En lo que va de 2026, las parejas o exparejas han asesinado a 42 mujeres en España. Diecinueve de esos crímenes se cometieron en municipios de menos de 20.000 habitantes: el 45,2%, casi una de cada dos víctimas.
La proporción es la más alta de la serie desde 2020, aunque el número de asesinatos rurales ya se había alcanzado en 2024. Entonces fueron 19 de las 49 víctimas, el 38,8%. En 2025 fueron 16 de 48, el 33,3%; en 2023, 17 de 58, el 29,3%; en 2022, 14 de 50, el 28%; en 2021, 15 de 49, el 30,6%, y en 2020, 15 de 50, el 30%. El recuento de este año sigue abierto.
El dato señala dónde se cometieron los asesinatos. Para entender qué puede implicar vivir violencia de género en un pueblo, hay que mirar también el día a día: la cercanía con el agresor, la exposición ante el entorno, la distancia a los servicios y la dependencia económica. Son condiciones que pueden cruzarse y reducir las opciones de pedir ayuda o marcharse.
Cuando todo el mundo se conoce
En una localidad pequeña, víctima y agresor pueden compartir calles, comercios, amistades y lugares de encuentro. Después de una denuncia o una separación, ella puede seguir cruzándose con él o con su familia. También puede temer que los vecinos sepan que ha pedido ayuda.
El estudio del Ministerio de Igualdad Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural, recoge testimonios de mujeres que temían que el vecindario supiera que habían acudido a un servicio. Algunas dijeron que no las creyeron. Otras contaron que recibieron reproches por separarse y presión para mantener unida a la familia.
El informe también describe roles machistas que atribuyen a las mujeres los cuidados y la responsabilidad de sostener la familia, mientras sitúan al hombre como quien decide. Si se espera que ella mantenga la pareja, separarse puede presentarse como un problema creado por la mujer. Y si la violencia se considera un asunto privado, las conductas de control pueden tardar más en reconocerse y en contarse.
Un estudio de Laura Pavón-Benítez y Carmen Ruiz-Repullo, publicado en Journal of Interpersonal Violence, analiza la violencia psicológica en el medio rural a partir de entrevistas y grupos de discusión con 27 mujeres y profesionales. Sus conclusiones apuntan a que la cercanía entre las personas y el tamaño reducido de la población pueden intensificar la presión social y el estigma. Eso puede frenar la búsqueda de apoyo o la denuncia.
La edad también influye en cómo se reconoce la violencia. Un estudio publicado en 2025 en Journal of Elder Abuse & Neglect recoge entrevistas con 14 mujeres mayores de 60 años de municipios rurales de la Sierra de Segura, en Jaén. Describe cómo los roles tradicionales, el estigma y la falta de recursos pueden mantenerla oculta. Algunas participantes no identificaban ciertos comportamientos como maltrato.
La ayuda puede estar lejos
A la presión del entorno se suma la distancia. En el estudio del Ministerio, el 39,6% de los profesionales consultados señaló la dispersión geográfica y la falta de transporte como el principal obstáculo para acceder a los recursos. Muchas mujeres no tenían coche ni carné. La atención especializada podía estar en otro municipio.
Una cita puede exigir que alguien las lleve, pedir tiempo en el trabajo o encontrar quién cuide de sus hijos. Si el transporte público escasea y dependen del coche de su pareja, desplazarse también puede depender de él. Además, que alguien las vea entrar en un servicio puede hacer visible que están buscando ayuda.
La distancia complica también mantener el seguimiento. Algunos equipos cubren varios municipios y no están disponibles todos los días. Encontrar profesionales especializados o recibir atención continuada puede requerir nuevos desplazamientos. No basta con llegar a una primera cita: hay que poder volver.
Las redes comunitarias pueden ofrecer apoyo si actúan con confianza y discreción. El estudio de Pavón-Benítez y Ruiz-Repullo señala el papel de las asociaciones de mujeres y de las profesionales especializadas. Su presencia puede evitar que una mujer afronte sola la situación.
Marcharse también depende de tener medios
El empleo precario o temporal, la falta de ingresos propios y la carga de los cuidados reducen las alternativas para empezar de nuevo. Una mujer que piensa en separarse puede tener que resolver a la vez dónde vivir, cómo mantenerse y quién cuidará de sus hijos. Decidir marcharse no significa tener medios para hacerlo.
El estudio participativo Nos salimos del tiesto, publicado en 2025 por Mujeres en Zona de Conflicto a partir de experiencias de mujeres rurales de Andalucía y Extremadura, aborda la precariedad laboral, la sobrecarga de cuidados y la falta de alternativas de empleo. Esos obstáculos pueden limitar la autonomía económica y dificultar tanto la ruptura como la vida después de la separación.
La cercanía, el aislamiento y la dependencia no explican por sí solos la proporción de asesinatos de este año. Sí ayudan a entender por qué, para una mujer que sufre violencia en un pueblo, pedir ayuda y construir una salida pueden exigir más pasos y más apoyos.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.