“Los hechos que se están conociendo generan una profunda preocupación entre los guardias civiles y exigen la máxima transparencia institucional. Consideramos imprescindible que se esclarezcan todas las circunstancias y, en su caso, se depuren las responsabilidades que correspondan conforme a la legalidad vigente”. Así lo han advertido desde la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ante las informaciones que desvelan atestados de la UCO en el sumario de las cloacas del PSOE sobre reuniones de Leire Díez con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a la que habría predispuesto en contra de la UCO y habría promovido dos expedientes contra la unidad, unos hechos que asume el auto del juez Santiago Pedraz.
“En un Estado de Derecho, la independencia de la Policía Judicial constituye un pilar esencial. Cualquier actuación que pudiera interpretarse como una injerencia o presión sobre investigaciones judiciales debe ser objeto de un análisis riguroso y, en su caso, de las actuaciones que procedan por parte de las autoridades competentes”, añade el sindicato, que subraya que “la Unidad Central Operativa desarrolla una labor fundamental para la defensa de la legalidad y la lucha contra la corrupción y la delincuencia. Su trabajo debe poder desarrollarse con plena autonomía profesional, bajo la dirección de jueces y fiscales y con estricto sometimiento a la ley, sin que ningún tipo de circunstancia externa pueda condicionar su función investigadora”.
Por su parte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha instado a que “los hechos sean esclarecidos con total transparencia y que la investigación judicial llegue hasta sus últimas consecuencias”. En un comunicado, la organización profesional señala que “el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil no pueden seguir callados” y que “su silencio ante unos hechos de esta magnitud es de extrema gravedad”.
Las versiones de Marlaska
Tras el nombramiento de González el 17 de septiembre de 2024 después de un periodo en el que estuvo al mando Leonardo Marcos, Díez mantuvo un primero encuentro con la recién nombrada directora general el 30 de septiembre; una segunda cita el 20 de diciembre y una tercera el 2 de abril de 2025, según la UCO.
En un comunicado, la Benemérita sólo admite reuniones fuera de la sede de “menos de 15 minutos” la primera, en las que no se tratarían temas relacionados con el cuerpo.
Este jueves Interior ha reconocido las reuniones después de haber asegurado Fernando Grande-Marlaska el pasado 28 de mayo preguntado por los medios: “La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que has indicado, Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo”, lo que también había negado en el Congreso hace un año.
“Ponerse de perfil” con el hermano de Sánchez
Las reuniones entre Díez y la directora general de la Benemérita no son la única preocupación de los sindicatos, que apuntan a la actuación del predecesor de González, Leonardo Marcos, y al DAO, Manuel Llamas. El 12 de julio de 2024, cuando la jueza Beatriz Biedma llevaba un mes instruyendo la causa sobre la contratación de David Sánchez y la UCO había sido requerida para analizar correos electrónicos de investigados en la Diputación de Badajoz, en una reunión en su despacho a la que asistieron el director general, el DAO, el Jefe de UCO y un testigo, Marcos les manifestó que se encontraba “indignado” porque había conocido por terceros una propuesta de actuaciones elaborada por UCO en la que según él, se hacían “presunciones falsas”.
El director general concluyo indicando que se elaborara cuanto antes el informe de los correos, en el que se concluyera “que no había nada” y, “si había que dejar a personal de UCO sin vacaciones, que así se hiciera”.
Cuatro días más tarde, el 16 de julio de 2024, el DAO de la Guardia Civil se trasladó a las dependencias de la UCO, donde mantuvo una reunión en la que indicó que en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política no se fuese proactivo en los mismos, bajo indicación de “que nos pusiéramos de perfil”, debiendo ser en este caso concreto la Autoridad Judicial quien tomase la iniciativa, según declara un testigo.
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