No hay tregua para el PSOE en los tribunales, acorralado por investigaciones que los jueces desdoblan, y asediado por requerimientos de la UCO de la Guardia Civil y registros de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) de la Policía Nacional.
Destacadas figuras políticas del PSOE se han convertido en protagonistas diarias de informaciones que sitúan en el terreno del presunto delito a José Luis Rodríguez Zapatero, a José Luis Ábalos, a Santos Cerdán, a Leire Díez o a la familia de Pedro Sánchez (su mujer, Begoña Gómez; y su hermano, David Sánchez).
La que sigue es una relación de los nueve casos judiciales que afectan al PSOE (solo una se ha cerrado) y de las piezas que los jueces han decidido abrir para proseguir con sus investigaciones.
1. Caso Koldo
Con este caso comenzó el via crucis judicial del PSOE al desencadenarse las sospechas por presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia del coronavirus.
El principal investigado en este caso es el exministro de Transportes José Luis Ábalos, acusado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal al existir indicios de que facilitó la adjudicación de los contratos a cambio de contraprestaciones (como el uso de un chalé en La Alcaidesa, en Cádiz, o el pago del alquiler del piso de su expareja Jésica Rodríguez durante 32 meses abonando la trama 2.700 euros por cada uno de ellos).
En esta investigación, en manos del Tribunal Supremo, también es una figura central Koldo García, que fue el asesor en el ministerio de Transportes. y hombre para todo de Ábalos (incluso para organizarle citas con prostitutas).
2. Mordidas por obra pública
El caso Koldo, centrado inicialmente en la adjudicación irregular de contratos de mascarillas, derivó en una siguiente investigación al comprobar el instructor Leopoldo Puente que también existían indicios respecto al presunto amaño de adjudicaciones de contratos de obra pública dentro del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Esta investigación no solo afecta a Ábalos y a Koldo, sino también al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que presuntamente disfrutó de todo tipo de gastos sufragados por parte de la trama (casa, coche, muebles, hoteles y restaurantes).
Los investigadores de la UCO de la Guardia Civil han puesto bajo lupa hasta 11 licitaciones públicas (la mayoría acabó en manos de Acciona) por un monto de casi 625 millones de euros que son sospechosas de haber servido para articular comisiones ilegales.
Esta caso, conocido como el caso Transportes, afecta de lleno a Santos Cerdán, a José Luis Ábalos, a Koldo García, a la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al ex director general de Carreteras Javier Herrero. Las investigaciones también se centran en empresarios que supuestamente pagaron comisiones.
3. Caso Hidrocarburos
Esta macrocausa, en manos de la Audiencia Nacional, investiga uno de los mayores fraudes fiscales de la historia reciente de España en un caso en el que se mezcla el impago masivo de impuestos con el soborno a altos cargos del Gobierno, puesto que la trama empresarial (Claudio Rivas, Víctor de Aldama, Carmen Pano) buscaba una licencia oficial de operador mayorista otorgada por el Ministerio de Transición Ecológica.
Según declaró Carmen Pano al Tribunal Supremo, ella mismo llevó dos bolsas de plástico (cada una de ellas con 45.000 euros en efectivo) en 2020 a la sede del PSOE por indicación del comisionista Víctor de Aldama con el fin de asegurar una licencia para operar en el sector de los hidrocarburos para la empresa Villafuel (vinculada a su socio Claudio Rivas).
4. Caja B en el PSOE
Estas investigaciones dieron pie a una siguiente pieza separada, que en este caso se instruye desde la Audiencia Nacional y examina pagos en metálico en el PSOE después de obtener los agentes de la UCO evidencia de que existía un flujo de efectivo que se abonaba en Ferraz (sede de los socialistas). Se investiga, por tanto, si en la sede del PSOE había una caja con dinero B y pagos de dinero con origen injustificado.
5. Cloacas del PSOE
El auto de esta semana del juez Pedraz ha proporcionado más claridad a todas las pruebas que se acumulaban sobre unas cloacas en el PSOE para combatir a jueces y fiscales inconvenientes.
El entramado, cuyo rostro visible es la exmilitante Leire Díez (quien se presentaba como mano derecha de Santos Cerdán), buscaba desestabilizar y frenar causas judiciales (como el caso Koldo, el de Begoña Gómez o el de David Sánchez) tratando de conseguir munición para desacreditar a mandos de la Guardia Civil como el teniente coronel Balas.
El juez Pedraz ha descrito en su auto indicios de un soborno a Carmen Pano, a quien Leire Diez dio la instrucción de “comprar” ofreciéndole 50.000 euros para que modificara ante el Supremo su revelación sobre los 90.000 euros en efectivo que llevó a Ferraz. “Esta se vende. Debemos saber comprar”.
6. Caso Plus Ultra (Zapatero)
Por su parte, el juez Calama de la Audiencia Nacional ha imputado recientemente a José Luis Rodríguez Zapatero ante la sospecha de que el expresidente del Gobierno actuó como “el vértice” de una estructura y líder de una red estable dirigida a valerse de sus contactos políticos para mediar de forma extraprocedimental ante instancias públicas para lograr la concesión de decisiones políticos como el rescate público (53 millones de euros) de la aerolínea Plus Ultra.
En esta red dirigida a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros”, se sitúa en un segundo peldaño se situaría la sociedad Whathefav-SL —cuyas administradoras y socias son sus hijas—, cuya facturación ascendió a 650.522 euros entre los años 2020 y 2023 y que solo de la empresa del detenido Julio Martínez recibieron 240.000 euros de la empresa por supuestos “servicios de marketing”.
7. Begoña Gómez
Respecto a la mujer del presidente del Gobierno, el juez Juan Carlos Peinado (Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid) investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional. Uno de los asuntos clave es si cometió delito al registrar a a su nombre un software tecnológico que fue financiado y desarrollado de forma gratuita por empresas privadas (como Indra, Telefónica y Google) para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
8. David Sánchez
En este caso, que ya está en fase de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Badajoz, se investiga las presuntas irregularidades en la contratación y actividad laboral del músico David Sánchez Pérez-Castejón (hermano del presidente del Gobierno) en la Diputación de Badajoz. Tras concluir la fase de instrucción liderada por la jueza Beatriz Biedma, el proceso penal trata de esclarecer si la Diputación (gobernada por el PSOE) creó en 2017 las circunstancias adecuadas para adjudicarle “a dedo” un puesto de alta dirección como coordinador de conservatorios y artes escénicas, eludiendo controles internos y descartando a otros aspirantes cualificados.
9. Fiscal General
El único caso ya cerrado y sentenciado es el que afectó a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, a quien condenaron e inhabilitaron por delito de revelación de secretos al considerar que intervino en la filtración de correos electrónicos confidenciales y en la posterior difusión de una nota de prensa oficial con datos reservados de Alberto González Amador (pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso) relativos a una negociación de fraude fiscal.
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