El PSOE elige creer. Todavía confía en la palabra del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que este miércoles ha defendido el propio Pedro Sánchez. En privado, no obstante, el Gobierno matiza sus posiciones, y traza líneas rojas para seguir manteniendo su apoyo al referente político y moral del actual inquilino de La Moncloa.
La citación del expresidente como investigado en el marco del caso ‘Plus Ultra’, que instruye la Audiencia Nacional, ha puesto patas arriba la agenda política, además de monopolizar toda la atención mediática. Y el estudio del auto que fundamenta su citación como imputado ha llevado al Gobierno a afinar sus mensajes, intentando compaginar su “prudencia” con la “defensa cerrada” de Zapatero.
Mantendrán esta respaldo, esta reivindicación de su “inocencia”, “hasta que se demuestre lo contrario”. “Con lo que tenemos sobre la mesa, defendemos la inocencia del presidente Zapatero”, apuntan. “El auto no incluye ninguna prueba documental que involucre en ningún delito a Zapatero”, insisten desde Moncloa.
Han analizado y repasado la resolución judicial durante las últimas 24 horas, y afirman que su estudio les ha “tranquilizado”. “No aporta pruebas concretas”, como “una captura de Whatsapp en la que conste tráfico de influencias”. “No creemos que sea como el caso Santos Cerdán”, apostillan.
Cuando se conoció el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sentenció la carrera política del exnúmero tres del PSOE el Gobierno se vio al borde del barranco. Sólo han pasado 11 meses desde esas horas de vértigo, en las que se sintieron traicionados y vendidos por Cerdán, por el que llegaron a poner la mano en el fuego hasta abrasarse. El recuerdo de esta pesadilla sigue vívido.
“No es Santos”, pero tampoco “es Peinado”
Casi a regañadientes, en privado, fuentes del Gobierno admiten hoy que han ido variando su diagnóstico de la situación tras conocer el auto del magistrado José Luis Calama. Creen que la resolución es seria y está fundada, aunque asumen que les falta mucho por conocer en esta causa.
Con la escasa información que tenían el martes, cuando apenas pasaban unas horas del levantamiento de secreto, optaron por dar una respuesta que iba más allá del apoyo a Zapatero, y que deslizaba desconfianza en la causa. El PSOE fue más allá, y sugirió que se trata de un caso de lawfare.
Hoy, distintos interlocutores sostienen que el magistrado Calama no puede ser comparado con el instructor de la causa contra Begoña Gómez, al que acusan de actuar con fines puramente políticos: “No es [Juan Carlos] Peinado”. Eso no quita para que destaquen que el procedimiento aún está en una fase “embrionaria”. O para que lamenten que la instrucción “va a durar mucho tiempo”.
Además, sostienen que los comportamientos atribuidos a Zapatero en la resolución cuadran con tareas de lobby. “Es una actividad legal, regulada por la UE y algunas CCAA”. Recuerdan el proyecto de ley para regular los grupos de interés, que lleva meses atascado en el Congreso de los Diputados -según distintos grupos, por decisión del PSOE- . “Éste Gobierno respeta la actividad del lobby”, desviaron.
Niegan inquietud por la reacción de sus socios: “No preocupan nada”
Desde la Moncloa, pero también desde el Partido Socialista, sugieren que Zapatero debería comparecer ante los medios de comunicación para empezar a dar explicaciones. Y que procede hacerlo antes del 2 de junio, cuando acudirá a declarar a la Audiencia Nacional. Nadie le empuja públicamente a hacerlo, pero en el Gobierno se reivindican “partidarios de dar todas las explicaciones posibles”.
En el PSOE hacen lo propio, aunque no quieran marcarle el camino al expresidente de manera clara, por ahora. Viven días duros, marcados por la presión inicial de Sánchez para que respaldasen a Zapatero, así como por la sucesión de titulares sobre las supuestas actividades del expresidente. Hoy no se contempla que sea el secretario general socialista quien comparezca para explicar las actividades de su antecesor en el cargo.
La crisis es monumental porque, como admiten desde el Gobierno, Zapatero es para ellos una suerte de “faro moral”, como lo definió el PP en la sesión de control este martes. El mero hecho de que su honorabilidad esté en cuestión ya les sitúa en una posición muy delicada.
Por lo pronto, si hay un frente que pueden considerar asegurado es el de sus socios y aliados parlamentarios. En el Ejecutivo, como en la dirección del PSOE, han seguido la deriva de los grupos, que pasaron de respaldar sin reservas a Zapatero a matizar sus posiciones. El más claro fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que preguntó a Sánchez el miércoles sin paños calientes: “¿Dónde acaba el lobbismo y empieza el tráfico de influencias?”.
Rufián, que aseguró que sí existe “una cacería” contra el expresidente, urgió a explicar esta situación cuanto antes. “Si esto es verdad, es una mierda. Si es mentira, es una mierda aún mayor. Hay mucha gente de izquierdas en este país que esto les rompe el corazón”.
La consigna, por el momento, es que en Ferraz “no preocupa nada” el giro de estos grupos. No aprecian el menor riesgo de que Sumar pueda salir del Ejecutivo. Tampoco creen que los grupos parlamentarios puedan apoyar la moción de censura que el PP ha vuelto a situar en el imaginario colectivo, de momento sin concretarla.
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