La proliferación de canales no regulados en la venta de productos de vapeo vuelve a situarse en el centro del debate europeo tras un nuevo caso ocurrido en España. Un joven británico de 18 años falleció recientemente en Benidorm tras haber utilizado un aceite de vapeo falsificado, en un episodio que, a falta de conocer la autopsia, ha reactivado las alertas sobre los riesgos de consumir productos fuera de los circuitos controlados.
En paralelo, el propio sector del vapeo ha llevado a Bruselas una petición clara en el marco de la revisión de la Directiva de Productos del Tabaco (TPD): reforzar la regulación para impedir el acceso a menores y limitar la comercialización fuera de los canales autorizados. La advertencia llega en un contexto en el que los operadores ilegales y la venta sin control administrativo están ganando terreno en distintos países europeos.
El caso ocurrido en España ilustra precisamente este vacío. Los productos adquiridos fuera de los canales regulados, como aceites falsificados o dispositivos sin trazabilidad, escapan a cualquier control sanitario o verificación de calidad. La ausencia de estos mecanismos abre la puerta a composiciones desconocidas y potencialmente peligrosas, un factor de riesgo que no existe en el circuito legal supervisado.
Distintos análisis del mercado europeo alertan de que una parte muy significativa de los dispositivos de vapeo que circulan en Europa no cumplen con la normativa vigente, lo que refleja la dimensión del problema. En España, seestima que una proporción relevante del producto vendido es ilegal debido a la falta de control administrativo, una situación que favorece la expansión de un mercado paralelo difícil de supervisar.
Este contexto se traduce en una mayor accesibilidad, especialmente para menores. Los dispositivos pueden encontrarse en bazares, puntos de venta no especializados y marketplaces online, donde en muchos casos no existe un control efectivo de edad ni garantías sobre el origen del producto.
El foco, en los canales y no solo en el producto
Según recoge Europa Press, desde el sector insisten en que el problema no puede abordarse únicamente desde la perspectiva del producto. “Si un menor consigue comprar un cigarrillo electrónico, el problema no es el producto, es el canal”, subrayan, poniendo el acento en la necesidad de controlar los puntos de venta y reforzar los sistemas de supervisión.
Entre las propuestas trasladadas a la Comisión Europea figura la creación de un registro obligatorio de establecimientos autorizados –tanto físicos como online-, que permitiría mejorar los controles de edad, reforzar la trazabilidad y dificultar la comercialización ilegal.
La expansión de canales no regulados no solo impacta en el acceso de menores, sino que también incrementa los riesgos sanitarios para el conjunto de los consumidores. Productos falsificados o manipulados, sin controles sobre su composición, pueden introducir sustancias no verificadas y provocar efectos adversos graves.
El caso del joven fallecido en España, aunque pendiente de confirmación oficial en cuanto a sus causas, vuelve a poner de relieve esta realidad: en ausencia de controles, los riesgos se multiplican y el consumidor queda expuesto a productos sin garantías.
En este escenario, la revisión de la TPD se perfila como una oportunidad clave para abordar uno de los principales agujeros del mercado: la falta de control en los canales de distribución. Limitar la venta a entornos regulados, con supervisión efectiva y controles de acceso, se presenta como una de las principales vías para reducir tanto la circulación de productos ilegales como la exposición de menores.
La conclusión que trasladan tanto los hechos como el propio sector es clara: mientras persistan los canales no regulados, el mercado ilegal seguirá creciendo y con él los riesgos. Actuar sobre el acceso no es un elemento accesorio, sino un requisito esencial para reforzar la seguridad y evitar episodios que, como el ocurrido en España, podrían ser evitables en un entorno controlado.