Los socios de Pedro Sánchez viraron en cuestión de horas: primero respaldaron sin dudas al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y cuestionaron la investigación judicial, pero tras leer el auto completo de 88 páginas su tono cambió radicalmente.
El giro más llamativo lo protagonizó Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. Durante la sesión de control al Gobierno, el diputado republicano se dirigió a Sánchez con una pregunta tan simple como demoledora: “¿Cuál es el plan ahora?”. Rufián no ocultó su malestar. Reconoció tener un profundo respeto y afecto personal por Zapatero, pero también dejó claro que tiene “ojos en la cara”. Rufián confesó abiertamente que estaba “jodido” tras leer un documento que recoge, entre otros, indicios de organización criminal y tráfico de capitales. Si las acusaciones son ciertas, dijo, “es una mierda”. Y si son falsas, “es una mierda aún mayor”. Una frase que resume con precisión el dilema al que se enfrenta la izquierda parlamentaria.
88 páginas. pic.twitter.com/bV7WMrv9zJ
— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 20, 2026
Rufián también planteó una pregunta de fondo que trasciende el caso concreto: ¿dónde termina el lobbismo legal y empieza el tráfico de influencias? No es una cuestión menor. El auto recoge indicios de delitos que van desde la organización criminal hasta el tráfico de capitales, lo que dificulta el argumento del lawfare —la instrumentalización política de la justicia— que tanto el Gobierno como sus socios habían esgrimido inicialmente como escudo.
Sánchez respondió con una defensa del legado de Zapatero y recordó que su etapa al frente del Ejecutivo estuvo libre de escándalos de corrupción, en contraste con los gobiernos del PP. También anunció que los socialistas colaborarán con la justicia y reiteró su respeto a la presunción de inocencia. Sin embargo, esa respuesta no terminó de convencer a quienes ya habían leído el documento con detenimiento.
Desde Moncloa reconocen que, una vez conocido el auto en detalle, “esto no es tan evidente” como parecía al principio. El argumento del Ejecutivo se apoya en que el lobby es una actividad legal reconocida por la UE y en que el propio Zapatero niega haber intervenido en el rescate de la aerolínea. Pero esa línea defensiva encuentra cada vez menos eco entre los socios.
El PNV ha pedido “prudencia”. Compromís ha ido más lejos: según su diputada Águeda Micó, “parece que no está tan claro que haya lawfare en este caso”. Desde Sumar-IU, Enrique Santiago ha reclamado directamente una regulación de las funciones de los expresidentes y ha advertido de que cobrar por favores políticos constituye un delito. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha sido la más escueta: “No pinta bien”.
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