encadenan rescates, identificaciones, custodias, atención humanitaria y la tramitación de expedientes administrativos. La sensación entre los agentes es de “desbordamiento”. “No podemos contener a tanta gente con estos medios”, admiten a Artículo14 efectivos que, desde primera hora de la mañana, trataban de frenar una avalancha que llegó a romper el cordón policial y que han cifrado en más de 5.000.
La situación ha encendido todas las alarmas entre las organizaciones representativas de ambos cuerpos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), Jupol y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil Independientes de la Guardia Civil (IGC) y Justicia para la Guardia Civil (Jucil) coinciden en que la presión migratoria ha superado la capacidad de respuesta de las plantillas actuales por lo que reclaman al Gobierno un “refuerzo urgente” de efectivos, medios materiales y apoyo logístico para afrontar una crisis que, aseguran, amenaza con cronificarse.
Complejo despliegue
El problema no se limita al momento en el que los migrantes alcanzan la costa o son rescatados en el mar. Cada llegada activa un complejo dispositivo policial y asistencial que obliga a movilizar a decenas de agentes. A las labores de rescate se suman la identificación de las personas, la asistencia sanitaria, la presencia de intérpretes y abogados cuando resulta necesaria, las custodias y la tramitación de los correspondientes expedientes administrativos. Un proceso que puede prolongarse durante horas y que absorbe buena parte de los recursos disponibles.
A esa carga operativa se añade, según denuncian las organizaciones policiales, la reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de los migrantes interceptados en el mar cuando intentan acceder a Ceuta o Melilla. El alto tribunal ha establecido que en estos casos debe aplicarse el procedimiento ordinario de devolución previsto en la Ley de Extranjería y no el denominado rechazo en frontera, una interpretación que, advierten, “incrementa la burocracia y ralentiza la gestión de cada llegada”.
“Marruecos ha aprovechado una ventana de oportunidad”
Desde el SUP alertan de que esta situación obligará a las Brigadas de Extranjería y Fronteras a asumir todavía más carga de trabajo sin que exista un incremento paralelo de las plantillas. Y es que, cada procedimiento requiere más identificaciones, más custodias, asistencia jurídica, intérpretes y un mayor número de trámites administrativos, al tiempo que reclama una respuesta urgente del Estado para reforzar las unidades destinadas en la ciudad autónoma.
Desde Jupol recuerdan que la presión migratoria ha llevado a Ceuta a una situación de “absoluto colapso” y el actual marco legal dificulta la gestión de las entradas irregulares por vía marítima. El sindicato reclama una reforma de la Ley de Extranjería que permita una respuesta más ágil y la firma de acuerdos de readmisión con Marruecos y los países de origen para facilitar los retornos cuando legalmente procedan.
Presión por mar
La Guardia Civil vive esa presión, sobre todo, desde el mar. IGC subraya que los guardias civiles destinados en Ceuta están “completamente desbordados” y recuerda que el Servicio Marítimo interviene de manera constante en rescates de personas que intentan alcanzar la ciudad a nado, muchas veces con mala mar y poniendo también en riesgo la integridad de los propios guardias civiles. Además que, en lo que va de año, al menos treinta personas han perdido la vida intentando alcanzar Ceuta por vía marítima. Y es que los migrantes llegan principalmente a través de los espigones del Tarajal, Benzú y el Sarchal.
Los guardias civiles cuentan con unos 550 agentes en total, además de cinco efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), ocho integrantes del Servicio Marítimo y un refuerzo puntual de 30 agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS). Esos recursos resultan “insuficientes” para responder a una presión migratoria que ha obligado a concentrar buena parte de los efectivos en rescates y atención humanitaria, reduciendo la capacidad para otras funciones de vigilancia y seguridad.
La asociación también denuncia el deterioro de parte de los medios materiales con los que trabaja el Servicio Marítimo, con embarcaciones que, asegura, funcionan tras reparaciones provisionales, así como la falta de vehículos adecuados para responder con rapidez a las incidencias que se producen en el perímetro fronterizo.
