Finalmente, tuvo que ser el juez José Luis Calama quien reclamara explicaciones tres meses después. En un escrito, dio tres días a José Luis Rodríguez Zapatero para que aportara, si lo veía pertinente, documentación sobre las joyas valoradas en más de un millón de euros que encontró la UDEF en su despacho. En su declaración de junio, el expresidente anunció que daría explicaciones en un plazo de diez días, pero no lo hizo hasta este miércoles cumpliendo con el ultimátum de Calama.
En el escrito, al que ha tenido acceso Artículo14, su abogado dice que su pretensión es “neutralizar los indicios” de delito de contrabando y contra la Hacienda pública que le imputó el juez tras el descubrimiento de las joyas. Su defensa explica que el alijo “procede del obsequio realizado como atención personal” por el Rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, de Arabia Saudí. Se lo entregó en Madrid en la que en ese momento era su vivienda familiar, el Palacio de la Moncloa, “con motivo del viaje oficial realizado a la capital por el monarca saudí los días 18 y 19 de junio de 2007”.
El expresidente asegura que fue “aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto”. Para probar estos hechos, Zapatero envió en junio y en agosto misivas a la corona saudita pidiendo que ratificara su información. Sin embargo, no ha obtenido respuesta. De ahí, dicen, la tardanza en aportar la documentación al juez. Es por ello que solicita a la Audiencia Nacional que reclame a Arabia “por el cauce del instrumento de cooperación jurídica internacional que resulte procedente, la correspondiente confirmación oficial del regalo recibido”.
Algunas fuentes jurídicas aseguran a este periódico que es esperable que Arabia colabore y aporte la documentación si el juez así lo reclama. Explican que de demostrarse que estos hechos son verdad, la pieza separada abierta por el hallazgo de estas joyas no tendría más recorrido judicial. Por un lado, el delito contra la Hacienda Pública habría prescrito por ser hechos de 2007 y, en segundo lugar, no habría delito de contrabando si las joyas fueron entregadas en territorio español.
No obstante, no hay unanimidad. Otras fuentes aseguran que Calama no debería aprobar la propuesta de la defensa de Zapatero: “Te han pillado con una pistola en la caja fuerte y no es el juez el que tiene que ver si tienes licencia o no, eres tú el que tienes que probar si tienes licencia”, ejemplifican.
Despojado de estos dos delitos, a Zapatero aún le queda dar explicaciones de otros cinco por los que se puede enfrentar hasta a 30 años de prisión, escogiendo la horquilla máxima de cada uno. Calama le imputa tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y falsedad documental.
El principal hecho que le imputa es el cobro de una presunta comisión ilícita de 530.000 euros por intermediar con el Gobierno de Pedro Sánchez por el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Para canalizar el dinero habría utilizado la empresa de sus hijas, Whathefav, emitiendo facturas falsas que no se correspondían con ningún servicio real para poder blanquear el dinero procedente de las comisiones.
Todo esto no lo hizo solo, sino que contó con la ayuda de su socio y amigo, Julio Martínez Martínez, que disponía de un entramado societario para poder canalizar todas las mordidas. También contaba con sus hijas e incluso con su secretaria, Gertrudis Alcazar, que le habría ayudado con las gestiones.
En su declaración de junio, Zapatero negó haber influido en el rescate, pero meses después tanto su amigo Julio Martínez Martínez como los directivos de Plus Ultra desmontaron la versión de Zapatero incriminándole en el rescate y en el cobro de la mordida. Es por ello, que aún quedarían muchas explicaciones sobre estos extremos.
Asimismo, el juez también investiga una comisión de 200.000 euros de una empresa en Bolivia por haber intermediado también en el Gobierno boliviano. Por este hecho Zapatero tampoco respondió en su primera declaración porque aún los agentes de la UDEF no habían indagado en ella.
No obstante, hasta ahora la estrategia de defensa de Zapatero pasa por intentar archivar el caso buscando nulidades en lugar de optar por dar explicaciones.
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