Las fuerzas de seguridad de Lituania han desarticulado en Kaunas una instalación clandestina dedicada a la producción, envasado y etiquetado de bolsas de nicotina falsificadas, incautando más de 330.000 envases listos para su distribución internacional.
La operación marca un hito histórico al tratarse del primer desmantelamiento de un centro de producción de este tipo registrado fuera de China. Este hallazgo confirma el cambio de tendencia en el mercado ilegal: las redes criminales ya no se limitan a contrabandear productos desde Asia, sino que han instalado capacidad industrial dentro de las propias fronteras comunitarias para fabricar y distribuir sin ningún control sanitario, fiscal ni de trazabilidad.
Esta realidad coincide con los resultados del informe de KPMG, Illicit Cigarette and Heated Tobacco Consumption, and Oral Nicotine Share in Europe, elaborado para evaluar el mercado ilícito en la región. El estudio advierte que la brecha ilícita no deja de crecer y señala expresamente que en los mercados donde las bolsas de nicotina y nuevos productos se prohíben o se someten a restricciones extremas, la disponibilidad en el mercado negro se dispara con productos falsificados o no conformes.
KPMG alerta de que las brechas fiscales y los marcos punitivos desmedidos actúan como incentivo para las mafias, que trasladan sus centros de producción al corazón de la UE para minimizar riesgos logísticos en frontera.
Actualmente, la Comisión Europea está debatiendo la reforma de la TPD (Directiva sobre Productos del Tabaco) y la TED (Directiva sobre la Fiscalidad del Tabaco). Lo sucedido en Lituania pone sobre la mesa el reto al que se enfrenta Bruselas: endurecer el marco regulatorio sin provocar un efecto rebote que alimente la demanda en el mercado clandestino y beneficie a las redes criminales ya asentadas en suelo europeo.
El horizonte para España
En España, donde el Ministerio de Sanidad tramita normas para equiparar el tabaco calentado, los vapeadores y las bolsas de nicotina a las restricciones del tabaco tradicional, la consolidación de un modelo Made in Europe representa una seria amenaza. Si la regulación se vuelve excesivamente restrictiva y no atiende a la realidad del consumo, se corre el riesgo de empujar a los usuarios hacia circuitos ilegales, privando al Estado de ingresos fiscales y dejando al consumidor desprotegido ante productos no regulados.
El caso lituano evidencia que la respuesta a estos nuevos productos exige equilibrio: combinar una regulación sanitaria sensata con una estrecha vigilancia policial y de trazabilidad, en lugar de barreras punitivas que sirvan de catalizador para el contrabando interno.