“Dependemos de que ellos cumplan lo que dice un papel”. La frase del médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, resume una realidad que se ha repetido al menos ocho veces este año. Hombres con órdenes de alejamiento o prohibiciones de acercamiento en vigor que terminaron asesinando a las mujeres a las que tenían prohibido acercarse. El último caso ha ocurrido este martes en Figueres, donde el agresor había quebrantado el día antes la medida judicial.
Tulia Ester-13 de abril
El crimen de Figueres no es un caso aislado. En Córdoba, Tulia Ester había denunciado amenazas de muerte apenas dos días antes de ser asesinada. Su exmarido quebrantó la orden de alejamiento, acudió a su vivienda con un martillo y volvió a quedar en libertad. El lunes, apenas una hora antes del juicio rápido previsto por esos hechos, la esperaba en el portal de su casa y la asesinó a machetazos.
Melissa-23 de abril
Algo similar ocurrió en Seseña (Toledo). Melissa había denunciado previamente a su agresor y este fue detenido el 12 de abril por quebrantar la orden de alejamiento que tenía en vigor. Días después volvió a acercarse a ella y la asesinó antes de suicidarse.
María José y Noemí- 17 de febrero
En Xilxes (Castellón), María José y su hija Noemí, de 12 años, estaban incluidas en el sistema VioGén y el agresor tenía prohibido acercarse a ellas hasta 2027. Sin embargo, según denunció la familia, quebrantaba “continuamente” la orden de alejamiento y controlaba todos sus movimientos. Finalmente acabó asesinando a ambas en su vivienda.
Pilar-4 de enero
Pilar, asesinada en Jaén el pasado enero, también estaba registrada en VioGén y su expareja tenía una orden de alejamiento por agresiones previas. Aun así, el hombre la asesinó y posteriormente fue investigado también por quebrantar esa medida judicial.
Victoria- 24 de enero
Otros casos de este año reflejan cómo la existencia de medidas de protección tampoco logró evitar el crimen. Victoria, asesinada en Málaga, estaba en VioGén con riesgo bajo y su expareja tenía prohibido acercarse a ella. La asesinó delante de sus hijos.
María Isabel- 17 de marzo
En Tortosa, María Isabel falleció días después de sufrir una brutal paliza por parte de su pareja. El agresor había sido detenido, pero quedó en libertad provisional con prohibición de acercarse a la víctima. Solo cuando ella murió por las lesiones ingresó en prisión preventiva.
María del Carmen-12 de enero
El caso de María del Carmen, en Badajoz, volvió a evidenciar los límites de estas medidas. Después de propinarle una brutal paliza, el agresor quebrantó la orden de alejamiento y acudió al hospital donde ella permanecía ingresada. Solo entonces ingresó en prisión. La víctima murió días más tarde a consecuencia de las lesiones.
Quebrantar la orden, máximo riesgo
Para Miguel Lorente, el problema de las órdenes de alejamiento no es únicamente que algunos agresores las incumplan, sino que el sistema no interpreta esos quebrantamientos como una señal máxima de riesgo. El médico forense sostiene que muchas veces el agresor rompe la prohibición de acercarse, vuelve a contactar con la víctima o incluso reincide con amenazas y violencia sin que eso implique automáticamente un refuerzo de la protección.
A su juicio, el principal límite de estas medidas es que no impiden físicamente que el agresor se acerque. La protección, explica, necesita mecanismos capaces de detectar el incumplimiento y reaccionar a tiempo: vigilancia policial, dispositivos telemáticos o medidas de control reforzadas que no siempre se activan.
“Si esa persona se salta la norma, tiene que haber tiempo para que la alerta funcione y para que se actúe”, explicó Lorente al analizar los límites reales de estas medidas. Por eso considera que las órdenes de alejamiento con perímetros reducidos o sin sistemas adicionales de control dejan un margen de reacción muy pequeño para evitar la agresión.
“No vale decir que muchos la incumplen y luego no matan”,
El exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género también cuestiona que muchos quebrantamientos terminen siendo tratados como incidentes menores porque no desembocan inmediatamente en una agresión grave. “No vale decir que muchos la incumplen y luego no matan”, advierte. Para Lorente, el quebrantamiento es en sí mismo una evidencia objetiva de escalada de la violencia.
“El quebrantamiento debería significar la entrada directamente en prisión”, sostiene. Sin embargo, actualmente no existe una consecuencia automática ante estos incumplimientos y las decisiones quedan sujetas a valoración judicial caso por caso.
Lorente considera que esa falta de respuesta contundente permite que muchos agresores “prueben” los límites del sistema antes del asesinato. Insiste en que detrás de numerosos feminicidios aparecen previamente amenazas, acercamientos prohibidos, episodios de control o incumplimientos reiterados que no se interpretaron como señales suficientes de peligro extremo.
Hace unos meses, tras una agresión grave ocurrida en Ibiza pese a existir una orden de alejamiento y control telemático, el Ministerio de Igualdad planteó ampliar la distancia mínima de estas medidas hasta, al menos, 350 metros. La propuesta buscaba aumentar el tiempo de reacción de las fuerzas de seguridad ante un posible quebrantamiento.
Lorente consideró entonces que aumentar la distancia podía ser “necesario”, pero insuficiente si no iba acompañado de otras medidas de control y seguimiento. A su juicio, el problema no es únicamente cuántos metros separan al agresor de la víctima, sino que la protección siga dependiendo de detectar el incumplimiento cuando este ya se ha producido.
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