El documento del Centro Nacional de Inmigración y Frontera (CENIF), que advertía de un “riesgo potencial de entradas irregulares” veinticuatro horas antes del 30 de julio, sigue siendo negado por Interior, que ha rebajado su contenido a simples “flujos” y ha evitado reconocerlo como una alerta operativa a pesar de que el documento apuntaba como “alta” la posibilidad de la entrada a nado tras la sentencia del Tribunal Supremo. La disputa se agrava porque el ministro ha negado también que la movilización procediera de Marruecos, pese a que las imágenes, los testigos, el lugar y los hechos den cuenta de ello.
Esa reinterpretación del lenguaje y el choque político entre departamentos han situado a los agentes en medio de una disputa que, según denuncian, trata de desacreditarles por mantener el relato de “no sabía nada” de Marlaska mientras sostenían la frontera con un dispositivo insuficiente. “Nos dejaron vendidos”, resumen.
Según Interior, miente la Policía, miente la Guardia Civil y miente el CNI (incluida la ministra de Defensa, Margarita Robles, que da voz a los servicios de inteligencia que no pueden pronunciarse): todos habrían exagerado, malinterpretado o inventado una alerta que siguió los cauces ordinarios pero que, aun así, no activó ninguna reacción operativa. Para los agentes, el mensaje es claro: “Si reconocer la alerta implica asumir que no se actuó, entonces prefieren decir que no existió”.
La consecuencia es que tres cuerpos del Estado -cada uno con competencias distintas y con información complementaria- quedan situados en el mismo plano de sospecha para sostener el relato de que “no hubo aviso” y que, por tanto, no habría existido una omisión de refuerzo.
Evidencias una semana antes
Pero la tensión en Ceuta, sin embargo, no surgió de manera inesperada. Una semana antes, agentes y vecinos ya advertían del ambiente en Castillejos. “Era una feria. Había un montón de gente”, destacan fuentes de la Guardia Civil a Artículo 14. “Si los de a pie lo veíamos venir, los de arriba lo sabían también“, sentencian fuentes policiales. De hecho desde el sindicato Jupol aseguran tajantes: “Marlaska lo sabía. Nos ha mentido a todos”.
Fuentes policiales alertan de que “defender a los agentes supone arriesgarse a un expediente, pero no podemos callar más”. Y es que, el documento del CENIF no hacía más que poner por escrito lo que ya se percibía sobre el terreno: un incremento sostenido de llegadas y una movilización creciente al otro lado de la frontera.
Un delegado cuestionado
La Delegación del Gobierno negó haber recibido una alerta, pero admitió que recibía datos diarios del aumento de entradas por vía marítima. “Negaron el aviso y admitieron el dato”, critican desde AUGC. “Tenían la información delante todos los días y decidieron llamarla de otra manera”. Esa reinterpretación semántica -alerta no, flujo sí- es, para los agentes, el punto de partida de la crisis política que ahora les salpica.
Además, advierten de que los agentes que están sobre terreno podrían estar expuestos a un “problema disciplinario e incluso penal” si dan cuenta pública de lo que conocían y “bastante están soportando ya” y es que, la presión política está condicionando incluso la capacidad de los agentes para defenderse públicamente.
El choque entre departamentos se ha trasladado a la Audiencia Nacional, que ha requerido documentación a la Jefatura de Información. Fuentes del Instituto Armado advierten de que la pregunta clave no es quién informó, sino qué se hizo con la información disponible. “No hay reproche a los servicios de información. La responsabilidad es política”, sentencian. “Solo hay dos escenarios posibles y los dos son igual de graves: una que llegó la información y aun así nadie ordenó reforzar el dispositivo o que el Estado no fue capaz de detectar “una movilización que llevaba semanas organizándose a la vista de todos”. “En cualquiera de las dos opciones estaban nuestros compañeros en lo puesto”.
Asimismo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hay una pregunta que se repite: “¿Por qué las boyas que el propio Tribunal Supremo señalaba como vía para aplicar el rechazo en frontera se instalaron en 48 horas cuando ya había más de cien muertos y no en los veinte meses anteriores? ¿Por qué la aplicación de los espigones o el centro de atención temporal o el mando único han llegado semanas o años después de haberse pedido?”.
La Policía sostiene en un informe remitido a la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional, que la entrada no fue espontánea. Los agentes detallan que varios individuos actuaron como cabecillas, coordinando la entrada y dando instrucciones sobre los puntos de acceso. “La juez que instruye el proceso dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración del contenido de dicho informe” motivo por el cual, “el director general de la Policía no tuvo conocimiento previo del mismo”, destacan desde la dirección que apuntan que el informe del CENIF era solo un documento de “alerta de riesgo frecuente”.
“Hartazgo e impotencia”, es el sentir de los agentes desplegados en la ciudad autónoma donde han contabilizado un total de más de 50 agresiones a agentes. “Nos estamos pegando horas de paliza trabajando, pero no valen para nada y aseguran que “la situación es peor” que hace semanas.
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