Ana irá este lunes a trabajar al colegio García Lorca, en Loma Colmenar. Lo cuenta con la resignación de quien sabe que, por muchas dudas que tenga, la vuelta al curso no admite demasiadas alternativas. “Yo tengo que ir a trabajar, no puedo hacer otra cosa”. Es profesora y durante las últimas semanas ha visto cómo la zona en la que está situado su centro se convertía en uno de los principales puntos de acogida de migrantes de Ceuta.
“Es una zona que ahora nos genera inseguridad porque en Loma Colmenar está el embolsamiento de migrantes”, explica. El dispositivo está concentrado en espacios determinados y vigilado por efectivos policiales y militares, pero ese dato no termina de disipar su inquietud.
Su hijo Daniel también vuelve al colegio. Hasta este verano, como tantos adolescentes ceutíes, podía desplazarse solo en autobús. “Aquí es muy normal que los chicos vayan y vuelvan solos. Ahora nosotros no nos sentimos capaces de hacerlo”, asegura Ana. Cuando se le pregunta qué ha cambiado, la respuesta es fundamentalmente una percepción de inseguridad: “Nos da miedo que haya tanta gente migrante por la calle y no saber qué puede pasar”.z
Ceuta llega así al domingo anterior al inicio del curso con buena parte de su comunidad educativa pendiente de cuestiones que rara vez forman parte de los preparativos de septiembre. El Ministerio de Educación mantiene el lunes 8 como fecha de incorporación de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial, alrededor de 13.400 alumnos según las cifras manejadas durante estas semanas. Formación Profesional, Escuela Oficial de Idiomas y enseñanzas artísticas comenzarán dos días después.
Los cuadernos, los uniformes o las mochilas han compartido espacio este año con reuniones de seguridad, limpieza extraordinaria, contratación de vigilantes y dudas sobre cómo llegar hasta el colegio. El Ministerio ha diseñado un dispositivo con presencia de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Fuerzas Armadas en las rutas escolares, los accesos y el entorno de los centros. También ha anunciado acompañamiento psicosocial para alumnos y familias después de cinco semanas en las que la crisis migratoria ha alterado profundamente la vida de la ciudad.
Ese despliegue pretende precisamente responder al miedo que describen Ana y otras familias. También produce una situación que David Díez, director del colegio concertado San Agustín, contempla con cierta incomodidad.
“No es normal que para que sus hijos vengan al colegio tengan que ser escoltados, acompañados por el Ejército, Guardia Civil o Policía, y que en todos los centros educativos tengamos que contratar personal de seguridad privada”, ha explicado Díez. Entre los padres de sus alumnos encuentra posiciones diferentes: algunos desean recuperar cuanto antes la rutina escolar y otros siguen teniendo miedo.
La preocupación de Díez tampoco termina en la puerta de su colegio. Durante estos días ha recorrido los asentamientos del polígono del Tarajal y otras zonas de la periferia. “Se te cae el alma a los pies”, ha reconocido después de encontrarse con menores viviendo “sin higiene, sin lo mínimo y necesario”. “Todos ellos también merecen un respeto y una dignidad por el simple hecho de ser personas”.
La contradicción forma parte de esta vuelta al colegio: mientras unas familias temen que sus hijos caminen solos por las calles, hay menores migrantes que siguen sin tener siquiera una escuela a la que incorporarse.
“Nos están obligando a reorganizar toda la vida”
María del Rosario Giménez vive en la calle Real. En las familias con niños pequeños, cuenta, la organización de septiembre se ha complicado. “Los padres tienen que cuadrarse para llevarlos y recogerlos, acompañarlos a las extraescolares, intentar que no estén solos… Nos está obligando a reorganizar toda la vida”, explica. Ella pertenece al grupo de vecinos que reclama una devolución generalizada: “Tendrían que haberlos devuelto desde el primer momento”.
También habla de los colegios que acogieron durante agosto a menores migrantes y utiliza una expresión que se ha extendido entre algunos vecinos: “Encima tienen que fumigar los colegios porque estaban asquerosos”.
Los centros a los que se refiere son fundamentalmente los CEIP Reina Sofía y Príncipe Felipe, ambos en la barriada del Príncipe. Fueron los dos colegios que el Ministerio puso finalmente a disposición de la emergencia para alojar a niñas y otros menores que habían quedado fuera del sistema de protección. A comienzos de agosto, casi un centenar de niñas llegaron al Reina Sofía y posteriormente se utilizó también el Príncipe Felipe.
No consta, sin embargo, una “fumigación” de esos colegios. El Ministerio comunicó que ambos habían sido desalojados antes de la incorporación del profesorado y que se estaban realizando trabajos de acondicionamiento, reparación de desperfectos y limpieza para garantizar que pudieran abrir el día 8. La FAMPA Cuatro Culturas ha pedido además que cualquier centro utilizado durante la emergencia sea revisado, reparado, limpiado y desinfectado antes de recibir alumnos.
