España identificó en 2025 a 771 víctimas de trata o explotación sexual, 15 de ellas menores de edad. La cifra forma parte de un balance más amplio: fueron 1.869 las víctimas detectadas de trata y explotación, sexual o laboral, un 4% más que el año anterior.
El dato aparece en La trata y la explotación sexual en España 2026, el informe que FIET presenta con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora este 23 de septiembre. La entidad reúne cifras oficiales y la experiencia de sus profesionales para dibujar una realidad que sigue siendo difícil de ver: la explotación se oculta cada vez más y la respuesta judicial sigue dejando una distancia entre las causas abiertas y las condenas.
El documento recoge un aumento del 46% en las víctimas de trata sexual y del 6% en las de explotación sexual respecto a 2024. Son las víctimas que han logrado ser identificadas por el sistema; detrás queda una parte del fenómeno que continúa fuera de cualquier estadística.
Más redes, más inspecciones
En 2025 se identificaron 87 organizaciones criminales relacionadas con estos delitos, la cifra más alta de los últimos cinco años. La Policía realizó 1.734 inspecciones en lugares donde se ejerce prostitución, identificó a 7.830 personas en situación de riesgo y practicó 656 detenciones por delitos vinculados con la trata y la explotación sexual.
La explotación ya no se concentra solo en los clubes. El informe alerta de su desplazamiento a pisos privados, viviendas turísticas, hoteles y otros espacios de difícil inspección. También a internet: las redes sociales y otras plataformas se han convertido en herramientas de captación, publicidad y control sobre las mujeres.
Para Loaida Suárez, psicóloga de FIET, no existe un único perfil de víctima. Pero sí hay factores que las redes aprovechan: precariedad económica, violencia previa, falta de apoyo familiar, procesos migratorios, responsabilidades de cuidado o dependencia emocional.
La trata, advierte el informe, no suele comenzar con la violencia que después la sostiene. Antes puede haber una oferta de empleo, una promesa de alojamiento, dinero o una vida más estable. Quien capta puede presentarse como alguien dispuesto a ayudar y, en ocasiones, formar parte del entorno social o familiar de la mujer.
La deuda como mecanismo de control
Después llegan las deudas impuestas, la retirada de documentación, el aislamiento, las amenazas de deportación y el miedo a que algo ocurra a los hijos o a la familia que permanece en el país de origen. La explotación puede terminar convirtiéndose, para muchas mujeres, en la única alternativa que creen posible.
“Hay factores que sí se repiten”, explica Suárez. Entre ellos cita la vulnerabilidad económica y los entornos en los que ha existido violencia o abuso. Pero rechaza hablar de un molde único: “No creo que haya un perfil de mujer víctima”. Las formas de engaño también cambian: desde una mujer que llega sin saber qué le espera hasta aquella a la que le prometen que solo tendrá que permanecer unos meses para reunir dinero.
Abandonar la explotación tampoco significa dejar atrás sus consecuencias. Ansiedad, hipervigilancia, insomnio, pesadillas, dificultades para regular las emociones y una profunda desconfianza hacia quienes intentan ayudar son algunas de las secuelas más frecuentes.
“Hay personas que al primer día quieren hablar con la psicóloga, que necesitan hablar y contar lo que les pasa. Pero hay otras personas que tardan más en abrirse y es normal”, explica Suárez. “Llegan a un sitio nuevo, ha habido personas que las han traicionado y todavía les cuesta confiar”.
Muchos procedimientos, pocas condenas
La brecha judicial es uno de los datos más llamativos de la radiografía. En 2025 se abrieron 181 procedimientos por trata de seres humanos y 110 por explotación sexual. Sin embargo, el informe recoge 14 sentencias condenatorias por trata, cuatro condenas por otros delitos y siete absoluciones. Además, estima que alrededor de la mitad de las personas acusadas por explotación sexual resulta absuelta.
El 73% de las investigaciones de trata correspondió a explotación sexual. Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña concentraron el mayor número de procedimientos. El 100% de las víctimas de esos procedimientos fueron mujeres, según los datos recogidos en el informe.
FIET advierte de que las garantías legales no siempre se traducen en protección real. Para las víctimas extranjeras, más del 90% de los mecanismos de protección administrativa y jurídica se activan, en la práctica, a través de la denuncia. Denunciar implica señalar a una organización criminal, exponerse a posibles represalias y, en muchos casos, temer por familiares que siguen fuera de España.
A ello se suma la lentitud de los procesos: un procedimiento penal por trata puede prolongarse entre cuatro y cinco años. Durante ese tiempo, las mujeres pueden verse obligadas a relatar una y otra vez lo vivido en denuncias, declaraciones, pruebas preconstituidas y juicios. El informe alerta de que esa repetición puede convertirse en una nueva forma de revictimización.
“Lo primero es sentirse segura”
La psicóloga de FIET insiste en que la recuperación no puede seguir el calendario de una institución. “Trabajamos mucho el vínculo de confianza con las mujeres, pero al ritmo que ellas marquen también”, explica Suárez. “Lo primero es que la mujer se sienta segura y que sepa que somos personas en las que puede confiar”.
Ese proceso incluye atención psicológica, asesoramiento jurídico, recursos residenciales, regularización administrativa, formación y acceso al empleo. Pero también volver a tener horarios, dormir, administrar dinero, recuperar vínculos o poder hacer planes.
Identificar más redes y más víctimas no basta si la protección sigue dependiendo de que una mujer traumatizada denuncie primero frente a una estructura que la ha aislado, amenazado y convencido de que no tiene salida.
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