Según publicó el 12 de noviembre el medio alemán Table.Briefings, el Comité de Control Reglamentario de la Comisión Europea (RSB, en inglés) habría emitido una opinión negativa sobre la evaluación de impacto de la revisión de la Directiva de Productos del Tabaco (TPD) y de la Directiva de Publicidad del Tabaco (TAD). El medio añade que la Secretaría General de la Comisión habría planteado objeciones, mientras el comisario de Sanidad, Olivér Várhelyi, hombre de confianza de Viktor Orbán y próximo al espacio de la extrema derecha húngara, pretendía llevar la propuesta al último Colegio de Comisarios del año.
Esas objeciones, según la misma información, se extienden al impacto económico y socioeconómico de las medidas, a su proporcionalidad, a la evidencia científica que respalda restringir las alternativas al cigarrillo y al alcance de las competencias de la UE frente a las de los Estados miembros.
La cuestión científica pesa especialmente porque la futura TPD debe fijar el tratamiento de los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las bolsas de nicotina. La propia Comisión, en la evaluación de la normativa vigente, señala que el auge de estos productos plantea nuevos retos de salud pública. En el centro del debate están el «efecto puerta de entrada» (si usar una alternativa conduce después al cigarrillo) y el «uso dual» (si los fumadores abandonan del todo el cigarrillo o combinan ambos productos), dos cuestiones que deben evaluarse con rigor y no darse por sentadas en un sentido ni en otro. Proteger a menores y no consumidores frente al inicio en la nicotina y analizar el papel de las alternativas para fumadores adultos son, además, objetivos compatibles.
Con todo, una opinión negativa no equivale por sí sola a la cancelación de la reforma: según el procedimiento de la Comisión, el informe debe revisarse y volver a presentarse al RSB antes de continuar hacia la adopción de la iniciativa.
En ese contexto, la decisión que tome Bruselas sobre cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y bolsas de nicotina condicionará el marco en el que después tendrá que moverse España. Por eso la evaluación debe atender a la evidencia científica, a las consecuencias fiscales y socioeconómicas, a la proporcionalidad de las medidas y a sus efectos sobre menores, no consumidores y fumadores adultos: la urgencia política no sustituye a una evaluación de impacto rigurosa.