El Claustro del Profesorado, órgano interno de representación académica, debatió por primera vez la moción que hacía constar la falta de confianza en la capacidad de la administración del centro educativo de élite para tratar eficazmente los casos de agresiones sexuales. El martes, la universidad ya aprobó la cancelación de las fiestas en las residencias estudiantiles para el resto del curso académico, y anunció que agregaría más investigadores para colaborar con la Policía para esclarecer el caso de violencia sexual grupal ocurrido en octubre de 2024.
Paul Ortiz, profesor de historia del trabajo y miembro del Claustro, lideró la moción contra la dirección. “Estudiantes y antiguas alumnas han compartido experiencias de haber sido violadas en Cornell. Estas mujeres testifican que tenían miedo de denunciar las agresiones porque sentían que Cornell, en ocasiones, ha tratado la violación más como un problema de relaciones pública’ que como un delito atroz”, aseguró el profesor a la Agencia EFE.
Con dichos anuncios, la facultad trató de mandar un mensaje de confianza a estudiantes y personal académico tras la denuncia presentada hace varias semanas por la ex alumna de pseudónimo Jane Doe. “Debemos estar a la altura de este momento reconociendo en qué hemos fallado y emprendiendo acciones significativas”, anunció el martes Michael I. Kotlikoff, presidente de Cornell, en una carta dirigida a la comunidad universitaria. Y aclaró: “Cornell debe ser un lugar donde la seguridad no esté en entredicho”.
Jane Doe denunció que en la madrugada del 20 de octubre de 2024 fue drogada y agredida sexualmente durante horas por siete miembros del campus de Ithaca, (Nueva York). Presentó una demanda civil en septiembre de 2026 contra los acusados, la universidad y otras entidades, alegando también que la policía universitaria omitió detalles clave en el informe enviado a la Fiscalía.
La investigación penal inicial concluyó en 2024 sin cargos, pero se reabrió tras la nueva demanda presentada por Doe. En el procedimiento interno, Cornell expulsó a dos estudiantes y suspendió a otros dos, mientras los siete hombres niegan las acusaciones. La denuncia de Doe generó un shock nacional, especialmente tras revelarse los mensajes de Snapchat en que se hablaba de la mujer agredida en lenguaje despectivo y deshumanizante.
Por ahora, no solo quedan canceladas las fiestas en Cornell, sino todos los encuentros sociales en las residencias estudiantiles. Tras el cambio de paradigma generado durante la pandemia del coronavirus, en que muchos bares de Ithaca cerraron, se popularizaron las fiestas en la residencia estudiantil de la universidad.
Entre las medidas anunciadas, el campus también proveerá apoyo a víctimas de agresiones sexuales, con la contratación de más personal para su oficina de derechos civiles que ayudará a quienes presenten denuncias a lidiar con el complejo sistema burocrático de la facultad. La universidad también colaborará con la Policía de Nueva York para poder elaborar “resúmenes de investigación exhaustivos para la agencia de las fuerzas del orden pertinente”.
Pese a que la víctima fue entrevistada por la Policía de Cornell en noviembre de 2024, su testimonio fue reducido a un informe de seis páginas -presentado al fiscal de distrito-, donde se omitió su afirmación de que estaba “segura al 100%” de que había sido violada. El fiscal Matthew Van Houten decidió no seguir adelante con la causa, e incluso rechazó una propuesta de la facultad para revisar más evidencias del caso, según documentos obtenidos por el New York Times.
Al reabrirse el caso el pasado septiembre, la fiscal general de Nueva York Letitia James se hizo cargo de la investigación. Por ahora, ningún acusado ha sido inculpado, y todos niegan haber cometido el delito. Además de la cuestión legal, las reformas de Cornell pretenden poner el foco en los excesos de alcohol y drogas, así como las actitudes machistas que derivaron en la violación de Jane Doe. Los agresores habrían consumido alcohol y ketamina el día de la agresión sexual.
La universidad también acelerará la implementación de otros cambios recomendados por un grupo de trabajo sobre agresiones sexuales en el campus (realizado en 2025), entre ellos una campaña de salud pública sobre la violencia sexual y una “capacitación ampliada para estudiantes, líderes y personal de residencias”.
Tras 12 días de audiencias en mayo de 2025, un comité integrado por personal y profesorado de Cornell halló pruebas suficientes de agresión sexual para expulsar a dos de los hombres y suspender a otros dos. Los tres hombres restantes recibieron sanciones más leves, que incluían la obligación de estudiar sobre el acoso sexual, el uso de redes sociales y la intervención de testigos, así como de redactar “trabajos de reflexión”.
Los profesores debatieron este miércoles qué hacer con la directiva de Cornell. La segunda sesión de los docentes universitarios se celebrará el 28 de octubre. Tras esta última sesión, se procederá a la votación.
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