Desde que supe que en apenas unas semanas votábamos de nuevo, me planteé prestar atención a cuáles de los puntos de los programas políticas incluían propuestas feministas. En el avispero agitado furiosamente durante los últimos meses las mujeres hemos sido símbolos, como Maricarmen, víctimas, como las niñas de Ceuta, o atacos para atacar al adversario, como Begoña, pero las conversaciones reales o las medidas concretas para que la vida se convierta en un espacio menos hostil, más humano se afinaban hasta convertirse en un hilillo.
Hace veinte años, lo recuerdo como si hubiera transcurrido un siglo, el feminismo español discutía sobre cómo las mujeres podrían alcanzar una igualdad efectiva con los hombres. Nadie ponía en duda el sujeto político, y el debate se concentraba en abrir puertas, en la desigualdad y que lo hasta entonces privado pasara a ser asunto público. La violencia machista dejó de entenderse como un problema doméstico; la equiparación de salarios, la representación de las mujeres en parlamentos, empresas, universidades y cultura se convirtió en una cuestión política; los derechos sexuales y reproductivos se consolidaron como parte de la autonomía personal, y la conciliación y sus contradicciones salpicaron a las empresas.
Nada de eso ha desaparecido, camuflado, a menudo, en franjas sociales o de edad, pero en 2026 el mapa es mucho más complejo. La conciliación incluye los conceptos de cuidados y carga mental; los derechos reproductivos contemplan la maternidad tardía, la reproducción asistida, la vitrificación de óvulos o la menopausia; la violencia, además de la agresión física, abarca el control digital, el acoso en redes y la alargada y oscura sombra de los deepfakes y la propia categoría de mujer se examina ahora junto a otras desigualdades de clase, edad, origen, discapacidad o migración.
Pero el cambio más profundo se ha configurado en muy pocos años, y aborda la relación entre sexo, género e identidad, y la disputa entre el feminismo heredero del feminismo materialista y el feminismo queer y transinclusivo. En España, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero defendió con fuerza esta posición y la convirtieron en política pública con la Ley 4/2023.
La fractura fue imprevista e intensa porque se discutía sobre un derecho nuevo, y además sobre la herramienta con la que el feminismo mide la desigualdad. Si la categoría central es el sexo, unas políticas parecen necesarias; si lo es la identidad, otras; si ambas deben convivir, urge decidir en qué ámbitos importa una y en cuáles la otra.
Ese es probablemente el gran cambio entre 2005 y 2026. Pero el feminismo de los próximos años, el que debería abordarse en esta campaña electoral, se desplazará, creo, desde la disputa identitaria hacia una agenda más material: la de los cuidados, la maternidad, la vivienda, el envejecimiento, y la desigualdad económica. Los partidos que sigan tratando el feminismo como una trinchera cultural perderán definitivamente la conexión con muchas mujeres, como ya lo hicieron, desde el principio, con los hombres. La política tendrá que abandonar los lemas absolutos, aceptar los conflictos reales entre los diversos derechos y legislar de nuevo sobre problemas concretos, medibles y cotidianos. Y ahí quisiera verlos, y ahí, me temo, no los veré.