En las naves del Tarajal hay bebés y niños para los que la emergencia migratoria significa algo tan elemental como un pañal limpio, leche suficiente, poder lavarse o dormir bajo un techo en condiciones dignas. Dos semanas después de que decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos hacia Ceuta, la gran crisis ofrece una imagen diferente a la de la frontera desbordada.
Entre los que se han quedado están los niños. Save the Children ha lanzado una de las advertencias más graves desde que comenzó la emergencia: entidades sociales y vecinales calculan que hasta 4.000 niños y adolescentes podrían continuar fuera del sistema de protección. La propia organización aclara que la cifra es una estimación, porque una parte del problema consiste en que todavía hay menores dispersos por diferentes puntos de Ceuta que no han sido identificados ni contabilizados. Las estimaciones oficiales manejadas estos días son inferiores, lo que revela hasta qué punto es difícil ofrecer un panorama completo de la infancia atrapada en la crisis.
Niñas con infecciones urinarias
El equipo de Save the Children desplazado a la ciudad asegura haber localizado a niñas y niños solos menores de 16 años viviendo en la calle. También ha encontrado familias con bebés y pequeños instaladas en recursos de emergencia, especialmente en las naves del Tarajal, con importantes carencias de alimentación e higiene. En algunos espacios, según la organización, se estaría proporcionando únicamente una comida diaria. Hay madres solas intentando conseguir pañales. Niñas que han referido infecciones urinarias relacionadas con unas condiciones higiénicas deficientes. Adolescentes que duermen en los lugares que encuentran o a la intemperie.
“Estamos viendo a niñas y niños que deberían estar protegidos en el sistema de infancia y que, sin embargo, siguen pasando las noches en la calle”, advierte Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children. La organización subraya especialmente la vulnerabilidad de las niñas: permanecer fuera de los circuitos de protección aumenta el riesgo de violencia sexual, explotación, trata o captación por redes criminales.
Asociaciones vecinales y particulares han improvisado espacios de acogida, distribuyen alimentos, ropa y productos de higiene y tratan incluso de elaborar sus propios recuentos. Historias como la de Sabah Hamed, una vecina de Los Rosales que llegó a atender en su propia vivienda a unas 400 personas al día, ofreciendo comida, ropa y duchas, permiten hacerse una idea de la dimensión del problema.
¿Cuántos menores hay fuera del radar?
Para comprender cómo se ha llegado hasta aquí hay que regresar al 30 y 31 de julio. La frontera quedó desbordada por una llegada de dimensiones extraordinarias. Miles de personas accedieron caminando, sorteando el perímetro o rodeando a nado el espigón del Tarajal. Entre ellas había jóvenes, niños y familias enteras. Guardia Civil y servicios de emergencia llegaron a reconocer que sus medios estaban sobrepasados. Las cifras han ido revisándose desde entonces. El Gobierno sitúa ya en torno a 80.000 las entradas producidas durante aquellos dos días, de las cuales aproximadamente el 90% habría terminado con el retorno a Marruecos. Entre 7.000 y 9.000 personas continuarían en Ceuta. El Ejecutivo calcula que unas 2.500 son menores (alrededor de 600, niñas) y que otras 2.500 personas podrían encontrarse en condiciones de solicitar protección internacional.
Entonces, ¿cuántos niños quedan realmente fuera del radar? Identificar a un menor significa incorporarlo al sistema, determinar su edad y circunstancias, comprobar si viaja solo, localizar eventualmente a su familia, estudiar si puede ser víctima de trata y averiguar si procede de un país donde regresar podría ponerlo en peligro.
El caso de Omar, sudanés
Save the Children ha conocido, por ejemplo, a Omar, nombre ficticio para preservar su identidad, un adolescente procedente de Sudán que asegura llevar aproximadamente un año y medio viajando. Antes de alcanzar Ceuta había atravesado Argelia, Libia, Chad y Marruecos. Su procedencia cambia jurídicamente muchas cosas. Sudán vive una de las mayores crisis humanitarias y de desplazamiento del mundo y, por ello, un menor sudanés no puede considerarse simplemente una cifra dentro de un dispositivo general de retorno. Su historia debe ser examinada individualmente para determinar, entre otras cuestiones, si necesita protección internacional.
La inmigración ha vuelto a ser materia de confrontación política, aunque en las últimas horas se ha producido una coincidencia poco habitual. Gobierno y Partido Popular consideran prioritario estudiar la repatriación a Marruecos de los menores marroquíes que puedan regresar con garantías. Las comunidades autónomas deberán asumir también parte de la acogida prevista por el mecanismo estatal de redistribución.
Repatriar a un menor, sin embargo, no equivale jurídicamente a devolver a un adulto que ha entrado irregularmente. La finalidad debe ser la reunificación familiar o su adecuada protección en el país de origen, después de analizar individualmente las circunstancias y atendiendo siempre a su interés superior. La experiencia de la crisis ceutí de 2021 dejó una larga controversia judicial sobre las garantías necesarias en estos procedimientos.
Además, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha establecido que el mecanismo de rechazo inmediato en frontera no puede aplicarse de manera automática a quienes acceden a Ceuta o Melilla a nado, al considerar que ese supuesto no equivale a superar físicamente los elementos de contención fronterizos previstos por la legislación.
El tablero político es, por tanto, complejo. El PP ha endurecido sus críticas al Ejecutivo por la gestión de la crisis y ha reclamado explicaciones parlamentarias, pero sus comunidades han reconocido que cumplirán el mecanismo legal de acogida de menores. Vox mantiene una posición mucho más restrictiva respecto a la inmigración y algunas comunidades gobernadas por esta formación han anunciado que no participarán en las reuniones convocadas para abordar la emergencia.
En Ceuta, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, del PP, ha reclamado desde el comienzo que el Estado trate la situación como una emergencia nacional. Más recientemente ha pedido habilitar un centro para los adultos susceptibles de expulsión mientras se tramitan sus expedientes.
La legislación aprobada para afrontar las contingencias migratorias extraordinarias establece precisamente un mecanismo de redistribución de menores extranjeros no acompañados cuando determinados territorios soportan una presión que supera su capacidad. El Real Decreto aprobado el pasado junio fija la capacidad ordinaria de Ceuta en 29 menores extranjeros no acompañados, frente a los 3.009 de Andalucía, 2.829 de Cataluña o 2.471 de Madrid. El sistema prevé mecanismos de redistribución cuando un territorio excede tres veces su capacidad ordinaria.
La desproporción permite comprender el problema de una ciudad de unos 80.000 habitantes para absorber por sí sola una emergencia de esta magnitud. Save the Children recuerda que la solidaridad ciudadana no puede convertirse en sustituto del Estado.