La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del CGPJ, Esther Erice, ha remitido en la mañana de este lunes una carta a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, en respuesta a la misiva remitida por esta la pasada semana en relación con las pulseras anitmaltrato. Una carta en la que Martínez negaba que el Observatorio hubiera advertido de los problemas que podría acarrear el cambio de proveedor del servicio que tuvo lugar el año pasado por decisión del Departamento que lidera Ana Redondo.
En dicha misiva Erice recuerda que la instalación de dichos dispositivos es una de las medidas de protección de las víctimas que los órganos judiciales pueden acordar y que las incidencias que se puedan ocasionar deben comunicarse al servicio competente de su gestión, “que no son ni los juzgados y tribunales ni el Consejo General del Poder Judicial”. En todo caso, las comunicaciones sobre “incidencias” que puedan recibirse en el Observatorio son trasladadas a los “organismos competentes” para así “garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de alejamiento acordadas”.
Así sucedió, explica la carta, con dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada informando de “diversas incidencias” referidas por los órganos judiciales de la provincia, de los que se dio cuenta desde el Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género el 8 de enero y el 21 de febrero de 2025, respectivamente; y con la comunicación de otra incidencia remitida por un órgano judicial de Galicia, de la que se dio traslado a la Delegación el 27 de febrero de 2025.
La cuestión relativa a los problemas detectados en el funcionamiento del sistema de dispositivos electrónicos fue tratada “de forma exhaustiva” en la reunión del pleno del Observatorio celebrada el 27 de febrero de este año. En el curso de dicha reunión, señala la carta, “intervinieron todas las instituciones concernidas que integran este órgano y se adoptaron medidas para agilizar aún más, si cabe, la transmisión de las incidencias que pudieran producirse”. Estas instituciones son el propio CGPJ, los Ministerios de Justicia, de Igualdad, del Interior, la Fiscalía General del Estado, las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España. En concreto, por parte del Observatorio “se interesó de quien gestiona estos dispositivos que se adoptaran las medidas necesarias para solventar las incidencias y propiciar las mejoras adecuadas”.
En esa misma reunión también se dio cuenta por parte del Observatorio de la puesta en marcha de una encuesta dirigida a los titulares de los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer, iniciativa que se desarrolló durante los meses de febrero y marzo y de cuyo resultado está previsto informar al resto de las instituciones en la reunión del Pleno del Observatorio que se celebrará previsiblemente octubre.
Erice finaliza su carta confiando en que la información aportada sea de utilidad para una mayor protección y seguridad de las víctimas y reiterando “el firme y leal compromiso del Observatorio y del Consejo General del Poder Judicial en la lucha contra la violencia de género”.
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