Este miércoles, mientras España digería las noticias de los últimos feminicidios, se cumplían cuatro años de la creación de los llamados comités de crisis. Una sucesión de crímenes durante el verano de 2022 llevó al Ministerio de Igualdad, entonces dirigido por Irene Montero, a poner en marcha este mecanismo para analizar en profundidad qué había fallado en cada uno de los asesinatos machistas, detectar posibles deficiencias institucionales y extraer lecciones que permitieran mejorar la prevención y la protección de las víctimas.
Cuatro años después, el Ministerio de Igualdad volverá a convocar uno de estos comités el próximo 28 de julio. La reunión llega tras los últimos crímenes machistas y en un momento en el que este mecanismo afronta una nueva etapa. Si hasta ahora su función había sido analizar qué falló en cada caso y formular recomendaciones para evitar que esos errores se repitieran, desde este año también incorpora un sistema de seguimiento y control para comprobar qué ocurre con esas propuestas.
El primer examen
Según fuentes del Ministerio de Igualdad, en septiembre se realizará por primera vez una revisión oficial de ese sistema de seguimiento y se comprobará si se están implementando las propuestas diseñadas por el comité de crisis. El mecanismo recoge las 56 recomendaciones surgidas de estas reuniones, agrupadas en nueve categorías, y permitirá comprobar cómo se están implementando las medidas planteadas, cuáles siguen pendientes y qué grado de cumplimiento tienen. Igualdad ha previsto revisiones semestrales para evaluar su aplicación, con septiembre como primera revisión.
Además, este año la Conferencia Sectorial de Igualdad acordó ampliar el funcionamiento de los comités de crisis para que puedan analizar todos los asesinatos machistas, haya o no un repunte de casos. Hasta ahora, la convocatoria dependía de que se produjera un determinado número de asesinatos en un periodo concreto, por lo que los casos que no coincidían con ese contexto podían no ser incluidos en estos análisis.
Desde su creación en 2022, los comités de crisis han analizado decenas de feminicidios íntimos y han planteado medidas dirigidas a mejorar la respuesta institucional frente a la violencia machista. Pero ¿qué ocurre realmente en estas reuniones? ¿Quién participa?
¿Qué ocurre en un comité de crisis?
Los comités de crisis reúnen a las administraciones que intervinieron en cada caso para revisar qué ocurrió antes del asesinato machista y detectar posibles fallos en la respuesta institucional. En ellos participan, entre otros, representantes de Igualdad, Sanidad, Interior, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las comunidades autónomas.
El análisis revisa si existían denuncias, qué medidas de protección tenía la víctima, cómo actuaron las distintas instituciones y si hubo señales de riesgo que pasaron desapercibidas. A partir de ese estudio se elaboran recomendaciones para mejorar la prevención y la protección de las mujeres.
¿Qué ha cambiado después de los análisis?
Durante estos cuatro años, los comités han permitido identificar fallos en la respuesta institucional y plantear medidas de mejora, pero hasta ahora no existía una evaluación posterior que permitiera saber qué recorrido habían tenido esas propuestas. La revisión que Igualdad realizará en septiembre será la primera oportunidad para comprobar qué cambios se han aplicado.
Factores de riesgo
Uno de los principales ámbitos de trabajo durante estos cuatro años ha sido mejorar la identificación de los factores que pueden anticipar un asesinato machista. El análisis de los casos ha ayudado a detectar indicadores de riesgo que se repiten, como el momento de la ruptura, las amenazas graves o de muerte, los quebrantamientos de órdenes de protección, los antecedentes de violencia del agresor, el consumo abusivo de alcohol o drogas, los intentos previos de estrangulamiento, la violencia durante el embarazo, la violencia ejercida a través de medios digitales o las amenazas contra hijos e hijas como forma de control sobre la víctima.
Los comités también pusieron el foco en situaciones de especial vulnerabilidad —como la discapacidad, los problemas de salud mental, el aislamiento social, la residencia en entornos rurales o las barreras idiomáticas y administrativas— y recomendaron reforzar la detección de los casos sin denuncia previa.
Sin embargo, la identificación de esos factores de riesgo no ha evitado que muchos de ellos sigan repitiéndose. La cuestión, por tanto, ya no es solo detectar mejor el riesgo, sino comprobar si esa información se traduce en una protección efectiva o si persisten los fallos en la respuesta institucional.
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