“Estamos hartas. La sociedad está dormida, a nadie le importa”. Las madres protectoras han elegido este sábado la puerta del Consejo General del Poder Judicial, en la calle Marqués de la Ensenada de Madrid, para decir “basta”. No señalan al Gobierno ni reclaman una ayuda concreta. Dirigen su protesta a la Justicia y a las decisiones que, denuncian, pueden acabar separándolas de sus hijos después de haber alertado de violencia machista o de posibles abusos sexuales.
Su lema resume el lugar desde el que hablan: “Cuando la Justicia falla en proteger, el daño cambia de escenario”. Son mujeres que acudieron a médicos, especialistas, puntos de encuentro familiar y juzgados porque vieron algo que les alarmaba en sus hijos. Algunas han visto cómo el miedo de los niños, su rechazo a las visitas o su angustia dejan de interpretarse como una señal que investigar y pasan a ser considerados una consecuencia de su propia influencia.
La Justicia, en el centro
No es casual que la concentración sea ante el órgano de gobierno de los jueces. Las asociaciones convocantes denuncian una forma de violencia institucional que, aseguran, se produce cuando las decisiones judiciales minimizan el riesgo, no escuchan suficientemente a los niños y niñas o revictimizan a quienes acuden a los tribunales en busca de protección.
No cuestionan la necesidad de investigar ni piden que una denuncia se convierta automáticamente en una condena. Reclaman que los indicios se valoren antes de tomar una decisión que puede cambiar por completo la vida de un menor.
Porque el recorrido que describen se repite, según denuncian, en demasiados expedientes. Primero, una madre detecta verbalizaciones, lesiones, cambios de conducta o miedo en su hijo. Después, busca ayuda. Puede haber consultas médicas, informes, llamadas a recursos especializados o una denuncia. Pero, con el paso del procedimiento, la pregunta sobre qué le sucede al niño puede quedar desplazada por otra: hasta qué punto su madre ha provocado ese rechazo hacia el padre.
Es entonces cuando aparecen expresiones como “manipulación”, “interferencias parentales”, “conflicto de lealtades” o “conducta poco facilitadora”. Etiquetas que, advierten las madres, pueden acabar pesando más que el miedo expresado por los menores.
De denunciar a ser sospechosa
El caso de Sonia y Lorena, nombres ficticios, ilustra ese tránsito. Sonia denunció posibles abusos sexuales después de que su hija hiciera verbalizaciones que la alarmaron. Una pediatra recomendó que la niña no permaneciera a solas con su padre mientras se esclarecían los hechos y el Centro de Intervención en Abuso Sexual Infantil apreció sintomatología compatible con un posible abuso y aconsejó visitas supervisadas.
Durante un tiempo, los juzgados también limitaron los contactos a un Punto de Encuentro Familiar. Pero el rechazo de Lorena hacia su padre terminó siendo leído como el resultado de la influencia de su madre. En febrero, el juzgado retiró la custodia a Sonia y se la concedió en exclusiva al padre. Hoy, la madre solo puede ver a su hija bajo supervisión.
No es un relato aislado para quienes se concentrarán este sábado. Las madres protectoras denuncian que la protección puede invertirse: la mujer que alerta pasa a ser considerada el problema y el padre sobre el que recayeron las denuncias recupera o amplía su presencia en la vida del menor.
La consecuencia no es solo jurídica. Es también emocional. Madres que viven con la culpa de entregar a sus hijos a alguien a quien temen; niños que, según relatan, no entienden por qué no se escucha lo que dicen; familias enteras atrapadas en procesos que pueden durar años.
“La independencia judicial debe ir acompañada de responsabilidad”
Las asociaciones convocantes subrayan que no cuestionan la independencia judicial, uno de los pilares del Estado de Derecho. Pero sostienen que “la independencia judicial debe ir acompañada de responsabilidad” y que la protección de mujeres e infancia no puede depender “del azar, de prejuicios o de interpretaciones estereotipadas”.
Por eso, sus demandas van dirigidas a quienes intervienen en estos procedimientos: jueces, fiscales, equipos psicosociales y profesionales de los puntos de encuentro. Reclaman formación especializada en violencia machista, violencia vicaria, violencia sexual e infancia; evaluaciones de riesgo rigurosas antes de cambiar una custodia; escucha efectiva de niños y niñas; y resoluciones motivadas que expliquen cómo se han valorado los indicios.
También piden que no se sigan empleando, bajo nuevos nombres, teorías que trasladan automáticamente a la madre la responsabilidad del rechazo de un menor hacia su padre. El Síndrome de Alienación Parental está prohibido, pero las madres advierten de que su lógica puede reaparecer bajo conceptos como “interferencias”, “instrumentalización” o “conflicto de lealtades”.
Este sábado no estarán ante el CGPJ para pedir que se las crea sin más. Piden que se investigue antes de decidir que la madre es el problema. Que se escuche a los niños antes de separarles de quien ha tratado de protegerlos.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.