El Ministerio de Igualdad ha hecho públicas las principales conclusiones del Comité de crisis que se celebró el pasado martes. No se trataba solo de revisar los casos, sino de entender qué falló antes de que ocurrieran.
El análisis —centrado especialmente en los crímenes de febrero, en los que fueron asesinadas cinco mujeres y dos menores— no dibuja un perfil único, pero sí una constante: cuando la violencia se detecta, suele ser demasiado tarde.
Adicciones y vulnerabilidad económica
En varios de los casos analizados aparecen problemas de adicciones tanto en víctimas como en agresores, junto a situaciones de precariedad económica o desempleo. Estos factores, lejos de ser aislados, se combinan y agravan la vulnerabilidad de las víctimas, dificultando la detección y la intervención.
Salud mental e intentos autolíticos
El comité identifica también la presencia de problemas de salud mental y, en algunos casos, intentos autolíticos de las víctimas. Estas situaciones requieren una detección específica desde el sistema sanitario, que no siempre se produce.
Plurivictimización y agresores reincidentes
Algunos de los casos presentan una especial complejidad: mujeres que habían sufrido violencia previa o que habían tenido más de un agresor, así como agresores reincidentes. Se trata de contextos de alto riesgo en los que las medidas de protección no siempre resultan suficientes.
Violencia que no se reconoce
Uno de los elementos más repetidos es la falta de identificación de la violencia. Ni la víctima ni su entorno reconocen en muchos casos que están ante una situación de violencia de género, especialmente cuando se trata de violencia psicológica. Esta falta de conciencia del riesgo retrasa la activación de los mecanismos de protección y dificulta cualquier intervención temprana.
Ruralidad, aislamiento y falta de red
El informe señala la ruralidad como un posible factor de riesgo, junto al aislamiento social y la falta de red de apoyo, especialmente en mujeres migrantes. También aparecen como factores de vulnerabilidad la discapacidad o la presencia de menores a cargo. En estos contextos, el acceso a recursos es más limitado y la capacidad de pedir ayuda se reduce.
Fallos en la coordinación institucional
Más allá de los factores individuales, el comité apunta a problemas en la respuesta institucional. La información existe, pero no siempre circula de forma eficaz entre el sistema judicial, policial y asistencial, lo que impide actuar a tiempo.
Medidas: más control y detección
Entre las propuestas planteadas destaca la mejora de la coordinación entre sistemas y el refuerzo del intercambio de información. También se propone ampliar el uso de dispositivos telemáticos para controlar a los agresores, especialmente en casos de reincidencia o alta complejidad.
El comité insiste además en reforzar la detección desde el sistema sanitario, incluyendo la posibilidad de establecer alertas en casos de intentos autolíticos.
En el ámbito judicial, se plantea continuar las investigaciones aunque la víctima no denuncie o decida no colaborar, así como reforzar las valoraciones forenses del riesgo, especialmente cuando hay menores implicados.
Anticiparse al riesgo
Las conclusiones del comité apuntan a una misma idea: las señales estaban ahí, pero no siempre se interpretaron a tiempo.
No existen perfiles únicos de víctimas ni de agresores. Lo que hay son factores de riesgo que se acumulan y que, sin una detección precoz y una respuesta coordinada, pueden desembocar en los peores desenlaces.