Despliegue extraordinario
Ante esta presión sin precedentes el Ministerio del Interior ha activado un despliegue extraordinario en Ceuta que incluye refuerzos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional, coordinados para garantizar la seguridad en la frontera terrestre y marítima.
Las Fuerzas Armadas apoyarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y en aquellas actuaciones necesarias para mantener la seguridad en la ciudad autónoma. Los efectivos movilizados estarán bajo la coordinación del Mando de Operaciones y actuarán como apoyo directo a las unidades desplegadas en frontera y litoral.
La Guardia Civil ha reforzado de manera escalonada su presencia en Ceuta. A los 60 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados de forma permanente en vigilancia fronteriza se ha sumado ya un pelotón adicional de 20 efectivos, y en las próximas horas llegarán dos pelotones más, con otros 40 agentes. La unidad de Seguridad Ciudadana incorpora además a 30 guardias civiles procedentes de distintas unidades de Andalucía. También se han desplazado dos grupos de buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), mientras que el Servicio Marítimo ampliará su capacidad con la llegada del buque Duque de Ahumada en la madrugada del 31 de julio. En los próximos días se incorporarán patrones de embarcación, mecánicos‑marineros y pilotos de drones, y el Servicio Aéreo sumará un helicóptero al dispositivo.
La Policía Nacional también ha ampliado su despliegue. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo de seis especialistas para apoyar las labores de reseña y documentación. En Seguridad Ciudadana, la UIP y la UPR de Ceuta doblarán turnos mediante jornadas extraordinarias. Ayer se incorporaron ya tres equipos de UIP desde Sevilla y, en los próximos días, se sumarán los equipos de la UIP Central y de la UIP de Málaga, hasta completar una dotación de 200 efectivos desplegados específicamente en la ciudad.
Riesgo añadido
“Marruecos ha aprovechado una ventana de oportunidad. Los compañeros están desbordados y es imprescindible reforzar de forma urgente los medios humanos y materiales”, reclaman desde Jupol. También advierten de “la estrategia de chantaje que ha usado a Ceuta como moneda de cambio” por parte de Marruecos y cargan contra el cambio de criterio del Tribunal Supremo que encontró una laguna en la ley orgánica que impedía los rechazos en frontera a través del mar.
Los guardias civiles aseguran que una de las prioridades es salvar vidas pero recuerdan que, el elevado número de rescates está reduciendo la capacidad de vigilancia frente al narcotráfico y otras actividades delictivas, lo que consideran un riesgo añadido para la seguridad de la frontera sur.
“Efecto llamada”
La situación actual exige una respuesta política y legislativa. Sindicatos policiales y guardias civiles consideran que la reciente interpretación del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de migrantes interceptados en el mar ha puesto de manifiesto una “laguna legal” en la Ley de Extranjería, al no contemplar expresamente las entradas irregulares por vía marítima dentro del régimen de devolución inmediata. Este vacío está siendo aprovechada por las redes de tráfico de personas para transmitir la idea de que acceder a Ceuta por mar dificulta las devoluciones y aumenta las posibilidades de permanecer en territorio español. Jupol advierte de que esa percepción puede actuar como un “efecto llamada”, alentando nuevos intentos de entrada irregular y aumentando la presión sobre una ciudad que, aseguran, ya se encuentra al límite de su capacidad operativa y asistencial.
Para revertir esta situación, reclama una reforma urgente de la Ley Orgánica de Extranjería que permita aplicar la devolución inmediata con independencia de la vía utilizada para acceder irregularmente a España. Asimismo, el sindicato policial mayoritario exige al Gobierno impulsar acuerdos bilaterales de readmisión con Marruecos y con los principales países de origen y tránsito de la inmigración irregular para agilizar los retornos cuando procedan legalmente y evitar que, según sostiene, “las mafias utilicen la imposibilidad práctica de las devoluciones como principal argumento para fomentar nuevas salidas”.
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