Otro caso distinto es el colegio concertado San Daniel. Allí no se habilitó oficialmente ningún alojamiento, pero durante agosto varias personas entraron en el recinto, accedieron al almacén de Educación Física y dejaron restos de comida y suciedad. La dirección denunció daños, cerró temporalmente el gimnasio y contrató vigilancia. La Policía llegó a intervenir el 8 de agosto después de recibir avisos sobre personas dentro de las instalaciones.
A raíz de estos episodios, docentes de numerosos centros se fotografiaron al comenzar septiembre con carteles reclamando “Seguridad en nuestras aulas” y “Seguridad para nuestro alumnado”. Participaron profesionales del Almina, Puertas del Campo, San Daniel, San Agustín, Siete Colinas, Clara Campoamor, Camoens, la Escuela Oficial de Idiomas y el Abyla, entre otros.
Dos escuelas infantiles que no abrirán
Los alumnos mayores volverán este lunes. Para cientos de familias de niños de cero a tres años, la situación es diferente. La Ciudad Autónoma dispone este curso de 728 plazas dentro de su red de escuelas infantiles y centros privados contratados. La gran novedad iba a ser la nueva Escuela Infantil Nuestra Señora de África, construida en Loma Colmenar y con capacidad para 176 niños: 16 bebés de cero años, 52 alumnos de un año y 108 de dos. Juan Carlos I cuenta con otras 142 plazas y La Pecera con 160.
Nuestra Señora de África y Juan Carlos I no empezarán a recibir alumnos el día previsto y la Ciudad fijó inicialmente el 28 de septiembre como primera fecha posible. En Juan Carlos I, la Consejería atribuye el retraso a trámites administrativos pendientes relacionados con la adjudicación del servicio. En Nuestra Señora de África quedaban trabajos de limpieza, colocación del mobiliario y puesta a punto.
Pero en esta última escuela se ha añadido un conflicto que nada tiene que ver con pupitres o mobiliario. Frente al nuevo edificio se está instalando un espacio temporal de acogida para alrededor de 900 migrantes. Padres, vecinos, trabajadores y sindicatos han protestado durante varios días contra esa ubicación y algunos intentaron paralizar el montaje de las carpas. La Policía permitió que los trabajos continuaran.
Andrea es una de las vecinas que ha participado en esas movilizaciones. “Estoy mentalmente saturada. Tengo pena, rabia, impotencia… Mi marido me ha llegado a proponer que nos vayamos, pero no entiendo por qué me tengo que ir de mi ciudad”, ha explicado.
Los 176 niños que debería acoger el nuevo centro tienen entre cero y tres años. CSIF ha reclamado una evaluación específica de riesgos antes de su apertura, coordinación con Policía, Bomberos y 112 y protocolos adaptados a la edad de los pequeños. El sindicato pide que se estudie otra ubicación para el recurso migratorio si existe una alternativa técnicamente posible.
La Consejería, además, ha manejado durante los últimos días otra posibilidad: que Nuestra Señora de África no estrene finalmente su nuevo edificio cuando empiecen las clases y que el alumnado pueda redistribuirse temporalmente entre otros recursos mientras el personal utiliza las antiguas instalaciones del Morro. Esa opción fue trasladada a representantes sindicales el viernes, aunque a estas alturas todavía no existe una normalidad comparable a la prevista cuando se diseñó el curso.
La Pecera, la tercera escuela infantil municipal, sí mantiene su actividad.
Seguridad pública y privada
También los seis centros concertados han atravesado días de incertidumbre. En un primer momento, sus responsables entendieron que el Ministerio no financiaría seguridad privada dentro de los recintos. Posteriormente, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, comunicó a sus responsables que dispondrían de subvenciones para contratar vigilancia.
David Díez, director de San Agustín, admite que la medida tranquiliza a las familias, aunque le preocupa el significado de comenzar un curso bajo semejante despliegue. “Habrá padres que estén deseando llevar a sus hijos al cole”, cuenta. “Y entiendo perfectamente también que haya otros que tengan temor”.
El Gobierno ha insistido en que el dispositivo exterior no distingue entre públicos y concertados. Fuerzas de Seguridad y otros efectivos tendrán presencia en los entornos escolares y las rutas de transporte, mientras los colegios concertados podrán reforzar el interior mediante vigilancia privada.
Jorge, padre de familia, sigue sin estar completamente tranquilo. “Estamos un poco confusos. No nos están dando seguridad suficiente ni sabemos qué debemos hacer y qué no. Nos preocupa la seguridad, la limpieza, saber cómo están los centros”, cuenta. Durante agosto llegó a plantearse marcharse con su familia a la Península. “Tenemos solidaridad con los migrantes porque son seres humanos, eso lo tenemos claro. Pero no entendemos cómo se ha gestionado todo esto. Sentimos que nos han dejado vendidos”.
