La proposición de ley impulsada por el Grupo Popular en el Congreso para reconocer como profesión de riesgo a Guardia Civil y Policía Nacional ha vuelto a quedar congelada. La Mesa del Congreso aprobó ayer, en una ronda adelantada, la prórroga número 71 del plazo de enmiendas, según confirman a Artículo 14 fuentes parlamentarias. La ampliación, solicitada por el PSOE, salió adelante con los votos de los socialistas y Sumar (5 frente a 4), pese a que hace apenas quince días el Tribunal Constitucional otorgó amparo al PP por un caso idéntico en la legislatura anterior.
Las mismas fuentes subrayan que la sentencia del Constitucional fue “muy contundente” y que el tribunal reprochó entonces 70 ampliaciones consecutivas, exactamente las mismas que acumula ahora esta iniciativa. Aunque el fallo no fijó un límite numérico, sí exigió que las prórrogas estuvieran motivadas. “A nuestro juicio, esa sentencia supone doctrina. Ellos no lo ven así”, lamentan desde el Grupo Popular.
Ronda adelantada
La reunión formal de la Mesa está prevista para este miércoles, pero la ampliación se aprobó ya ayer en una ronda telemática. La ausencia de algunos miembros por un viaje oficial a Polonia “no afecta a la actuación de la Mesa”, apuntan las mismas fuentes. Tras la reunión de la mesa, la prórroga, según fuentes populares presentes en la mesa, es “indefinida”.
La muerte de dos guardias civiles mientras perseguían una narcholancha en Huelva no cambió el sentido del voto de la diputada gaditana de Sumar que, junto a su compañero Gerardo Pisarello votaron una vez más alineados con el PSOE, lo que garantiza la mayoría progresista en cada prórroga.
Desde el PP denuncian que la aplicación de la sentencia del Constitucional está siendo “sesgada”: “Siguen ampliando las del Senado y las del grupo popular, y dejan avanzar las que interesan al PSOE”. Por ello reclaman un calendario de vencimiento que la Mesa no facilita pues no les dan previsiones a pesar de que lo están exigiendo.
Debate abierto
La nueva prórroga llega en plena contradicción institucional. Mientras la iniciativa legislativa permanece paralizada, el Ministerio del Interior ha calendarizado con las asociaciones mayoritarias de la Guardia Civil y a los sindicatos policiales una mesa de trabajo para avanzar en el reconocimiento de la profesión de riesgo y que tendrá lugar, previsiblemente, el próximo 21 de mayo.
Mientras desde el Gobierno sostiene que los agentes “ya están reconocidos” como profesión de riesgo en un real decreto genérico y que lo que se discute es su inclusión en el sistema de coeficientes reductores de jubilación. Las asociaciones lo niegan: aseguran que no existe tal reconocimiento y que han sido ellas quienes han forzado al Gobierno a sentarse.
El debate se ha intensificado tras la muerte de dos guardias civiles -Germán Pérez González y el capitán Jerónimo Jiménez Molero- y las asociaciones advierten de manera reiterada que la peligrosidad del trabajo es evidente.
Mientras tanto, los cuerpos autonómicos y locales sí disfrutan ya de coeficientes reductores: policías locales, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral. Guardia Civil y Policía Nacional quedaron fuera del acuerdo de 2022.