Desde hace ya un largo tiempo, Pedro Sánchez no ha tenido otro remedio que acostumbrarse a presidir el Gobierno asediado por frentes judiciales que afectan a su entorno político y personal. La situación, lejos de aliviarse, ha empeorado porque ahora ya no solo son las instrucciones judiciales las que le desgastan, sino también las sentencias condenatorias.
Sin tiempo de recuperarse del fallo de hace apenas un mes que condenó a 24 años de cárcel a José Luis Ábalos —su antiguo número dos en el PSOE y exministro de Transportes— por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, Sánchez tuvo que digerir ayer otra condena (de nueve años de inhabilitación para cargo público) dirigida contra su hermano, David Sánchez, por prevaricación en relación con su enchufe en la Diputación de Badajoz, donde obtuvo la plaza de Coordinador de actividades de los Conservatorios.
“Dañar al presidente”
El Gobierno no tardó en reaccionar en la línea de atacar la decisión judicial tras conocer la condena de David Sánchez: “Esta causa tiene un único origen: dañar al presidente del Gobierno a través de su entorno familiar“, expresó la ministra portavoz, Elma Saiz. Negó por completo el Ejecutivo que la plaza obtenida en la Diputación de Badajoz hubiera sido producto del nepotismo y siguió dando cuerda a la tesis de que hay un intento de los jueces de “derribar” al Gobierno.
El argumento fue muy parecido al empleado hace ahora ocho meses, cuando se conoció la sentencia condenatoria contra Álvaro García Ortiz, antiguo fiscal general del Estado, por el delito de revelación de secretos en el caso relacionado con Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso). En aquel momento, el portavoz del PSOE, Patxi López, definió el fallo como “una auténtica vergüenza”, mientras que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, manifestó su discrepancia: “El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir que no lo compartimos. El Gobierno siempre ha creído y defendido en la inocencia del fiscal general“.
Los beneficios de Aldama
Con Ábalos, en cambio, ni el Gobierno ni el PSOE pudieron sostener el argumento de la inocencia ni de la condena sin pruebas empleado después de las sentencias contra el exfiscal García Ortiz y el hermano del presidente. Así que Sánchez ordenó reivindicar la distancia tomada con Ábalos y centró sus críticas en cuestionar duramente los beneficios judiciales otorgados al comisionista de la trama, Víctor de Aldama, por colaborar a desenmascarar las irregularidades de Ábalos y a su exasesor Koldo García en la adjudicación de contratos para el suministro de 13 millones de mascarillas a organismos públicos como Puertos del Estado y Adif .
Pero el goteo de sentencias solo ha hecho que comenzar, en realidad. Falta que se conozca el desenlace del caso Begoña Gómez; falta por ver si la justicia acredita que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán disfrutó de todo tipo de gastos sufragados por parte de una trama (casa, coche, muebles, hoteles y restaurantes) de adjudicaciones ilegales; y falta por determinar la procedencia de los pagos en metálico en el PSOE después de obtener los agentes de la UCO evidencia de que existía un flujo de efectivo que se abonaba en Ferraz.
Las cloacas del PSOE, capitaneadas por Leire Díez, también están siendo investigadas. Y con ellas los intentos que esta exmilitante trazó para obstruir precisamente los procesos judiciales que afectaban en particular al entorno político y personal del presidente del Gobierno.
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