Una parte del PP recela ante los intentos de Génova de aproximarse a Carles Puigdemont y deja claro su total rechazo a la ley de amnistía pese a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión European (TJUE). Un sector liderado por José María Aznar pero en el que también está Isabel Díaz Ayuso y buena parte de la estructura en Cataluña.
De fondo, las posibilidades de que Carles Puigdemont pueda regresar a España y entonces deje de apoyar a Pedro Sánchez hacen que en el PP miren de reojo los movimientos de los independentistas a partir de ahora, tal y como publicó este diario.
Una estrategia de la que difiere el sector duro del PP. Es por eso que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, advirtió tras conocerse el fallo que “la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune”. Además, incidió en que “cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado Miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo”.
El PP catalán, en la misma línea, quiso advertir de que la amnistía “no puede borrar lo que ocurrió en Cataluña en los años del proceso” independentista. No es un mensaje baladí. Feijóo ha llamado ya a pasar página del procés.
Fue, de hecho, la primera reacción al fallo del TJUE. Después, fuentes de la dirección nacional del PP expresaron su “respeto absoluto al fallo del Tribunal”, subrayando que la formación “no interpreta las sentencias en función de si le gustan más o menos”. “Los demócratas respetan las sentencias siempre. Sería deseable que el Gobierno lo hiciese en todas las causas judiciales que les afectan directamente”, deslizaron con intención. Por su parte Feijóo añadió que “los demócratas respetamos las sentencias”.
Dicho esto, los populares se emplearon a fondo en acotar el alcance de la resolución. Recordaron que el fallo “se circunscribía a un análisis muy concreto” y que “no examina la constitucionalidad, ni la oportunidad política, ni dicta una sentencia sobre toda la Ley de Amnistía”. La sentencia, argumentan, resuelve únicamente las dudas que los tribunales españoles plantearon a Luxemburgo sobre determinados aspectos del Derecho de la Unión, y ahora serán esos mismos tribunales quienes la apliquen. Se trata, en definitiva, de “un paso más de un largo proceso judicial en el que todos los actores debemos limitarnos a respetar todas las decisiones de los tribunales”.
El debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria. Y “nuestra respuesta sigue siendo no”, zanjan, antes de insistir en que “ningún presidente debe cambiar poder por impunidad”, y menos aún “contra la palabra dada y contra la voluntad de la mayoría de los españoles, que es lo que hizo Pedro Sánchez. Eso siempre será moralmente inaceptable”.
No es la primera vez que Aznar o Ayuso han tratado de marcarle el paso al PP de Alberto Núñez Feijóo en cuanto a la relación con los independentistas. Todo en un momento en el que el debate sobre si presentar una moción de censura o no sigue abierto en Génova. Sin ir más lejos, hace unas semanas, el expresidented el Gobierno avisó de que no se dan las condiciones para una moción de censura y que cualquier expectativa de que Junts retire su apoyo al Gobierno carece de fundamento político.
Su idea pasa por olvidarse de mayorías con fuerzas independentistas y construir “una mayoría nacional”, amplia y centrada, que sea capaz de “derribar y superar el muro” de Pedro Sánchez y evitar un “cambio de sistema”.
La presidenta madrileña rechazó de plano fiarse de Junts para una eventual moción de censura, al entender que ni esa formación ni el resto de socios del Gobierno tienen incentivos para romper la mayoría que sostiene a Sánchez, de la que obtienen concesiones que no encontrarían en un Ejecutivo del PP. “Lo sensato”, defendió, es alejarse “de la amenaza independentista constante” en lugar de cortejar a las “dictaduras minoritarias” que mantienen “presos a los gobiernos”.
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