El alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas, ha declarado dos días de luto oficial en el concejo tras el asesinato este miércoles de Laura, vecina del municipio y agente de la Guardia Civil, en el cuartel de la localidad a manos de su expareja, también miembro del Cuerpo. Durante este jueves y viernes, las banderas de los edificios públicos del concejo ondearán a media asta. Esta tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar una concentración de condena y rechazo ante el Consistorio.
Un teniente que acudió en su auxilio de Laura resultó herido en una pierna. El agresor fue tiroteado por otros compañeros cuando intentaba salir del acuartelamiento y, según la información trasladada por la periodista Bea Osa, finalmente también falleció.
El caso vuelve a poner el foco sobre una situación especialmente delicada: qué ocurre cuando el agresor conoce desde dentro el funcionamiento del cuerpo encargado de proteger a las víctimas. Pero también sobre qué medidas se adoptan cuando existen antecedentes de violencia de género y el denunciado tiene acceso a armas.
Una víctima dentro de VioGén
La mujer asesinada, de alrededor de 50 años, figuraba en el sistema VioGén y tenía tres hijos con el agresor: uno de 18 años y dos gemelas de 14. Según la información aportada por la periodista Bea Osa, el ataque se produjo sobre las 13.30 horas, cuando el agente entró en el cuartel y abrió fuego contra su expareja, que murió tiroteada.
Un teniente que acudió en su auxilio recibió un disparo en una pierna, aunque no corre peligro, mientras que el agresor fue tiroteado por otros agentes cuando intentaba abandonar las instalaciones y posteriormente falleció.
Según la información recopilada, al hombre se le había comunicado días antes la “separación de servicio y retirada del arma reglamentaria” por una falta muy grave tras un expediente relacionado con VioGén abierto en 2025. Sin embargo, el arma empleada en el crimen no era la suya: habría sustraído el arma reglamentaria de otro compañero, aunque todavía no se ha determinado si fue de la taquilla de un agente destinado en Zamora.
Además, no accedió al cuartel por la entrada principal, sino por una puerta trasera que conocía perfectamente por haber estado destinado allí.
Son detalles que abren una pregunta inevitable sobre los mecanismos de protección cuando el agresor pertenece a un cuerpo armado y conoce las instalaciones, los procedimientos y las rutinas de sus compañeros.
Para Carmen Benito, presidenta de MUM Mujeres Unidas contra el Maltrato, el miedo que ya acompaña a cualquier víctima puede multiplicarse en estos casos. “Ya de por sí, una mujer que vive en una situación de maltrato siente miedo”, explica. Pero si su pareja o agresor “es policía y tiene acceso a armas”, considera que la situación se vuelve todavía más delicada.
El caso plantea así una cuestión que va más allá de la actuación concreta de un agente: cómo anticiparse a un agresor que conoce el entorno policial y que, incluso después de que se le retire su arma reglamentaria, puede tener acceso a otra.
Benito considera que la retirada del arma debe ser una de las primeras medidas cuando existen circunstancias que puedan poner en riesgo a una víctima. Sostiene que, aunque este caso demuestra que la medida por sí sola tampoco garantiza la seguridad si el agresor puede acceder a otro arma.
No se trata de señalar a todos los agentes
El caso también obliga a hacer una distinción importante. Que un agresor pertenezca a la Guardia Civil no significa que el colectivo constituya un riesgo. El problema, en estos casos, es qué ocurre cuando una persona que ejerce violencia tiene además acceso a recursos, conocimientos o instalaciones que pueden facilitar una agresión.
La cuestión no es, por tanto, criminalizar a policías o guardias civiles, sino determinar si deben existir protocolos específicos cuando un agente está implicado en un procedimiento de violencia de género. Para Benito, el problema se encuentra en cómo se prioriza la protección. “Muchas veces se tiene más en cuenta al maltratador que a la posible víctima”, denuncia.
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