El Tribunal Supremo considera que Víctor de Aldama no solo confesó su participación en los hechos, sino que realizó una colaboración “plena y continua” que permitió avanzar en la investigación, identificar a otros responsables y abrir nuevas líneas de investigación.
Esa aportación ha llevado a la Sala a reconocerle una atenuante muy cualificada y a rebajar su condena, una decisión que vuelve a poner el foco sobre una figura poco desarrollada en España pero esencial en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, la del colaborador con la Justicia.
Fuentes del alto tribunal rechazan que la rebaja de pena suponga una exoneración de responsabilidad. “Nadie le ha quitado el pecado original. No le hemos bautizado. Hemos premiado su colaboración con la Justicia“, explican. La tesis que subyace tanto en la sentencia como en el razonamiento de los magistrados es que determinadas estructuras de corrupción o delincuencia organizada difícilmente pueden investigarse sin la ayuda de alguno de sus integrantes.
¿Existe la figura del “colaborador” en España?
A diferencia de otros países, el ordenamiento español no contempla una regulación general del llamado “arrepentido” o “colaborador de Justicia”. Sin embargo, sí prevé mecanismos para premiar la confesión, la colaboración eficaz o el esclarecimiento de delitos.
En este caso, el Supremo aplica a Aldama una atenuante analógica de confesión y colaboración, prevista a través de los artículos 21.4 y 21.7 del Código Penal. La Sala considera que esa colaboración fue de tal intensidad que merece ser apreciada como “muy cualificada”, con una rebaja extraordinaria de la pena.
El abogado penalista Israel Paz explica para Artículo14 que esta circunstancia permite reducir la responsabilidad penal y la condena cuando el acusado aporta información esencial para esclarecer los hechos, identificar a otros responsables o facilitar la recuperación de bienes. A su juicio, el caso de Aldama encaja en el artículo 21.7 del Código Penal porque “no es una confesión strictu sensu, ya que empezó a colaborar y confesó una vez que conoció que el proceso penal ya estaba en marcha”.
¿Por qué se premia a Aldama?
La sentencia insiste en que no se trata de absolver al acusado ni de eliminar su responsabilidad. De hecho, Aldama es condenado. Lo que se reconoce es que su actuación posterior tuvo un valor excepcional para la investigación.
Los magistrados afirman que “solo la declaración incriminatoria de un coautor ha posibilitado la investigación y, ahora, la condena”, al considerar que los mecanismos ordinarios de control resultaban ineficaces porque la propia estructura investigada alcanzaba las más altas instancias políticas.
El tribunal destaca que Aldama aportó documentación desconocida por los investigadores, información sobre adjudicaciones de obra pública, contratos relacionados con José Luis Ábalos y datos que dieron lugar a nuevas investigaciones judiciales. Además, subraya que toda la información incriminatoria facilitada por él resultó corroborada posteriormente.
Frente a las críticas por la rebaja de condena, el Israel Paz recuerda que este tipo de beneficios están expresamente contemplados en la legislación. “Me parece perfecto premiar a quien colabora con la Justicia. Está previsto en el Código Penal y, a partir de ahí, hay poco que opinar. Si la ley lo admite, nada tengo que decir”, señala. A su juicio, la lógica que inspira estas medidas es incentivar que quienes forman parte de una trama ayuden a esclarecer los hechos. “Seguro que Ábalos y Koldo se arrepienten de no haberlo hecho”, concluye.
Las frases más contundentes del Supremo
La sentencia contiene algunos párrafos especialmente significativos.
En la página 181, el Supremo rechaza los argumentos de quienes se oponen a cualquier beneficio penológico para Aldama y advierte de que, “el hecho de confesarse culpable no comportaría beneficio alguno a la hora de individualizar la pena, invitando al acusado a que, en lugar de reconocer los hechos, negara los mismos y entorpeciera la investigación”.
En la página 197, los magistrados sostienen que la corrupción organizada solo puede combatirse eficazmente mediante dos mecanismos: sistemas internos de control independientes o “un delator interno que sea capaz de, asumiendo su responsabilidad, incriminar a otros autores”. Añaden que, en este caso, el primer mecanismo era ineficaz porque “el propio ministro estaba implicado”.
En las páginas 198 y 199, la Sala pone en valor que Aldama reconoció su participación, aportó pruebas, ayudó a identificar a otros implicados y favoreció procedimientos judiciales que siguen abiertos.
Y una de las frases más potentes aparece posteriormente cuando el Supremo afirma que “el Estado de derecho debe premiar” los comportamientos que contribuyen al descubrimiento y acreditación de delitos de corrupción, porque “las actitudes procesales de colaboración deben ser premiadas”. Incluso llega a afirmar que, en este caso, el grado de colaboración fue “máximo”.
El precedente italiano
Las mismas fuentes del Supremo recuerdan que la experiencia comparada demuestra la utilidad de este tipo de mecanismos. “Si no que se lo digan a los italianos cómo empezaron a resolver los problemas que planteaba la mafia”, señalan. El modelo de los pentiti —antiguos miembros de organizaciones criminales que colaboraban con las autoridades— resultó decisivo para las investigaciones impulsadas por los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino contra Cosa Nostra. Gracias a testimonios como el de Tommaso Buscetta fue posible reconstruir desde dentro el funcionamiento de la organización mafiosa y sentar las bases del histórico Maxiproceso de Palermo.
A juicio de estas fuentes, el daño que un colaborador puede causar a una organización criminal es “de primer orden”, precisamente porque aporta información a la que los investigadores difícilmente pueden acceder por otros medios. Como ya se ha apuntado, la propia sentencia destaca que la colaboración de Aldama permitió aportar documentación desconocida hasta entonces, identificar a otros posibles responsables y abrir nuevas líneas de investigación, además de reforzar pruebas ya existentes. Para los magistrados, este tipo de aportaciones resultan especialmente valiosas en causas complejas de corrupción y criminalidad organizada, donde buena parte de la actividad delictiva permanece oculta para los mecanismos ordinarios de control.
¿Hay precedentes en España?
España no cuenta con una figura tan desarrollada como la italiana, pero sí existen antecedentes de acusados que obtuvieron beneficios penales por colaborar con la Justicia.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de la Operación Nécora. Ricardo Portabales, antiguo contrabandista gallego, facilitó información clave sobre las redes de narcotráfico que operaban en Galicia y su testimonio resultó determinante para impulsar una de las mayores operaciones contra el crimen organizado en España.
Más recientemente, en la trama Gürtel, el exconcejal del PP José Luis Peñas desempeñó un papel fundamental al grabar durante años conversaciones con Francisco Correa y otros integrantes de la red, unas pruebas que acabaron siendo decisivas para destapar el caso.
La propia sentencia de Gürtel también puso de relieve la importancia de la colaboración de algunos implicados para reconstruir el funcionamiento de la trama. Aunque no todos los supuestos son equiparables al de Aldama, los tribunales españoles han venido reconociendo que la cooperación de quienes conocen una organización desde dentro y contribuyen a esclarecer delitos que, de otro modo, resultarían extremadamente difíciles de investigar.
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