Siete años después de la muerte de Ana Buza, la Audiencia Provincial de Sevilla juzga desde hoy a su entonces pareja, Rafael V. P. La Fiscalía pide tres años de prisión por homicidio imprudente, la familia reclama 20 por asesinato y la defensa mantiene que la joven se arrojó voluntariamente del coche. Un jurado popular deberá decidir entre tres versiones enfrentadas sobre lo ocurrido aquella madrugada en la A-4.
Ana era una joven de 19 años que estudiaba Filosofía en Sevilla. Había acabado primero con una media de 9,24 y varias matrículas de honor. Había obtenido un 13,675 sobre 14 en Selectividad. Tenía el C1 de inglés, le gustaban la literatura, el patinaje y ver películas en versión original y había escrito narrativa para adolescentes. El curso ni siquiera había empezado cuando murió. Han pasado siete años y la Justicia se encuentra el mismo punto. La madrugada del 7 de septiembre de 2019 viajaba por la A-4 con su pareja desde hacía aproximadamente un año. Habían discutido. Ella había decidido no pasar la noche en Lora del Río y regresar a su piso de estudiantes en Sevilla. Poco después apareció muerta junto a la autovía, a la altura de Carmona.
Aquella mañana unos guardias civiles llamaron a la puerta de sus padres. Les dijeron que su hija había muerto “en circunstancias extrañas”. 36 horas después, el caso estaba archivado bajo la tesis del suicidio. Rafael alegó que Ana había salido voluntariamente del coche en marcha, pero Antonio Buza, el padre, no se lo creyó.
Recabando pruebas en medio del duelo
Ahí comenzó la historia que hoy llega a la Audiencia Provincial de Sevilla. Durante estos años los padres se han visto obligados a informarse, en pleno duelo, sobre autopsias, deformaciones de vehículos, telefonía, informes forenses y procedimientos judiciales. Diez días después de incinerarla, la familia recibió información que les hizo sospechar. Según consta en las actuaciones recogidas por El País, ella había buscado ayuda de una psicóloga para su novio ante comportamientos que describía como celosos, controladores o manipuladores. La Audiencia admitió que la relación podía presentar rasgos tóxicos, celos y una actitud absorbente, pero no vio acreditada violencia o amenazas en los términos necesarios para ese delito. Pero el caso volvió a abrirse.
Durante años, los Buza reunieron especialistas, reconstrucciones y peritajes que cuestionaban que Ana hubiera salido por sí misma de un automóvil que circulaba a gran velocidad. Finalmente, en marzo de 2025, la Audiencia Provincial de Sevilla decidió que aquellas dudas eran suficientemente importantes como para que el asunto no se resolviera como un simple homicidio imprudente y ordenó que fuera juzgado por un Tribunal del Jurado como posible homicidio doloso.
Los magistrados consideraron que la hipótesis planteada por la acusación particular, que Ana estuviera ya fuera del coche y fuera atropellada, tenía importantes visos de verosimilitud para llevarla a juicio. No significaba declarar culpable a Rafael, pero había que escuchar las pruebas.
Homicidio imprudente o asesinato
Y eso es lo que empezará a hoy. Alrededor de la muerte de Ana existen hoy tres relatos distintos. La defensa mantiene la tesis de que la joven se arrojó voluntariamente del vehículo. Rafael V. P. llega al juicio como acusado y amparado por la presunción de inocencia. La Fiscalía rechaza tanto el suicidio como el asesinato. Su tesis es que Rafael circulaba a 117 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80, en una situación de tensión tras la discusión, y que Ana cayó del automóvil por razones no determinadas. Por ello solicita tres años de prisión por homicidio imprudente, otros tres de privación del permiso de conducir y una indemnización superior a 165.000 euros para la familia.
Los padres piden 20 años de cárcel por asesinato porque consideran que su hija salió del vehículo después de la discusión y que Rafael la atropelló intencionadamente. Entre esos tres relatos estarán los nueve ciudadanos del jurado. No será un juicio sencillo. La propia Audiencia llamó la atención sobre contradicciones de las declaraciones del acusado y consideró poco verosímiles algunos elementos de la explicación inicial, entre ellos la alusión a unas supuestas malas notas de Ana, cuando acababa de terminar el curso con sobresalientes.
También planearán sobre la sala las oportunidades perdidas de aquella primera investigación. La familia ha denunciado durante años que no se practicaron diligencias que después ya no pudieron recuperarse, entre ellas imágenes de cámaras próximas al lugar. Es uno de los aspectos más dolorosos del caso. El calendario da una idea de la complejidad. Mañana se constituirá el jurado y se plantearán las cuestiones previas; los testigos declararán los días 21 y 22; los peritos ocuparán cuatro jornadas, entre el 23 y 28, y la declaración del acusado está prevista para el día 29. El señalamiento contempla diez sesiones y, salvo cambios, se prolongará hasta principios de octubre. Este juicio no devuelve a Ana y tampoco a sus padres los siete años empleados en conseguirlo, pero empieza, por fin, el momento de encontrar la verdad.