El Gobierno de coalición progresista, como no se harta de presentarlo su presidente, ha anunciado un Real Decreto de regulación de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) que pone palos en las ruedas para estas inversiones en nuestro país. Una cosa es entrevistarse con Sam Altman, el jefe de Open AI, y otra cosa facilitar las inversiones. “Me he reunido con Sam Altman, con quien he compartido que la inteligencia artificial es una enorme oportunidad para modernizar nuestras sociedades”, dijo el presidente el 22 de mayo de 2023. Pues ahora “verdes las han segado” con el dichoso real decreto.
Si las cosas no cambian, miles de millones de inversiones anunciadas o, incluso, comprometidas, volarán de España a otros territorios menos hostiles con el progreso tecnológico. Pero eso no va a quedar ahí, SpainDC, la patronal de este sector, estima que pueden volar como las golondrinas en otoño entre el 80 y el 90% de la inversión prevista. Anidarían en Francia o en Portugal. Ahí es nada para una economía ahíta de inversión como es la nuestra. Estamos hablando casi de 60.000 millones de euros.
Los CPD son instalaciones que acogen servidores, sistemas de almacenamiento y de redes necesarios para procesar y distribuir servicios a gran escala. Vienen a ser el cerebro y el hardware detrás de todo el ecosistema digital. Miles de computadoras interconectadas funcionan 24 horas al día. El auge imparable de la Inteligencia artificial los ha convertido en imprescindibles.
España estaba llamada a convertirse en el principal hub sur de Europa, atrayendo un volumen de inversiones que Spain DC estima en torno a los 67.000 millones de euros proyectados hasta 2030. Exhibe ventajas como es la interconexión mediante cables submarinos de fibra óptica y una alta producción de energía renovable competitiva. Madrid, Aragón y Barcelona son el trípode para acoger los proyectos en España.
Es cierto que, como suele ocurrir en la historia con todas las revoluciones tecnológicas, existen detractores, que cuestionan su impacto sobre la energía, el agua y el propio territorio. En este caso, aunque el 93% de la población apoya la digitalización, sólo un 35% aceptaría la construcción de un CPD en su comunidad.
Se estima que los CPD consumirán en 2030 el 3% de la demanda eléctrica mundial, pueden provocar apagones y encarecer la factura de la luz. También precisan consumir enormes cantidades de agua para refrigerar los sistemas, perjudicando el consumo agrícola y en hogares. Y, como no, contaminan con sus emisiones.
Por ello, los gobiernos se apresuran a su regulación para preservar el impacto ambiental y el energético. Pero ninguno, que se sepa, ha llegado tan lejos como el progresista español. Los autores del texto normativo obligan a que el 80% del consumo eléctrico de los CPD sea de generación renovable durante las 24 horas del día. Incluso de noche, cuando no calienta el sol ni en la playa ni en ningún lado. También se obliga a cubrir el 80% de su consumo con nuevas plantas renovables. Y aplicar el principio de soberanía digital, pues los operadores deben estar establecidos en la Unión Europea y asegurar que tanto los datos como los metadatos permanezcan en territorio comunitario. Por si fuera poco, el gobierno progresista saca el palo sancionador. El incumplimiento comportaría multas multimillonarias o la pérdida de acceso y conexión a la red. Los proyectos en marcha cuentan con un plazo de seis meses para ponerse al día gubernamental.
Cinco Días se hacia eco de un informe de Goldman Sachs, conclusiones de una reunión con inversores internacionales en Londres, que resaltaba que la regulación española “genera preocupación”. Pero no son solo los inversores o los promotores, las Comunidades Autónomas también han puesto el grito en el cielo, pues pone en cuestión proyectos de inversión previstos para el desarrollo económico y tecnológico de sus territorios.
El asunto es de una enorme gravedad. Como en otras ocasiones, la ideología radical de algunas capas del gobierno progresista se enfrenta al progreso y al desarrollo económico del país, ahuyentando a inversores y promotores. En este caso, los CPD serán sometidos a unas condiciones mucho más draconianas que cualquier otra industria. Esperemos que todavía quede algún socialdemócrata en el gobierno de la nación española.
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