Rosa, que acompañará estos días a sus dos nietas a un colegio concertado, emplea palabras mucho más duras. Reconoce que en su centro “no ha habido ningún problema”, pero la situación general le parece intolerable. “Yo he nacido en Ceuta y hemos convivido toda la vida con españoles de religión musulmana. Mis hijos han salido solos y yo también lo hacía de joven. Pero esto no tiene ni pies ni cabeza”.
Su discurso deriva después hacia expresiones que se escuchan desde hace semanas en las manifestaciones: “Esto no es inmigración, es invasión”. Insiste, al mismo tiempo, en rechazar que su posición sea racista: “Con los de aquí no tenemos ningún problema. Son españoles”.
Atribuye a la presencia migrante agresiones, inseguridad y un supuesto desplazamiento de ayudas sociales hacia los recién llegados. “Aquí hay familias con tres, cuatro o cinco hijos que necesitan alimentos. Primero habrá que ayudar también a la gente que ya estaba pasando hambre”. No existen datos que acrediten que las ayudas destinadas a la emergencia hayan dejado sin asistencia a las familias ceutíes, y una parte importante de la alimentación de los migrantes ha recaído sobre organizaciones humanitarias y redes vecinales.
Aaron irá al García Lorca como siempre
No todos los residentes de las zonas con mayor presencia migrante describen el mismo miedo. Uafa Mohamed vive en Loma Colmenar. También tiene un hijo pequeño, Aaron, alumno del García Lorca, el mismo centro en el que trabaja Ana. Durante estas semanas ha ayudado a personas migrantes que permanecen en la zona y este lunes llevará a su hijo al colegio.
Dice que irá y volverá “sin problema”. Su testimonio rompe una imagen que puede resultar engañosa cuando se escucha únicamente a quienes acuden a las protestas. Loma Colmenar soporta una de las mayores concentraciones de recursos y asentamientos de toda la ciudad y sus vecinos han convivido directamente con la emergencia durante más de un mes. Unos sienten miedo; otros han llevado comida o ropa, han prestado cargadores, han explicado dónde están los servicios disponibles o simplemente han continuado con su vida cotidiana.
A escasa distancia del colegio García Lorca están también Ahmed, Amiine y Marwan. Ellos no se preparan para la vuelta al colegio. Son menores migrantes y llevan días preocupados por conservar el lugar que ocupan dentro del dispositivo de Loma Colmenar. “Llevamos cuatro días durmiendo en la calle para no perder nuestro sitio”, explican.
Cuando se les pregunta si quieren ir al colegio, la respuesta llega con una naturalidad difícil de encajar con todo el debate de las últimas semanas: sí. Les encantaría.
Mientras las familias ceutíes preparan la vuelta a las aulas, centenares de menores llegados durante la crisis continúan pendientes de que se determine su edad, su situación y el recurso de protección que les corresponde. El desbordamiento ha llevado al Gobierno a reclamar plazas en otras comunidades autónomas y ha dejado durante semanas a asociaciones vecinales y organizaciones sociales atendiendo a niños y adolescentes fuera de la red ordinaria.
El lunes que Ceuta lleva semanas esperando
El Ministerio ha defendido desde agosto que retrasar de forma generalizada las clases no era una opción. Abelardo de la Rosa lo resumió después de una Junta Local de Seguridad convocada específicamente para preparar el regreso: “El curso escolar ceutí va a empezar justamente cuando estaba previsto”.
CCOO se ha manifestado en la misma dirección: reclamar todas las garantías de seguridad, higiene y transporte que sean necesarias, pero preservar el derecho de los alumnos a volver al aula. La FAMPA ha pedido además apoyo psicológico e información continuada a las familias, y el Foro de la Educación ha creado un grupo específico de diez miembros para seguir las incidencias que aparezcan a partir de este lunes.
Así llega Ceuta al 8 de septiembre. Con colegios que abrirán en la fecha prevista, dos escuelas infantiles que tendrán que esperar, vigilantes privados en los centros concertados y policías, guardias civiles y militares alrededor de las rutas escolares. Con padres que han decidido acompañar a unos hijos que antes se movían solos, otros que no ven motivo para cambiar sus costumbres y familias que llevan semanas preguntándose si la seguridad prometida será suficiente.
Y, muy cerca de algunas de esas escuelas, con menores como Ahmed, Amiine y Marwan mirando el comienzo de curso desde fuera. Para ellos, la preocupación del lunes será exactamente la contraria: no cómo llegar seguros hasta el colegio, sino cuándo podrán entrar en uno.